Este 10 de Diciembre, la comunidad global celebra el día mundial de los derechos humanos en conmemoración de los 68 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es un día para reflexionar sobre los avances y retrocesos que ha venido experimentando el mundo en la búsqueda por alcanzar una sociedad cada vez más digna, libre, igualitaria y fundamentalmente justa. Amnistía Internacional-Sección Paraguay, ofrece en este documento algunas reflexiones críticas sobre lo que hemos logrado como país y los caminos que aún nos faltan recorrer en tanto comunidad política para asegurar que cada uno de nuestros ciudadanos y comunidades alcancen la plena satisfacción de aquellos derechos fundamentales sin los cuales no podría garantizarse una vida de bienestar y respeto mutuo.
LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY
La República del Paraguay sigue con grandes deudas para el cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos. Los Pueblos Indígenas siguieron sin ser oídos ante sus reclamos por recuperar sus tierras ancestrales a pesar de contar con sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; más de 35 mujeres fueron asesinadas como consecuencia de la violencia de género; no se avanzó en la aprobación de legislación para combatir la discriminación, pese a que un nuevo proyecto de ley fue presentado en noviembre del año 2015; la lucha campesina siguió siendo criminalizada a través de desalojos forzosos y de procesos judiciales que han sido puestos bajo escrutinio ante preocupaciones por la falta de investigación exhaustiva, imparciales e independientes.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Paraguay es el único país que ha sido sentenciado en tres ocasiones por la Corte IDH por la violación colectiva a los derechos de pueblos indígenas. A pesar de algunos avances, el Estado paraguayo aún no da cumplimiento en su totalidad a estas sentencias y se siguió negando a los Pueblos Indígenas el acceso a sus tierras ancestrales, la protección de las mismas y de sus bosques.
En lo que se refiere a las sentencias de la Corte IDH, la comunidad indígena Yakye Axa aún necesita trasladarse a sus tierras. Pese a contar con el aseguramiento de las mismas ya en 2012, recién en el segundo semestre de este año se ha dado inicio a la construcción del camino, todavía sin culminar.
En el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, si bien existe una ley que les restituye sus tierras ancestrales ya desde el año 2014, aún está pendiente el traspaso del título a dicha comunidad.
Con respecto a la comunidad indígena Xámok Kásek, se han reportado avances en la compra de sus tierras, este mes de diciembre se abonará la última cuota del pago por las mismas, para posteriormente tramitarse la titulación de la propiedad a favor de la comunidad.
En los tres casos faltaría que el Estado paraguayo entregue los fondos de desarrollo también estipulados en dichas sentencias.
Por otra parte, en febrero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de los Pueblos Indígenas Ayoreo Totobiegosode. No obstante, siguen pendientes la protección de sus territorios ancestrales y de sus bosques: a pesar de las medidas cautelares, aún no se ha frenado de manera definitiva la deforestación y la presencia de terceros en dichos territorios.
La Comunidad Sauce de los Pueblos Avá Guaraní, luego de un violento desalojo ocurrido en setiembre pasado, ha sido afectada por serios problemas de salud pública como resultado de la falta de acceso al agua potable y víveres y alimentos frescos.
IMPUNIDAD Y SISTEMA DE JUSTICIA
A mediados del mes de Julio fueron condenados 11 campesinos y campesinas por el caso Curuguaty, a pesar de que el Ministerio Público no haya podido demostrar la actuación individual de las personas condenadas en la muerte de los policías. Las condenas van de cuatro a treinta años de prisión, en todos los casos por los hechos punibles de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
Hasta el momento no se acusó a nadie por la muerte de los 11 campesinos que también perdieron la vida durante los sucesos en Curuguaty, lo que suscita dudas sobre la imparcialidad, independencia y exhaustividad de la investigación.
En el mes de julio, y luego de varios reclamos de los familiares y víctimas del Caso Curuguaty, el Ministerio Público abrió una investigación por la muerte de los campesinos y sobre otras violaciones de derechos humanos ocurridos en el suceso.
Asimismo, en respuesta a las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), el Congreso Nacional conformó una Comisión Independiente que investigará los hechos ocurridos en la masacre.
DESALOJOS FORZOSOS
La disputa por la tierra siguió siendo una realidad no resuelta por el Estado paraguayo, donde los principales afectados siguieron siendo los campesinos, campesinas, y los Pueblos Indígenas.
En este sentido, el 15 de septiembre pasado, unas 200 familias campesinas fueron desalojadas con un violento operativo policial en la Colonia de Guahory. La colonia Guahory está ubicada en el distrito de Tembiaporã, departamento de Caaguazú, aproximadamente a 270 kilómetros de Asunción.
Durante el mismo mes, el 30 de septiembre pasado, la Comunidad Sauce de los Pueblos Avá Guaraní, ubicada en el Departamento de Alto Paraná, fue violentamente desalojada de sus tierras. La comunidad sigue aguardando una resolución, mientras padece de la falta de acceso a servicios básicos y de problemas de salud pública.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Continúan las investigaciones sobre las denuncias de tortura a campesinos durante los sucesos ocurridos en el distrito de Curuguaty en el 2012. La defensa denunció los retrasos y la falta de medidas por parte de la fiscalía para investigar lo sucedido.
DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS
En lo que va del año, más de 35 mujeres han sido asesinadas como consecuencia de la violencia de género. Luego de varios meses de debate el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley denominado “De Protección Integral a las mujeres contra toda forma de violencia”.
Si bien se suprimió la palabra género, que conceptualiza la histórica asimetría en el goce de derechos entre hombres y mujeres, se ha logrado la prohibición de la conciliación; se incluyeron medidas de protección; y se incorporó el tipo penal autónomo de “feminicidio”. El proyecto de Ley fue aprobado por ambas cámaras el 17 de noviembre y el de 6 de diciembre respectivamente, y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Contactos con María José Garcete, Gerente de Acción de Amnistía Internacional Paraguay, a los teléfonos 604 – 822 / 663 – 272 o al correo electrónico: mariajose_garcete@py.amnesty.org
