Los homicidios de al menos seis manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad gubernamentales en la capital de Yemen, Saná, deben ser investigados con prontitud e imparcialidad, ha afirmado Amnistía Internacional.
“La muerte por disparos de manifestantes pacíficos en las calles de la capital ha agudizado el temor a que el enfrentamiento actual allí sufra una escalada y se convierta en un conflicto armado propiamente dicho”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Es imprescindible que las autoridades respeten el derecho de protesta pacífica, se abstengan de usar fuerza excesiva para disolver manifestaciones y garanticen que toda persona responsable de homicidios ilegítimos es detenida y juzgada con las debidas garantías.”
Según testigos presenciales, al menos seis personas murieron por disparos y más de 50 resultaron heridas en Saná cuando las unidades del ejército que custodiaban la sede del Consejo de Ministros abrieron fuego repentinamente contra un grupo de manifestantes que avanzaba hacia el edificio.
Uno de los manifestantes describió así el ataque de las fuerzas yemeníes con ametralladoras y otra clase de armas:
“No emitieron ningún aviso, empezaron a disparar directamente contra nosotros usando armamento pesado”, contó a Amnistía Internacional.
A continuación intervino la policía antidisturbios, usando cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Miembros de las fuerzas armadas persiguieron a los manifestantes en su huida y empezaron a detener a los que se habían refugiado en edificios próximos e incluso en sus domicilios particulares.
Testigos presenciales contaron además que el ejército está efectuando registros en los hospitales donde fueron ingresados los heridos y deteniendo a toda persona sospechosa de participar en las protestas.
“En vez de centrar sus energías en reprimir manifestaciones, las autoridades yemeníes deberían dedicar tiempo y esfuerzo a garantizar que los huzis (seguidores del clérigo chií Al Huthi) y otros pueden protestar pacíficamente –ha afirmado Said Boumedouha–. Todo el que haya sido recluido simplemente por participar en manifestaciones pacíficas debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.”
Los últimos episodios violentos en Saná han suscitado el temor a que el conflicto armado entre ambos bandos en el norte del país se extienda a la capital. Ambos bandos han sido acusados de cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario durante los combates, como llevar a cabo bombardeos indiscriminados y destruir bienes civiles privados y públicos, incluidas escuelas.
Existe desde hace varios años un conflicto armado intermitente en el norte del país entre los huzis y las fuerzas del gobierno apoyadas por tribus y milicias progubernamentales. El último periodo de enfrentamiento armado, que comenzó a mediados de 2013, ya se había extendido desde la gobernación de Sada hacia el sur, a las gobernaciones de Amran, Hajja y Jawf, a principios de 2014.
A mediados de agosto, la dirección de los huzis convocó sentadas pacíficas en Saná para reclamar la dimisión del gobierno y la rectificación de la medida gubernamental de suprimir las subvenciones para combustible, entre otras reivindicaciones políticas. A principios de septiembre, las autoridades anunciaron un conjunto de medidas para abordar las demandas de los huzis, pero el grupo de oposición las rechazó por considerarlas insuficientes e hizo un llamamiento a intensificar la protesta pacífica organizando manifestaciones.
El 29 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU instó a los huzis a “retirar sus fuerzas de Amran, devolver el control de la ciudad al gobierno yemení, suspender toda acción armada contra el gobierno en Al Jawf y levantar los campamentos y puestos de control que han establecido dentro de Saná y sus inmediaciones.”
