Declaración pública
29 de enero de 2014
Después de casi diez años de espera, más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente en la década de los 90s ven ahora su derecho a la justicia negado, tras la decisión de la Fiscalía penal Supra provincial de Lima el pasado 22 de enero de presentar denuncia formal en tan sólo uno de estos casos. Ya estas 2.000 víctimas incluidas en la investigación fiscal representan sólo una pequeña parte de las más de 200,000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas durante esos años, en su gran mayoría sin que hubieran dado el debido consentimiento. Con esta decisión se reafirma que los derechos de las mujeres indígenas y campesinas siguen sin ser protegidos y se refuerza la discriminación que han sufrido durante cientos de años.
La fiscalía ha decidido proseguir únicamente con una denuncia contra el personal médico implicado en la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez a consecuencia de una esterilización forzada en 1998. Ni siquiera en este caso emblemático se ha acusado a quienes habrían ideado, promovido o permitido esta nefasta práctica que afectó principalmente a mujeres indígenas y campesinas en situación de vulnerabilidad.
Es una tragedia que miles de indígenas y campesinas que acudieron a los servicios de salud fueran esterilizadas sin haber sido informadas o bajo fuertes presiones. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se implementó un programa de planificación familiar que habría formado parte de una política de control demográfico orientada a los sectores más pobres. El personal médico habría estado presionado a cumplir con cierto número de esterilizaciones y muchas de estas mujeres y sus familiares fueron amenazados con multas, prisión o con el retiro del apoyo alimentario del Estado si no se sometían a estas operaciones. Además, muchas no habrían recibido el cuidado post operatorio necesario y sufrieron como consecuencia problemas de salud y 18 de ellas perdieron la vida.
Es lamentable que con esta deplorable decisión se hayan cerrado más las posibilidades de justicia para estas mujeres y para la sociedad peruana en su conjunto . Ya en 2002 una Comisión del Congreso de la República estableció que se realizaron esterilizaciones “sin el consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, presión o a cambio de algún incentivo alimentario y/o económico”. Además determinó que hubo injerencia del Ejecutivo para la aplicación compulsiva de esterilizaciones. En base a estas conclusiones se decidieron formular denuncias penales contra varios miembros del ejecutivo, incluido el entonces Presidente, los entonces ministros y viceministro de salud y varios asesores del ministerio de salud.
La investigación fiscal sobre el uso de esterilizaciones forzadas comenzó en 2004 y fue inicialmente archivada en 2009. En octubre de 2011 fue reabierta de nuevo, pero las organizaciones que representan a las víctimas manifestaron en varias ocasiones sus preocupaciones sobre la inacción y la falta de recursos destinados a esclarecer los hechos y depurar todas las responsabilidades.
Para Amnistía Internacional es lamentable ver que después de tan larga espera, la fiscalía haya tomado la decisión de acusar formalmente al personal médico que habría estado implicado en sólo uno de los casos, sin esclarecer todas las responsabilidades y a todos los niveles, no sólo en éste, sino en los más de 2.000 casos que estaban siendo investigados.
En 2003 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación determinó que las personas más afectadas por los abusos de derechos humanos fueron aquellos que pertenecían a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres indígenas y campesinas; y concluyó que sólo cuando se garantice los derechos de todos y todas en el Perú, sin discriminación, se podrá abrir el camino hacia un país donde los horrores del pasado no puedan ser repetidos.
Es urgente que las autoridades del Perú revisen esta aberrante decisión y cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como que se garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas estas mujeres y sus familiares. El Estado debe asimismo mandar una señal clara de que esta discriminación contra mujeres indígenas y campesinas es totalmente inaceptable.
