Pakistán: La condena por blasfemia contra TV privada tendrá un efecto negativo.

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La condena de cárcel por blasfemia dictada hoy por un tribunal de Pakistán contra cuatro personas, incluidos el propietario de una importante emisora privada de TV y una de sus más destacadas actrices, tendrá un efecto negativo sobre la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, al tiempo que señalaba la honda preocupación por la falta de garantías del juicio.

Un tribunal antiterrorista ha condenado hoy in absentia a Mir Shakil-ur-Rahman, propietario de Geo TV y del grupo al que la emisora pertenece, Jang Media Group, a la actriz Veena Malik, al esposo de ésta, Asad Bashir, y la presentadora de televisión Shaista Wahidi a 26 años de prisión cada uno por emitir un programa “despreciativo”. Geo TV mantiene una relación tensa con las autoridades paquistaníes, y este mismo año sufrió un corte temporal de sus emisiones tras la acusación de blasfemia.

“Esta condena tendrá un efecto negativo sobre la libertad de expresión en Pakistán. Resulta escalofriante que pueda enviarse a alguien a prisión durante décadas por un programa de televisión. La sentencia de hoy demuestra que las leyes de blasfemia de Pakistán, con todas sus deficiencias, se han convertido en una herramienta más para silenciar a los medios de comunicación”, ha manifestado David Griffiths, director adjunto del

Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“También existe honda preocupación por la falta de garantías de este juicio, ya que los acusados han sido condenados in absentia, sin tener ninguna oportunidad de responder a los cargos ante el tribunal.”

El tribunal antiterrorista también impuso a los cuatro condenados una multa de 1,3 millones de rupias paquistaníes (12.800 dólares estadounidenses) cada uno.

Los cargos de blasfemia se refieren a un programa emitido por Geo TV en mayo de este año, en el que Malik y Bashir repitieron su ceremonia nupcial con un qawwali (música religiosa que se utiliza para recitar la vida y las enseñanzas del Profeta) relativo al matrimonio de Fatima

Zahra, hija del Profeta Mahoma, con su primo Ali.

Mir Shakil-ur-Rahman reside fuera de Pakistán, mientras que Malik y Bashir huyeron del país tras recibir amenazas de muerte cuando se formularon contra ellos las primeras acusaciones de blasfemia. Malik dijo a Amnistía Internacional que teme por su vida si regresa a Pakistán.

Las leyes de blasfemia de Pakistán violan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional insta al gobierno a reformarlas urgentemente para proporcionar una salvaguarda efectiva contra su abuso, con vistas a su derogación final.

“Aunque las leyes de blasfemia se utilizan de manera desproporcionada contra las minorías religiosas, la condena de hoy subraya el hecho de que en Pakistán nadie está a salvo de ellas”, ha manifestado David Griffiths.

“Las amenazas de muerte contra Veena Malik y Asad Bashir muestran que una mera acusación de blasfemia puede dar lugar a una amenaza de violencia. Las autoridades deben hacer más para proteger a quienes corren peligro de violencia, en lugar de avivar el fuego utilizando las leyes de blasfemia para saldar cuentas políticas.”

Geo TV mantiene un pulso con las autoridades de Pakistán desde que su principal presentador, Hamid Mir, acusó en abril de este año a los Servicios de Inteligencia paquistaníes de estar detrás de un atentado contra su vida.

El 6 de junio de este año, la Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos, órgano gubernamental de Pakistán, suspendió durante 15 días la licencia de emisión de Geo TV por la acusación de blasfemia. La Autoridad Reguladora impuso el 20 de octubre una prohibición similar a otra emisora privada de TV, ARY TV, por “calumniar” al poder judicial del país.

“Las autoridades de Pakistán deben poner fin a sus intentos de acosar a las voces críticas de los medios de comunicación con el fin de silenciarlas. En lugar de intentar controlar a los medios de comunicación y los periodistas, las autoridades deben hacer más por protegerlos para que puedan llevar a cabo su trabajo libremente y sin intimidación ni acoso”, ha manifestado David Griffiths.

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