«Toda persona tiene derecho a la educación. (…) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales (…).»Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ante la protesta estudiantil que acapara la atención de la opinión pública, Amnistía Internacional Paraguay considera oportuno recordar algunas cuestiones que resultan urgentes enfatizar, cuando hablamos del derecho humano a la educación en el país.
A pesar de algunos esfuerzos estatales, Paraguay continúa siendo uno de los países que menos invierte en el gasto social, (recursos en salud, empleo y educación), como lo afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Todo esto, dentro de una sociedad que convive con altos niveles de desigualdad económica y de pobreza.
Según un reporte internacional, el Paraguay, en cuanto a su sistema educativo, es el último entre 140 países, datos del informe elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). El Índice de Competitividad Global analiza a 140 países de todas las regiones y brinda un panorama importante acerca de las cualidades y debilidades de cada uno de los mismos.
Según datos del propio Estado, en el país en la actualidad solo 35 de cada 100 jóvenes culminan sus estudios secundarios.
Amnistía Internacional recuerda al Estado paraguayo que ha asumido una serie de obligaciones con respecto al derecho a la educación, al acceso a la información, a la libertad de expresión y la no discriminación, mediante la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos compromisos internacionales, y la misma Constitución paraguaya.
El derecho a la educación puede considerarse como un derecho clave, ya que permite el completo ejercicio y disfrute de todos los otros derechos humanos. Todos los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos pueden disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educación de calidad. La efectiva implementación del derecho a la educación es por tanto un requisito previo para la democratización y para la total participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en todas las esferas de la vida.
En este contexto del debate sobre el sistema educativo y más aun considerando la crisis desatada ante la opinión pública, por deplorables situaciones sistemáticas de abusos sexuales a menores y violencia de género, resulta oportuno mencionar que el sistema educativo en el Paraguay sigue en trágica deuda con una Educación Sexual Integral, que prevenga dichos abusos.
La información sobre la salud sexual debe ser presentada de manera objetiva, científica y laica. La misma permitiría a las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Esto resulta fundamental en la lucha para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Nuestra organización, a través de una carta abierta dirigida al Presidente de la República, Horacio Cartes, en oportunidad de su asunción al mando, hace ya más de 2 años y medio; y en reiteradas ocasiones posteriores, señalábamos nuestra alta preocupación sobre la “necesidad de ubicar en el centro de las políticas públicas a los derechos humanos, en la idea de que más allá de los índices de crecimiento económico deseables, los paraguayos y paraguayas aspiran a una mejor calidad de vida y el pleno goce de todos los derechos, incluyendo a la Educación”.
Amnistía Internacional trabaja para que todas las personas puedan disfrutar de todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uno de estos derechos, en gran medida la llave de los demás derechos, es el derecho a la educación.
Para conseguir estos objetivos, hay una herramienta imprescindible: la educación en derechos humanos. El propósito de la educación en derechos humanos es conseguir que las personas entiendan lo que son los derechos humanos, perciban su importancia y asuman que se deben respetar y defender.
Desde Amnistía Internacional Paraguay, valoramos y destacamos la importancia de la lucha encarada a través de la protesta pacífica por los estudiantes que aspiran mejor calidad en un derecho humano que les resulta garantizado por la propia Constitución Nacional e instrumentos internacionales suscriptos por el país. Nos unimos en el malestar y en sus legítimas aspiraciones.
La lucha por una Educación como derecho inalienable y universal, es la lucha por una Educación de calidad, sin discriminación, inclusiva y con igualdad de oportunidades. Una lucha a la cual estamos convocados todos y todas, para elevar la calidad de vida de nuestro pueblo y garantizar el estado de derecho democrático y la vigencia plena de todos los derechos humanos en el Paraguay.
