A la llegada del presidente chino a Hong Kong con motivo del 20 aniversario de la entrega de la ciudad a China, Amnistía Internacional ha instado a los líderes políticos de Hong Kong a demostrar que están dispuestos a oponerse con firmeza a las presiones del presidente Xi Jinping, que pretenden debilitar aún más los derechos humanos en la ciudad.
“Los líderes políticos de Hong Kong deben dar un paso adelante y demostrar que no van a ceder a la presión de Pekín. Deben estar preparados para defender los valiosos derechos humanos y libertades de la ciudad, así como el Estado de derecho, todo lo cual se garantizó al hacer el traspaso de poderes”, afirma Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.
Carrie Lam, que este fin de semana será investida nueva jefa del ejecutivo de Hong Kong, no ha mostrado hasta la fecha ningún interés por oponerse a Pekín en lo referente a los derechos humanos.
Según informes, la policía retirará cualquier cartel crítico con el gobierno chino durante la visita del presidente Xi Jinping, para evitar “situaciones incómodas”.
“Serán los líderes políticos de Hong Kong los que se pondrán en una situación incómoda si aplican medidas extremas para reprimir la libertad de expresión y las protestas pacíficas, a fin de aplacar a Pekín”, opina Mabel Au.
“Es vital que nuestros líderes se expongan a una multitud de voces. Si no podemos expresar abiertamente nuestras ideas y preocupaciones nunca podremos encontrar soluciones a los problemas que afronta la ciudad, ni garantizar los derechos humanos de todas las personas”.
Previsiblemente, los derechos humanos sufrirán una presión cada vez mayor a lo largo de los próximos años, dada la presunta intención de Pekín de aplicar una paralizante ley de seguridad nacional, a semejanza de las vigentes en la China continental. El mes pasado, en un discurso sobre la entrega de Hong Kong, el tercero en la cadena de mando de la ciudad, Zhang Dejiang, animó a los líderes de la ciudad a impulsar dicha ley.
El artículo 23 de la Ley Fundamental de la ciudad (miniconstitución) establece que Hong Kong debe promulgar leyes que impidan actos de “subversión contra el gobierno popular central”, “robos de secretos de Estado” y “lazos entre las organizaciones u organismos políticos de Hong Kong y organizaciones u organismos políticos extranjeros”.
En 2003, ante una propuesta que —con objeto de aplicar el artículo 23— parecía plegarse al programa político de la China continental, medio millón de personas tomaron las calles y la iniciativa fue retirada.
Ahora, el presiente Xi Jinping ha aprobado una serie de leyes en la China continental que, so pretexto de proteger la seguridad nacional, obstaculizan gravemente los derechos humanos. La definición de “seguridad nacional” que recogen estas leyes es prácticamente ilimitada.
Con frecuencia, se detiene y enjuicia por cargos de “seguridad nacional” —por ejemplo, “incitar a la subversión del poder del Estado” y “filtrar secretos de Estado”— a personas que están en el punto de mira del gobierno, como defensoras y defensores de los derechos humanos, activistas, minorías étnicas o personas que protestan por cuestiones relacionadas con sus medios de vida.
“Miren a la China continental, y verán cómo se esgrime la seguridad nacional como pretexto para atacar a activistas de derechos humanos y personas críticas con el gobierno. Hong Kong debe oponerse con todas sus fuerzas a cualquier propuesta similar de ley de seguridad poco precisa y que deje el campo abierto a abusos” afirma Mabel Au.
Un muro de contención crucial contra estos abusos es el poder de la magistratura independiente de Hong Kong. Sin embargo, ésta viene sufriendo cada vez mayores presiones para que abandone su imparcialidad e independencia en casos “delicados” y se pliegue a las exigencias políticas de Pekín.
En febrero, tras la condena a siete agentes de policía que habían agredido al activista en favor de la democracia Ken Tsang durante las protestas del Movimiento de los Paraguas de 2014, los medios de comunicación favorables a Pekín emprendieron una bien organizada campaña de ataque contra la imparcialidad del sistema judicial de Hong Kong.
“La independencia de la judicatura es una línea de defensa fundamental para los derechos humanos. Parece que Pekín pretende derribar esta piedra angular de la sociedad de Hong Kong”, declara Mabel Au.
“Lejos de la pompa y la ceremonia de la visita del presidente Xi Jinping, el mensaje de la población de Hong Kong es claro: todo retroceso en materia de derechos humanos se combatirá rotundamente.”
