Brasil está a punto de ser anfitrión del mayor frenesí futbolístico del planeta, en el que equipos de todo el mundo luchan por una copa que todos los aficionados quieren traer para casa.
Pero mientras Messi, Neymar y Rooney se ven las caras en los flamantes estadios brasileños, se está produciendo otro enfrentamiento más serio y en el que se incumplen abiertamente las ”reglas del juego”.
Desde junio de 2013, cientos de miles de personas se han echado a la calle en un número sin precedentes de ciudades y pueblos de todo Brasil exigiendo mejores servicios públicos, incluido el transporte, entre otros derechos. Muchas de ellas se quejan de que las autoridades están prestando demasiada atención a las exigencias de la FIFA y demasiada poca a las necesidades de su propio pueblo.
La respuesta de las autoridades ha sido totalmente desafortunada.
Las unidades de la policía militar enviadas para mantener las protestas “bajo control” no han dudado ni un segundo en disparar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, en una ocasión incluso dentro de un hospital. Han disparado balas de goma y golpeado con porras a hombres y mujeres que no representaban amenaza alguna.
Durante las muchas protestas que han tenido lugar desde entonces ha habido cientos de heridos. Uno de ellos fue Sérgio Andrade da Silva, fotógrafo de 32 años que perdió un ojo tras ser alcanzado por una bala de goma durante una multitudinaria manifestación en São Paulo, en junio de 2013.
En su actual situación, a Sérgio, casado y con dos hijos, le resulta difícil trabajar. Hasta ahora no ha recibido ninguna disculpa oficial ni las autoridades le han ofrecido una indemnización, y por supuesto no se ha abierto ninguna investigación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad que originó su lesión.
En enero de este año, la policía golpeó brutalmente a otro manifestante –el estudiante universitario Vinicius Duarte– fracturándole la mandíbula y la nariz. El joven se encontraba en el interior de un hotel donde se había refugiado para protegerse del gas lacrimógeno de la calle.
La lista de ejemplos continúa, escandalosos, pero nada sorprendentes.
Si bien por parte de los manifestantes, en su mayoría pacíficos, ha habido algunos actos de violencia cometidos por pequeños grupos, la desproporcionada respuesta de las fuerzas de seguridad ha restringido aún más el espacio público de quienes desean ejercer su derecho a expresar su desacuerdo mediante manifestaciones pacíficas. El homicidio accidental del cámara Santiago Andrade, en febrero de 2014, alcanzado por un artefacto pirotécnico que lanzaron unos manifestantes, se ha manipulado para criminalizar las protestas.
Las fuerzas de seguridad de Brasil tienen un pésimo historial en lo que se refiere a la actuación en manifestaciones. De hecho, aunque las autoridades locales de algunas ciudades, como São Paulo, han anunciado investigaciones internas sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía durante las protestas, hasta la fecha no se tiene noticia de que se hayan emprendido actuaciones penales o disciplinarias contra nadie.
Esa impunidad, combinada con la falta de formación de los agentes, que sencillamente desconocen los límites legales respecto al uso de la fuerza, da lugar a un peligroso cóctel en el que cualquier persona que esté en la calle durante una manifestación corre peligro de resultar herida.
En algunas ciudades, las autoridades han anunciado incluso que están considerando la posibilidad de recurrir al ejército, ya presente en el Mundial, en las manifestaciones que se esperan cuando la atención del mundo se centren en el campo de juego. Una mala idea, dada la falta de formación del ejército brasileño en labores policiales.
En este momento en que Brasil se prepara para ser anfitrión del mayor acontecimiento deportivo del año, “quejarse” se considera a menudo tratar de “aguar la fiesta”, y las autoridades no se detendrán ante nada con tal de que la celebración salga bien.
Un ejemplo: numerosas leyes destinadas a evitar y castigar el delito organizado se han utilizado de forma inadecuada para procesar a personas acusadas de actuar de forma violenta o atacar la propiedad privada durante las protestas.
En São Paulo, por ejemplo, se ha aplicado la Ley de Seguridad Nacional, que data de la época del régimen militar, entre 1964 y 1985, para justificar la detención y el interrogatorio de manifestantes.
El Congreso está debatiendo varias propuestas de ley, incluida una ley antiterrorista, con el consiguiente el peligro de que se criminalice aún más a los manifestantes.
Si es aprobada, esta ley establecerá una amplia definición de terrorismo que, entre otras cosas, abarcará los daños a mercancías y servicios esenciales. A muchos les preocupa que la nueva ley pueda utilizarse inadecuadamente contra los manifestantes.
También se debaten propuestas para prohibir el uso de prendas que oculten el rostro en todas las manifestaciones.
Sin embargo, no está nada clara la necesidad de endurecer las leyes. Brasil ya dispone de una serie de herramientas legales para ocuparse de las infracciones cometidas durante las manifestaciones.
En lugar de aprobar leyes más duras, lo que necesita Brasil son unas fuerzas de seguridad bien formadas que sepan actuar adecuadamente en las manifestaciones con arreglo a las normas internacionales, así como mecanismos para exigir responsabilidades a los agentes de seguridad que traspasan los límites y violan los derechos humanos. Esto no sólo es necesario durante el Campeonato del Mundo, sino más allá.
Desde el 12 de junio y durante un mes, gran parte del mundo encenderá la televisión, desconectará de la realidad y seguirá cada uno de los movimientos de unos hombres que van tras una pelota en ciudades de todo Brasil.
Pero Amnistía Internacional también estará atenta a las terribles acciones que tienen lugar fuera de la cancha. No habrá árbitros cuando se enfrenten la policía y los manifestantes, pero estaremos listos para hacer sonar el silbato cuando veamos juego sucio.
