En este año, Amnistía Internacional lanza su informe de investigación: “Una receta para criminalizar: Personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”, que devela un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos por el cual los individuos y las comunidades que luchan por proteger el agua y acceder a la tierra son estigmatizados y su labor es desacreditada a través de declaraciones públicas y rumores. Sus comunidades son desalojadas a la fuerza de donde viven o enfrentan el riesgo de ser desalojadas sin las debidas garantías. Finalmente, las personas defensoras enfrentan procesos penales injustos e infundados. Son procesadas y juzgadas sin pruebas por delitos relacionados únicamente con su trabajo de defensa de los derechos humanos.
