Una mujer palestina se lamenta por la demolición de su vivienda por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en Gaza.
Un total de 31 organizaciones de ayuda humanitaria, religiosas, de derechos humanos y de desarrollo hacen un llamamiento a los líderes mundiales para que actúen con urgencia para poner fin a las demoliciones en curso y hagan rendir cuentas al gobierno de Israel por la destrucción indiscriminada de propiedades palestinas y de proyectos financiados por asistencia internacional en la Cisjordania ocupada.
Durante la intensificación de las demoliciones que ha tenido lugar esta semana, el ejército israelí destruyó al menos 63 viviendas y estructuras básicas en 10 comunidades palestinas en la Zona C, el 60 por ciento de Cisjordania donde Israel mantiene el control militar y civil pleno. Entre las estructuras demolidas había 12 elementos humanitarios básicos, como un panel solar, una letrina portátil, rediles para animales y tiendas de campaña financiados por la Unión Europea.
Las organizaciones afirman que los donantes internacionales deben tratar de recuperar los costos económicos de sus estructuras destruidas y comprometerse a suministrar de nuevo la ayuda. En mayo de 2012, la Unión Europea afirmó públicamente que esperaba que el gobierno de Israel protegiera su ayuda humanitaria en la Zona C. Desde entonces, cientos de elementos de ayuda humanitaria financiados por donantes europeos y otros han sido demolidos o confiscados. Al menos 356 estructuras, incluidos 81 elementos financiados por la comunidad internacional, han sido demolidos ya en la Zona C en lo que va de año.
En total, las demoliciones de esta semana han dejado sin hogar a 132 personas, de ellas 82 menores de edad, lo que representa la cuarta parte del desplazamiento debido a demoliciones en 2015 y constituye el mayor número de personas que han quedado sin hogar debido a las demoliciones en casi tres años.
“Las demoliciones están empujando a los palestinos a la desesperación y destruyendo perspectivas de paz. En vez de desarrollar sus comunidades y sus medios de vida, miles de palestinos viven en la Zona C en condiciones miserables, con el temor constante de que mañana su hogar pueda haber desaparecido y puedan verse obligados a abandonar sus tierras”, ha afirmado Catherine Essoyan, presidenta regional de Oxfam.
Estas demoliciones se llevan a cabo en el marco del plan del gobierno de Israel para “reasentar” a 7.000 palestinos que viven en 46 comunidades de la Zona C. La comunidad internacional ha pedido en repetidas ocasiones al gobierno de Israel que cancele el plan de “reasentamiento”. El plan afecta a comunidades de beduinos y pastores en el centro de Cisjordania, incluida la Zona E1 en torno a Jerusalén, donde el gobierno de Israel tiene previsto ampliar los asentamientos, que son ilegales en virtud del derecho internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, entre otros, ha afirmado que, en caso de llevarse a la práctica, el plan de “reasentamiento” propuesto por Israel equivaldría a traslado forzoso.
El traslado forzoso y la destrucción indiscriminada de propiedades privadas constituyen graves infracciones del Cuarto Convenio de Ginebra. Este tipo de infracción supone obligaciones específicas de terceros Estados, además de responsabilidad penal individual, y está tipificado como crimen de guerra.
“El rápido aumento de las demoliciones muestra que debemos ir más allá de las palabra y pasar a una acción concertada para poner fin a estas violaciones del derecho internacional. Las vulneraciones graves del derecho internacional humanitario podrían ser pronto la norma. No lograremos una solución justa y duradera del conflicto sin asegurar antes el respeto del derecho internacional humanitario”, ha afirmado Tony Laurance, primer ejecutivo de Medical Aid for Palestinians.
Algunas comunidades afectadas por el plan de “reasentamiento” fueron también algunas de las más afectadas por las demoliciones de esta semana, lo que suscita la preocupación de que el gobierno de Israel esté usando tácticas coactivas para expulsar a los residentes palestinos. Pero las comunidades palestinas no incluidas en el plan también hacen frente a una suerte semejante. La aldea palestina de Susiya, que no es una de las comunidades incluidas en el plan, podría hacer frente además a la demolición masiva y el traslado forzoso en las proximas semanas.
El gobierno de Israel justifica las demoliciones y el traslado de comunidades en la Zona C, parte del territorio palestino ocupado reconocido oficialmente, aduciendo que carecen de los permisos de planificación y construcción israelíes, que se deniegan sistemáticamente a los palestinos. La incapacidad para construir y desarrollarse hace a los palestinos vulnerables a la demolición de viviendas, el desplazamiento y el traslado forzoso y limita su capacidad para realizar su derecho al agua, a una vivienda adecuada, a la educación, a la salud y a medios de vida dignos.
Las organizaciones de ayuda humanitaria locales e internacionales son objeto de restricciones cada vez más severas por parte del gobierno de Israel cuando intentan responder a estas necesidades, lo que vulnera la obligación de Israel de facilitar la entrega efectiva de ayuda.
Las organizaciones son:
- Ayuda en Acción
- Acción contra el Hambre
- Amnistía Internacional
- Asamblea de Cooperacion por la Paz (ACPP)
- Broederlijk Delen
- Christian Aid
- Iglesia de Suecia
- COSPE
- DanChurchAid
- Diakonia
- Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (EAPPI) – Reino Unido e Irlanda
- Embrace the Middle East
- Gruppo di Volontariato Civile
- Fundación Heinrich Böll
- Lawyers for Palestinian Human Rights
- Medical Aid for Palestinians (MAP – UK)
- Oxfam
- Overseas
- Open Shuhada Street – Sudáfrica
- Norwegian Church Aid
- Norwegian People’s Aid
- Asociación de Solidaridad con Palestina de Suecia
- Pax Christi Flandes
- Pax Christi International
- Premiere Urgence Aide Medicale Internationale (PU-AMI)
- Quaker Peace and Social Witness (QPSW)
- Secours Islamique – Francia
- Federación Luterana Mundial
- Trócaire
- Vento di Terra
- WeEffect
