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Derechos de los Pueblos Indígenas
En el mes de febrero se iniciaron las negociaciones entre el gobierno y los representantes del Pueblo Indígena Ayoreo Totobiegosode que viven en aislamiento voluntario, con el objetivo de implementar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a estas comunidades frente a terceros que buscan acceder a sus tierras ancestrales, y llegar a una solución amistosa en un plazo máximo de un año.
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Derechos de los Pueblos Indígenas
La comunidad indígena Yakye Axa, a pesar de contar con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún permanece sin habitar sus tierras por falta de una ruta de acceso a las mismas; punto también recogido por el tribunal en sus resoluciones de supervisión de cumplimiento. La comunidad indígena Sawhoyamaxa, la cual también cuenta con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no recibió aún bajo la titularidad de las tierras expropiadas debido a la demora en la resolución de juicios impulsados por particulares.
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Libertad de expresión y asociación
En marzo, los periodistas Menchi Barriocanal y Oscar Acosta realizaron una cobertura periodística sobre las protestas levantadas ante el intento de un grupo de senadores para realizar una enmienda a la Constitución, lo que permitiría la reelección presidencial. El Congreso paraguayo fue incendiado parcialmente en el primer día de las manifestaciones. El presidente Cartes y representantes del partido oficialista acusaron públicamente a ambos periodistas de haber incitado la violencia y los amenazaron con el arresto. Otras personas trabajadoras en medios reportaron haber sido acosadas por las autoridades.
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Libertad de expresión y asociación
El 1 de abril, el activista de la oposición Rodrigo Quintana fue asesinado por la policía en el contexto de las protestas. Docenas de personas fueron heridas, más de 200 detenidas, y organizaciones locales informaron sobre alegaciones de torturas y otros malos tratos por parte de las fuerzas policiales.
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Derechos sexuales y derechos reproductivos
En julio, el presidente Cartes vetó el proyecto de ley No. 5833/2017, cuyo objetivo era establecer un registro civil de “niños concebidos no nacidos vivos". En agosto, la Cámara de Diputados y de Senadores rechazaron el veto y aprobaron la ley, que quedó promulgada por el Poder Ejecutivo a fines de año. El proyecto de ley fue denunciado por las organizaciones de derechos humanos como la introducción de una protección casi absoluta del feto, que podría tener prioridad sobre los derechos a la vida, la integridad física y la salud de las mujeres y las niñas.
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Escrutinio internacional
El 16 de agosto, el Congreso aprobó una ley interna para implementar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y garantizar la cooperación con la CPI. El 23 de agosto, el Ejecutivo envió al Congreso el mensaje para la ratificación las Enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión y el Artículo 8 del Estatuto de Roma.
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Escrutinio internacional
En septiembre, el Comité de la ONU contra la Tortura emitió observaciones finales y recomendaciones sobre Paraguay, entre estas que todas las personas privadas de libertad disfruten de todas las garantías legales desde el inicio de la detención; el derecho a acceder a un abogado de su elección; ser prontamente examinado por un profesional médico respetando su confidencialidad y privacidad, y que se le dé acceso a un médico independiente si así lo solicita.
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Escrutinio internacional
El Comité también recomendó que se realizaran investigaciones prontas, imparciales y efectivas sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los denunciados durante las manifestaciones del 31 de marzo y el 1 de abril. Así también garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban una reparación adecuada.
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Escrutinio internacional
Además, el Comité recomendó que se lleve a cabo una investigación independiente, efectiva, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza letal, la tortura y otros malos tratos durante el enfrentamiento que tuvo lugar en Curuguaty en 2012, así como presuntas violaciones del debido proceso durante el proceso judicial contra 11 campesinos relacionado con este caso.
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Condiciones en prisiones
En septiembre, dos adolescentes detenidos en un centro de detención juvenil en Ciudad del Este murieron en un incendio y otros 12 resultaron heridos. El Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura informó en 2016 sobre la falta de protocolos de protección y evacuación contra incendios en el centro.
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Derecho a la vivienda Digna – desalojos forzosos
En septiembre, la Cámara de Diputados confirmó el veto del Ejecutivo contra un proyecto de ley que habría expropiado 900 hectáreas de tierra de sus actuales ocupantes para devolverla a la comunidad campesina de Guahory, quienes fueron desalojados por la fuerza en 2016.
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Derecho a la vivienda Digna – desalojos forzosos
En octubre, organizaciones de derechos humanos informaron que un año después del desalojo forzoso de la comunidad de Avá Guaraní de Sauce en conexión con la represa hidroeléctrica de Itaipú, no se había avanzado en la restitución de sus tierras. Como resultado, la comunidad se retiró de una mesa de diálogo que mantenía con las autoridades.
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Derechos sexuales y derechos reproductivos
En octubre, el Ministerio de Educación y Ciencia aprobó una resolución que prohíbe los materiales de educación pública sobre igualdad de género, derechos reproductivos, sexualidad y no discriminación.