Es hora de “poner punto final” al debate que abrió Edward Snowden con sus revelaciones sobre la vigilancia masiva intrusiva de los gobiernos y “pasar página”. Así lo dijo en una reunión de profesionales de seguridad nacional y servicios de inteligencia el ministro de Asuntos Exteriores británico, Philip Hammond, el mes pasado.
Pero se equivocó. De hecho, el debate no ha hecho más que empezar.
Sólo dos días después de las palabras de Hammond, la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico publicó un informe que concluía que las leyes británicas que regulan las agencias de inteligencia y la vigilancia masiva requieren una revisión completa para hacerlas más transparentes y comprensibles. Amnistía Internacional afirmó que la regulación de la vigilancia estatal en el país es “un caos inadecuado”.
Y no lo dice por decir. La organización está en embarcada el proceso de presentar nuevas acciones legales contra los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos que impugnen su uso de los programas de vigilancia masiva indiscriminada para vampirizar nuestras comunicaciones –correos electrónicos, llamadas, búsquedas de Internet, listas de contactos, ubicaciones de teléfono móvil, imágenes de webcams, etc.– a una escala sin precedentes.
Ambos litigios se basan en que tales programas constituyen una vulneración fundamental del derecho a la vida privada y a la libertad de expresión. Por lo que atañe a las organizaciones de derechos humanos, la vigilancia de sus comunicaciones confidenciales con sus contactos también tiene graves consecuencias para su capacidad de desarrollar su trabajo diario.
Una conversación
Expertos en derechos digitales afirman que el debate sobre estas cuestiones –no sólo con los gobiernos, sino con los poderosos gigantes de Internet– será crucial para garantizar que el mundo online sigue siendo un lugar en el que los derechos están protegidos.
Una de estas voces que claman en el desierto –cada vez más numerosas– es la de Andrew Puddephatt, director ejecutivo de Global Partners Digital. Experto en políticas y prácticas sobre libertad de expresión desde hace décadas, Puddephatt se ha centrado sobre los derechos en el mundo digital, asesorando a gobiernos y también a organizaciones intergubernamentales como el Consejo de Europa, la Commonwealth, el PNUD y la UNESCO.
[…] Quienes luchan para garantizar el derecho a que se respete la vida privada online están “entre la espada y la pared”: por un lado se enfrentan a gobiernos restrictivos y por el otro, a empresas ávidas de beneficios.
Andrew Puddephatt, experto en libertad de expresión y derechos digitales
Según Puddephatt, quienes luchan para garantizar el derecho a que se respete la vida privada online están “entre la espada y la pared”: por un lado se enfrentan a gobiernos restrictivos y por el otro, a empresas ávidas de beneficios. Pero Puddephatt está firmemente convencido de que el diálogo debe continuar, y no sólo con los gobiernos, sino también con el sector privado.
“Creo que necesitamos hablar con las empresas que están en la vanguardia de la innovación, pero no como antagonistas, sino simplemente para decirles que a nosotros nos resulta útil entender a dónde va la tecnología. Tener […] una conversación sobre las posibles consecuencias para los derechos humanos que observamos”, afirma Puddephatt.
Transformación masiva
En sus inicios, Internet se veía como un espacio donde podía florecer la libertad de expresión y el debate abierto. Actualmente esa visión se encuentra amenazada. Y con graves consecuencias para los derechos humanos.
“A nuestro alrededor se está produciendo una transformación masiva que nos asusta y nos deslumbra”, advierte Puddephatt.
A nuestro alrededor se está produciendo una transformación masiva que nos asusta y nos deslumbra.
Andrew Puddephatt
Internet y la gran diversidad de nuevas aplicaciones que alberga, en constante aumento –redes sociales, plataformas para compartir vídeos, etc.– han revolucionado la forma en que la gente se comunica. A medida que los dispositivos móviles vayan desplazando a los ordenadores de sobremesa, el impacto de tales cambios será aún más pronunciado.
En esta coyuntura, las jerarquías y estructuras de poder tradicionales se han desintegrado, afirma Puddephatt y la libertad de expresión se ha “democratizado”, dando origen a una serie de cambios y transformaciones que equivalen a los que en el siglo XV propició la invención de la imprenta de Gutenberg.
Los derechos digitales, amenazados
En el pasado, los gobiernos trataban de controlar el contenido de las comunicaciones en sí. Podían censurar un texto o una publicación, o quitar de en medio a sus responsables, deteniéndolos, haciéndolos desaparecer o matándolos. La vigilancia se llevaba a cabo inmiscuyéndose físicamente o interviniendo las centralitas o las líneas telefónicas de la gente
Pero por su propia estructura –formada por una serie de protocolos interconectados– los gobiernos pueden ahora interferir en la manera en que toda una población accede a los medios de publicar y compartir información. Es algo que ya está sucediendo, como cuando China bloquea el acceso a las páginas web de ciertos canales de noticias u organizaciones de derechos humanos.
La popularidad de redes sociales como Twitter y de plataformas de vídeo como YouTube también implica que los gobiernos pueden restringir férreamente el espacio para compartir y publicar ideas apuntando sólo a unas pocas plataformas de Internet, como hizo Turquía.
Y a un nivel mucho más profundo, algunos gobiernos han desarrollado herramientas para aprovechar la infraestructura física de Internet y recoger indiscriminadamente cantidades masivas de información privada sobre las comunicaciones y el paradero de las personas.
En este tipo de programas de vigilancia masiva, que practican Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, se centraron las sorprendentes revelaciones de Edward Snowden en junio de 2013.
La magnitud y el ritmo del cambio
Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg, advierte Puddephatt. El especialista afirma que el sector privado en la actualidad lleva a cabo “diez veces” más vigilancia que los gobiernos. Pero en el caso de las empresas, recoger y almacenar cantidades masivas de datos personales no es una actividad que se haga de forma encubierta, sino que forma parte de su modelo de negocio. El gran reto de las organizaciones de derechos humanos será lograr mantener el frenético ritmo de las innovaciones tecnológicas y sus inmensas consecuencias para el derecho a la vida privada otros derechos humanos.
[E]l sector privado en la actualidad lleva a cabo “diez veces” más vigilancia que los gobiernos. Pero en el caso de las empresas, recoger y almacenar cantidades masivas de datos personales no es una actividad que se realice de forma encubierta, sino que forma parte de su modelo de negocio.
Andrew Puddephatt
Según Puddephatt, es ahora cuando incluso los grupos punteros que realizan tareas de defensa y promoción de los derechos digitales están empezándose a poner al día y respondiendo a transformaciones que ya han tenido lugar.
Puddephatt afirma que pocas organizaciones se han puesto ni siquiera a pensar en las masivas consecuencias que tendrán las tecnologías del futuro que ya se están investigando y desarrollando. Entre las innovaciones que ya están en pleno desarrollo o que se vislumbran en el horizonte próximo se encuentran la impresión en 3D, la tecnología que puede llevarse puesta (wearable), la inteligencia artificial y la «Internet de las cosas», una red digital de objetos y dispositivos cotidianos que se conectan y se comunican entre sí.
Llamada a la acción
Para responder a estos motivos de preocupación crecientes, Amnistía Internacional está ampliando su trabajo sobre tecnología y derechos humanos. La organización acaba de presentar #Dejendeseguirme, una campaña global contra la vigilancia masiva indiscriminada para plantar cara a los gobiernos que desean invadir la intimidad y restringir las libertades a una escala industrial.
