Comunicados de prensa
7 enero 2014
El Centro Europeo de Derechos de los Romaníes (ERRC) y Amnistía Internacional se congratulan por la decisión del Tribunal del Condado de Cluj-Napoca de declarar ilegal la decisión del alcalde de desalojar forzosamente a alrededor de 300 romaníes en diciembre de 2010 y trasladarlos a un emplazamiento situado junto a un vertedero.
El tribunal ordenó a las autoridades municipales el pago de una indemnización por daños a los demandantes romaníes por su desalojo y traslado a Pata-Rât y por las condiciones inadecuadas de alojamiento en las que viven. El tribunal exigió también al ayuntamiento que proporcionara a los demandantes una vivienda adecuada, con arreglo a las normas mínimas establecidas en la legislación rumana. La sentencia no es definitiva.
El ERRC ayudó al bufete de abogados local Podaru, Buciuman y Asociados a hacerse cargo del caso en nombre de aproximadamente 200 demandantes romaníes; previamente ayudó a la comunidad a crear una asociación para luchar por sus derechos.
“Como director de la asociación que representa los intereses de la comunidad desalojada de Coastei, expreso mi gratitud al sistema de justicia rumano por haber examinado las pruebas y no limitarse a considerar los intereses políticos”, declaró Florin Stancu, director ejecutivo de la Asociación Comunitaria de Romaníes de Coastei.
Claudia Greta, activista por los derechos de los romaníes y miembro de la Asociación Comunitaria de Romaníes de Coastei, dijo: “Esta decisión es muy importante, pues llevamos ya tres años luchando sin parar. Por fin tenemos un resultado favorable y vemos que la justicia puede ser imparcial en Rumanía. A pesar del efecto traumático del desalojo, esta sentencia nos da las fuerzas para seguir defendiendo nuestros derechos, violados en diciembre de 2010. Continuaremos luchando hasta que podamos volver a la ciudad, a la que pertenecemos.”
El ERRC y Amnistía Internacional piden ahora a las autoridades municipales que cumplan con carácter urgente lo ordenado en la sentencia.
“Nos congratula la decisión judicial de que este desalojo forzoso fue ilegal —manifestó Dezideriu Gergely, director ejecutivo del ERRC—. Los romaníes desalojados y trasladados a Pata-Rât llevan tres años literalmente en los límites de un vertedero, y les es mucho más difícil acceder a escuelas, trabajo y atención médica. Pedimos a las autoridades que no recurran contra esta acertada decisión, que busquen viviendas alternativas adecuadas y entablen un diálogo con la comunidad, permitiendo a los romaníes vivir y trabajar como parte de la ciudad.”
Aunque el ERRC y Amnistía Internacional acogen con satisfacción la decisión, lo cierto es que la comunidad de la calle Coastei comienza su cuarto año en Pata-Rât. Las familias desalojadas continúan viviendo en peligrosas condiciones de contaminación y hacinamiento. Es indispensable que las autoridades locales apliquen inmediatamente esta sentencia.
“La decisión del Tribunal del Condado de Cluj-Napoca transmite a las autoridades locales de toda Rumanía el enérgico mensaje de que son inaceptables los desalojos forzosos y los traslados de personas a condiciones de alojamiento inadecuadas. También transmite al gobierno de Rumanía el mensaje de que hace falta adoptar una normativa que prohíba claramente los desalojos forzosos”, afirmó Jezerca Tigani, directora adjunta del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
La situación de Pata-Rât no es única, sino que refleja una preocupante tendencia que afecta a los romaníes de toda Rumanía. En septiembre de 2013, en Eforie Sud, 101 personas —55 de ellas menores— se quedaron sin hogar en medio de duras condiciones meteorológicas después de que derribaran sus casas, aparentemente por carecer de permisos de construcción. No se les ofreció ningún recurso para suspender el desalojo, que está pendiente de revisión judicial.
El ERRC y Amnistía Internacional piden a todas las autoridades romaníes que tomen nota de la decisión del tribunal sobre el desalojo forzoso de la calle Coastei y que paralicen todos los desalojos de este tipo dirigidos contra comunidades romaníes.
