Por Sandra Taboada, Pasante Voluntaria, Amnistía Internacional Paraguay
Óscar Ayala es abogado de la organización Tierra Viva, una institución que desde 1994 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Esta institución apoya las reivindicaciones de los Pueblos Indígenas de nuestro país, y se centra en la restitución de sus territorios, abordando casos sobre temas de igualdad y no discriminación que afectan a sus integrantes.
El jurista nos comenta que el Estado paraguayo tiene obligaciones con los Pueblos Indígenas, ratificadas en Declaraciones Internacionales. Una de ellas es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que el Estado tiene la obligación de transferir los recursos necesarios para los pueblos originarios que ayuden a su desarrollo, además de invertir en el territorio de los nativos. Algo que hasta ahora no se ha hecho, afirmó.
En estos meses, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el presupuesto destinado al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para el próximo año, el cual se ve afectado en casi la mitad, entre ellos el destinado a la compra y restitución de tierras.
El abogado Óscar Ayala nos comenta como podría dañar esta situación a las comunidades si no hay un rubro específico destinado a ellas: “Hay una política totalmente regresiva por parte del Estado para llevar para atrás el presupuesto del INDI, y con eso limitar las posibilidades de resolver numerosos conflictos, que aún subsisten en nuestro país. Es un fenómeno que estamos viviendo después de 15 años. Ya ha pasado en el año 2000, donde se decidió recortar y diseminarlo incluso en distintas instituciones, y el INDI tuvo un presupuesto cero para el tema tierras”.
Derechos Indígenas
Recordemos que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también ha concluido que los derechos territoriales de los pueblos indígenas son únicos, y abarcan una tradición y una identificación cultural de los pueblos indígenas con sus tierras, que ha sido generalmente reconocida (CIDH/OEA, 2009).
El asesor jurídico explicó que en la actualidad el Estado está obligado a dar respuestas a tres sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó por violar los derechos de tres comunidades indígenas: las comunidades Xamok Kasek, Sawhoyamaxa y Yakye Axa. Ayala comentó que la no asignación de recursos destinados a estos temas imposibilitará que desaparezcan los casos, y por el contrario sumarían obligaciones y aumentarían las deudas del Estado paraguayo.
“Un Estado que ignora la realidad de sus obligaciones, busca invisibilizar la cuestión indígena con pocos recursos en su presupuesto. La reducción (de presupuesto) se convertiría en una limitación objetiva para lograr el aseguramiento de tierras. Muchas organizaciones indígenas desarrollan cierta expectativa para la solución de sus casos, pero al no tener hoy esa posibilidad (recursos económicos) en el horizonte, los posiciona en situación de incertidumbre; y en segundo lugar, prolonga el no reconocimiento de sus derechos. Se está marcando un itinerario regresivo que afecta las posibilidades presentes y futuras de solución de varios casos que aún están en la agenda (de los Pueblos Indígenas), y esto no puede ser remediado sino desde las políticas de Estado”, subrayó Óscar Ayala.
