Amnistía Internacional valora la reciente sentencia de la Corte Suprema que determina que la investigación y juicio por las graves lesiones sufridas por Enrique Eichin, quien recibió un balín en su ojo derecho disparado por Carabineros, deben ser conocidos por la justicia ordinaria.
De acuerdo a la legislación vigente en Chile, las violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios policiales son conocidas por tribunales militares. Por años Amnistía Internacional ha llamado a las autoridades a modificar estas normas debido a las preocupaciones sobre la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales militares. Esto, en parte, a consecuencia de su composición –con funcionarios de la misma institución- y procedimiento.
El 11 de abril de 2013, Enrique Eichin participaba junto a su familia en una marcha estudiantil en la zona de Estación Mapocho, Santiago. Al momento de retirarse a su hogar, Carabineros realizaba acciones para dispersar la marcha. En ese contexto, Enrique Eichin recibió un balín disparado por funcionarios policiales en su ojo derecho. Tras varias operaciones, se pudo confirmar la pérdida total de la vista, limitando de por vida su trabajo como arquitecto.
Fallando una contienda de competencia el 26 de febrero pasado, la Corte Suprema concluyó que las lesiones sufridas por Enrique Eichin, si bien eran un hecho acaecido en el ejercicio de las labores de funcionarios policiales, se trata de un ilícito ajeno a los bienes jurídicos castrenses y, consecuentemente es un hecho que debía ser conocido por la justicia ordinaria. Asimismo, señaló que tanto para la víctima como para los imputados, la justicia ordinaria reguarda mejor sus derechos.
En mayo de 2014, el Tribunal Constitucional ya había resuelto sobre este caso determinando su conocimiento al tribunal ordinario. Sin embargo, en enero de 2015, la fiscalía militar insistió en su competencia. Esto llevó la causa hasta la Corte Suprema.
Amnistía Internacional lamenta que una legislación violatoria de los derechos humanos exija un esfuerzo adicional por parte de la víctima y su defensa para asegurar un proceso ante tribunales ordinarios. Para Eichin esto ha implicado un retraso de casi dos años en el proceso y juzgamiento de los presuntos responsables de las lesiones sufridas.
Amnistía Internacional alienta a que el proceso ante la justicia ordinaria sea atendido con máxima rigurosidad y celeridad. Asimismo, insiste en el deber de Carabineros de Chile de colaborar en la investigación y facilitar que se tomen declaraciones a quienes podrían haber estado involucrados. La organización también urge a Carabineros de Chile a dar a conocer a la víctima y sus abogados el resultado del sumario administrativo interno sobre las responsabilidades de la agresión a Enrique Eichin.
Diversos organismos internacionales han instado al Estado de Chile a reformar la justicia militar. En 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó limitar la jurisdicción penal militar al juzgamiento de militares por la comisión de delitos o faltas que por su naturaleza atentan contra bienes jurídicos propios del orden militar. A su vez, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus recomendaciones al Estado de Chile en julio de 2014, volvió a realizar recomendaciones en esta misma línea.
