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TÍMIDOS PASOS EN EL LARGO CAMINO HACIA LA JUSTICIA POR LAS ATROCIDADES COMETIDAS EN SIRIA

Tuesday 12/04/2016 - 15:44 | Categoría: Noticias |

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Las negociaciones cuya reanudación está prevista para el 11 de abril de 2016 en Ginebra, así como la reciente reducción de las hostilidades en Siria, pueden representar pasos importantes hacia una solución pacífica a los más de cinco años de turbulencia. Muy pocos no aplaudirían el silenciamiento definitivo de las armas y el fin del sufrimiento de la población civil.

En vista de los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros abusos que se están cometiendo en Siria, es muy importante que la justicia, la verdad y la reparación sean parte fundamental de cualquier acuerdo. Debe llevarse ante la justicia a quienes ordenaron tales delitos, los llevaron a cabo o permitieron que se cometieran. Sin embargo, este pilar básico no está en el programa de trabajo de Ginebra y corre el riesgo de ser sacrificado en aras de la conveniencia política.

La ausencia de un tribunal en Siria capaz de resolver el déficit de justicia es bien patente. El sistema judicial sirio está subordinado en gran medida a las autoridades políticas y a los órganos de inteligencia y seguridad. A lo largo de los últimos cinco años, decenas de miles de civiles han sufrido reclusión sin juicio, a menudo víctimas de desaparición forzada. Miles han muerto bajo custodia.

Falta de medidas para abordar la impunidad

La gravedad y el alcance de los abusos y la impunidad en Siria quedaron de manifiesto en los primeros meses de la crisis. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU, de manera abyecta, no ha remitido la situación de Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional para su investigación, a pesar de los reiterados llamamientos de organizaciones internacionales, de al menos 65 Estados y del propio secretario general de la ONU. Una investigación de la Corte habría transmitido una potente advertencia a los jefes militares que ordenan cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Asimismo, el Consejo de Seguridad podría haber establecido un tribunal penal internacional especial, como hizo en relación con Ruanda y con Yugoslavia; de momento sigue siendo una posibilidad remota. Otra opción sería la creación de un tribunal penal internacionalizado para Siria, como se hizo para Sierra Leona y para Camboya. Cuesta imaginar que un tribunal así pueda establecerse, y ser eficaz, sin el consentimiento del gobierno sirio, lo que actualmente es impensable. Como alternativa, un país vecino podría autorizar el establecimiento de un tribunal en su territorio, aunque esta perspectiva también resulta inasible, sobre todo cuando muchos Estados vecinos de Siria han tenido ellos mismos participación directa en el conflicto.

Ante estos obstáculos, la única vía realista de abordar la impunidad en este momento es que las autoridades nacionales de otros países ejerzan la jurisdicción universal u otra clase de jurisdicción extraterritorial sobre los crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
La salida constante de personas de Siria ofrece nuevas oportunidades de recopilar testimonios de víctimas y testigos sobre abusos cometidos y de investigar y procesar a sus presuntos autores. Éstos incluyen personas que buscan refugio o que participan en empresas o en negociaciones. Amnistía Internacional sostiene firmemente que a toda persona que lo busque se le debe garantizar refugio del conflicto en Siria.

Los países tienen tanto el derecho como la obligación de llevar a cabo investigaciones cuando se acusa a individuos que están bajo su jurisdicción de posibles crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros abusos graves contra los derechos humanos. Si los sospechosos tuvieran privilegios diplomáticos o de otra índole, deberían hacerse comprobaciones para saber si esa condición le garantiza inmunidad y en qué circunstancias se le podría retirar esa condición, y quién estaría autorizado a hacerlo. Organizaciones de la sociedad civil y otros deben estar atentos y bien informados sobre las personas y organizaciones jurídicas mejor preparadas para asesorar y, llegado el caso, presentar querellas.

Las oportunidades de obtener justicia internacional pueden llegar con escasa antelación y requieren preparación para actuar de manera rápida y decisiva.

Primeros pasos para hacer frente a las atrocidades
Al menos 166 países están facultados para ejercer la jurisdicción universal, como mínimo, sobre un tipo de crimen previsto por el derecho internacional —normalmente, los crímenes de guerra— con independencia de la nacionalidad del sospechoso o de la víctima. En meses recientes, países como Alemania, Suecia y Francia han abierto investigaciones de esa índole sobre presuntos delitos internacionales cometidos en Siria. En enero de 2016 se recibieron informes según los cuales un hombre sirio había sido detenido en Alemania como presunto autor de crímenes de guerra relacionados con el secuestro de un observador de la ONU en Siria. En Suecia, un solicitante de asilo sirio compareció ante los tribunales acusado de crímenes de guerra cometidos en Siria. En Francia se está investigando a un solicitante de asilo sirio por su presunta participación en la tortura y muerte de opositores del gobierno. El mismo mes pasado se presentaron cargos formales contra un solicitante de asilo sirio en Suecia en relación con su presunta participación en el homicidio de soldados gubernamentales capturados.

Los Estados de ciudadanos que han viajado a Siria para combatir deben igualmente investigar todas las denuncias de crímenes de derecho internacional y, cuando existan pruebas admisibles suficientes y la legislación lo contemple, deben procurar que los hechos se enjuicien ante tribunales nacionales.

Los Estados que han ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas tienen la obligación expresa de ejercer su jurisdicción sobre los delitos presuntamente cometidos por sus nacionales en el extranjero. Suecia y Alemania también están investigando activamente a personas que han regresado del conflicto en Siria y, en diciembre de 2015, en Suecia se dictó cadena perpetua contra dos de sus ciudadanos por su participación en asesinatos cometidos por el grupo armado autodenominado Estado Islámico.

Estas iniciativas de la comunidad internacional, aun siendo pequeñas, son pasos muy importantes en la dirección correcta. La escala colosal de la impunidad y las violaciones de derechos humanos en Siria eclipsa en gran medida los delitos a los que se refieren estos avances y las personas afectadas por ellos.

Se han expresado ciertas dudas en cuanto a que es menos probable que los presuntos perpetradores en el bando del gobierno, cuyas fuerzas son responsables de la abrumadora mayoría de las violaciones graves de derechos humanos, viajen fuera del país. Pero esto podría cambiar perfectamente. Y los Estados con capacidad y compromiso para poner en marcha investigaciones y juicios deben asegurarse de estar preparados para actuar con rapidez.

En este estado de cosas, la enormidad de la injusticia y la impunidad que reinan en Siria obliga a emprender el camino hacia la justicia, la verdad y la reparación por alguna parte y, como tal, debe aprovecharse toda oportunidad que surja.

Neil Sammonds es investigador de Amnistía Internacional sobre Siria, Líbano y Jordania. Desde 2003 ha sido autor principal de numerosos informes y documentos sobre una amplia diversidad de asuntos, incluida la discriminación de la minoría kurda de Siria, las torturas y malos tratos en Jordania, las personas desaparecidas en Líbano, el Tribunal Especial para el Líbano, el asedio de Yarmuk, los ataques aéreos rusos contra zonas civiles en Siria y las personas refugiadas procedentes de Siria. Sigue a Neil Sammonds en Twitter: @neilsai



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