Comunicados de prensa
25 junio 2014
El gobierno sudanés debe acusar de inmediato o poner en libertad a los activistas políticos detenidos recientemente, y debe investigar todas las denuncias que indican que han sido sometidos a tortura y malos tratos. Así lo han manifestado hoy el Centro Africano para Estudios de Justicia y Paz (ACJPS), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y REDRESS.
Ante un trasfondo general de restricciones a la libertad de expresión y de organización política, las autoridades sudanesas han cargado en los últimos meses contra figuras de la oposición política por criticar los abusos cometidos por Sudán en las zonas de conflicto. El presidente Omar al-Bashir prometió en abril de 2014 que liberaría a todos los “detenidos políticos”. Sin embargo, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional sudanés ha seguido deteniendo arbitrariamente a activistas políticos y miembros de partidos de oposición, en fechas tan recientes como mediados de junio, según han manifestado las organizaciones.
“Sudán debe poner fin a las tácticas represivas y brutales que emplea para silenciar las críticas”, ha manifestado Daniel Bekele, director de Human Rights Watch en África. “El presidente Al-Bashir ha prometido liberar a los detenidos políticos, pero debe refrenar a sus agentes de inteligencia y policía.”
Sudán debe poner fin a las detenciones arbitrarias de opositores políticos e investigar todas las denuncias de tortura de acuerdo con el derecho internacional, han manifestado los grupos.
Existe una preocupación inmediata por tres activistas juveniles que pueden haber sido torturados. El 12 de mayo, unos agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional detuvieron a Mohammed Salah, de 25 años, Taj Elsir Jaafar, de 26, y Moammer Musa Mohammed, de 27, cerca de la Universidad de Jartum. Los tres eran unos conocidos activistas que habían participado en campañas de protesta por el homicidio de un estudiante darfurí, Ali Abaker Musa Idris, muerto a manos de las fuerzas de seguridad gubernamentales en la Universidad de Jartum el 11 de marzo.
“Existen motivos fundados para sentir preocupación por el bienestar de los tres jóvenes”, ha manifestado Sarah Jackson, directora regional adjunta del Programa para África Oriental de Amnistía Internacional. “Las autoridades sudanesas deben garantizar la seguridad de todas las personas privadas de libertad, y deben asegurarse de que toda persona detenida es acusada de un delito penal reconocible o puesta en libertad sin demora.”
Las autoridades recluyeron a los jóvenes sin cargos en un centro del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional en el barrio de Bahri, donde, según la información recibida, se ha sometido como castigo a detenidos a palizas y a temperaturas de frío extremo.
La familia de Salah, que no pudo verle hasta un mes después su detención, ha informado de que el joven parecía tener lesiones graves causadas por palizas en todo el cuerpo, incluido el ojo derecho. La familia de Jaffar también ha informado de que éste parecía haber sido golpeado. Según han dicho, tenía la cara y las manos hinchadas, parecía tener dificultades para ponerse de pie y le temblaban las manos.
“El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional tiene antecedentes de detener arbitrariamente y torturar a activistas políticos y de derechos humanos con total impunidad, y esta práctica debe cesar”, ha manifestado Carla Ferstman, directora de REDRESS. “Sudán ha ratificado tanto la Carta Africana como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados ambos que prohíben la tortura, y ya es hora de que demuestre que esos compromisos son algo más que una rúbrica en un papel.”
Sudan ha detenido a varias figuras más de oposición política en las últimas semanas. El 17 de mayo, las autoridades detuvieron a Sadiq Al Mahdi, líder del Partido Nacional Umma, después de que éste acusara públicamente a las milicias gubernamentales, conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido, de cometer abusos tales como violación y saqueo contra los derechos humanos de los civiles en Darfur. Sadiq Al Mahdi fue acusado de minar la Constitución, pero quedó en libertad al cabo de un mes.
El 8 de junio, Ibrahim al-Sheikh, líder del partido de oposición Congreso Nacional, fue detenido tras realizar, en un seminario en Al Nuhood, Kordofán del Sur, declaraciones similares sobre los abusos cometidos por la Fuerza de Apoyo Rápido en las zonas de conflicto, según fuentes dignas de crédito. Al-Sheikh se enfrenta a seis cargos, entre ellos incitación y actuación contra el régimen constitucional. Si es declarado culpable, podría ser condenado a muerte.
En los días siguientes, las autoridades de Al-Nuhood hicieron redadas en las oficinas del Congreso Nacional y detuvieron al menos a cinco estudiantes miembros del partido, a un periodista y a otro activista juvenil de la localidad. Uno de los detenidos, liberado al cabo de una semana, dijo que los agentes de seguridad lo habían golpeado con tal brutalidad que necesitó tratamiento médico.
Las organizaciones sudanesas han documentado casos adicionales de detención prolongada sin cargos de activistas a causa de sus opiniones o presuntas opiniones políticas; algunos de ellos llevan detenidos más de cinco meses.
El Dr. Sidig Noreen Ali Abdalla, catedrático de universidad detenido el 16 de enero, lleva recluido sin cargos bajo custodia del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional en la localidad de El Obeid, Kordofán del Sur, mucho más que el periodo legal de hasta cuatro meses y medio permitido incluso por la Ley de Seguridad Nacional de 2010. Aunque aún no se han presentado cargos formales, se cree que ha sido detenido a causa de su activismo sobre la situación en Darfur.
“Estas detenciones de activistas políticos forman parte de una crisis de derechos humanos más amplia en Sudán, donde el espacio para la libertad de expresión, asociación y reunión se ha restringido severamente y los activistas políticos que disienten son censurados con una fuerza brutal”, ha manifestado Katherine Perks, directora de programa del Centro Africano para Estudios de Justicia y Paz.
La tortura está prohibida en todas las circunstancias tanto por el derecho internacional como por la legislación sudanesa. Si Sudán quiere cumplir sus obligaciones, debe adoptar una postura de tolerancia cero respecto a la tortura y los malos tratos infligidos por cualquier funcionario o agente gubernamental, según han manifestado los grupos. Sudán debe hacer cumplir esta prohibición absoluta, investigar todas las denuncias de tortura y hacer rendir cuentas a los agentes que cometan abusos, ya sean de la policía, del ejército o del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional. Sudán debe además ratificar la Convención de la ONU contra la Tortura. Así lo han manifestado los grupos.
“Sudán sigue reprimiendo severamente las voces discrepantes con total impunidad. La comunidad internacional debe adoptar una postura de firmeza contra la actual oleada de detenciones de opositores políticos y contra los constantes actos de tortura de los órganos de seguridad contra activistas”, ha manifestado Sheila Muwanga Nabachwa, vicepresidenta de la FIDH. “La Unión Africana y las Naciones Unidas no sólo deben pedir a Sudán que cumpla plenamente sus obligaciones de derechos humanos, sino que además deben emprender acciones concertadas para garantizar que lo hace.”
