© Jinty Jackson/AFP/Getty Images

Suazilandia: Libertad para director de revista y abogado defensor de los derechos humanos encarcelados tras juicio sumario

Comunicados de prensa

18 marzo 2014

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El encarcelamiento ilegítimo hoy del respetado director de una revista y de un abogado defensor de los derechos humanos por sus críticas al poder judicial en Suazilandia es otro estremecedor ejemplo de la intolerancia del reino del África meridional hacia la libertad de expresión, ha declarado Amnistía Internacional.

Bhekithemba Makhubu, director de The Nation, revista mensual de información de Suazilandia,  y el abogado defensor de los derechos humanos Thulani Maseko están recluidos en la Prisión para Preventivos de Sidwashini, en Mbabane, tras un juicio lleno de irregularidades. Después de ser detenidos arbitrariamente en virtud de unas órdenes defectuosas, se les negó el acceso a sus abogados y finalmente se ordenó su prisión preventiva tras la celebración de un juicio sumario a puerta cerrada.

“Las detenciones arbitrarias y el juicio lleno de irregularidades equivalen a una represalia judicial en lugar de un acto de justicia, y ponen de manifiesto una vez más la intolerancia de Suazilandia a la libertad de expresión. Estos actos violan las normas internacionales de derechos humanos y carecen de fundamento según la legislación nacional de Suazilandia”, afirmó Mary Rayner, investigadora sobre Suazilandia de Amnistía Internacional.

“Consideramos que Bhekithemba Makhubu y Thulani Maseko son presos de conciencia, detenidos y recluidos sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades de Suazilandia deben ponerles en libertad inmediata e incondicionalmente.”

Ambos hombres fueron detenidos después de que The Nation publicara dos artículos de  Thulani Maseko, en febrero y marzo de este año, en los que éste exponía varios motivos de preocupación en relación con la independencia judicial y la integridad en Suazilandia. Los dos han sido acusados formalmente de desacato penal al tribunal.

La orden empleada para detenerles, dictada por el presidente del Tribunal Supremo de Suazilandia, Michael Ramodibedi, era aparentemente contraria al proceso judicial normal. Al parecer, la policía de la comisaría de Mbabane, donde ambos estuvieron detenidos inicialmente, antes de comparecer ante el presidente del Tribunal Supremo, también actuó siguiendo instrucciones cuando les negó el acceso a sus abogados.

Según el procedimiento penal normal, los detenidos debieron comparecer ante un juez. En cambio, fueron trasladados al despacho del presidente del Tribunal Supremo para lo que resultó ser un juicio sumario. Sus abogados no pudieron presentar ninguna alegación y el presidente del Tribunal Supremo prosiguió ordenando su prisión preventiva sin darles la oportunidad de solicitar la libertad bajo fianza.

“Es evidente que el presidente del Tribunal Supremo tiene un conflicto de intereses predominante en este caso, y las autoridades de Suazilandia carecen de motivos para mantener en prisión a estos hombres, salvo el aparente afán de venganza de un poderoso cargo público”, añadió Mary Rayner.

Información complementaria

Bhekithemba Makhubu sigue inmerso en un gravoso procedimiento judicial, tras ser declarado culpable el año pasado por el Tribunal Superior de Suazilandia de dos delitos de desacato penal del tribunal en relación con la publicación de sendos artículos en los que cuestionaba la independencia del poder judicial del país. Amnistía Internacional ha condenado la resolución, que fue seguida de la imposición de una escandalosa pena de dos años de prisión si el director no pagaba una multa equivalente a casi 45.000 dólares estadounidenses en el plazo de tres días. Makhubu evitó el cumplimiento de la pena al lograr sus abogados presentar una apelación antes de que finalizara el plazo. No se ha celebrado aún la vista de la apelación contra su declaración de culpabilidad y la condena.

A Thulani Maseko, activista de Abogados en Defensa de los Derechos Humanos Suazilandia, también se le imputaron cargos represivos en 2009, en aplicación de la Ley de Sedición y Actividades Subversivas de Suazilandia, cargos por los que nunca ha sido juzgado.

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