Ghouta Oriental está bajo asedio constante desde noviembre de 2012. © Mohammed Abdullah
Los incesantes bombardeos aéreos y terrestres de las fuerzas gubernamentales sirias están agravando el sufrimiento de la población civil, atrapada bajo asedio y enfrentada a una intensificación de la crisis humanitaria en Ghouta oriental, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
‘Left to die under siege’: War crimes and human rights abuses in Eastern Ghouta, Syria revela indicios abrumadores de crímenes de guerra y califica de constitutivos de crímenes de lesa humanidad el asedio del gobierno sirio a Ghouta oriental y el homicidio ilegítimo de su población civil asediada, que tienen lugar como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El informe también pone de relieve la angustiosa lucha por la supervivencia de más de 163.000 personas que viven bajo asedio en Ghouta oriental, además de sacar a la luz los abusos cometidos por grupos armados no estatales en la zona.
“Desde hace casi tres años, las vidas de los civiles de Ghouta oriental se han visto destrozadas por el derramamiento de sangre y la tragedia. Están atrapados y rodeados por los combates en todos los frentes, sin posibilidad de escapar de los ataques aéreos y los bombardeos ilegítimos que llevan a cabo las fuerzas gubernamentales. Su angustia se agrava debido a la disminución de los suministros de alimentos, agua potable y otros artículos de primera necesidad, por lo que para muchas personas la vida diaria se ha convertido en una prolongada experiencia de privaciones y sufrimiento”, ha afirmado Said Boumedouha, director en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Crímenes de guerra cometidos por fuerzas gubernamentales
Entre enero y junio de 2015, las fuerzas gubernamentales sirias llevaron a cabo al menos 60 ataques aéreos en Ghouta oriental que causaron la muerte de unos 500 civiles. El informe documenta 13 ataques aéreos y otros ataques constitutivos de crímenes de guerra, que causaron la muerte de 231 civiles y de sólo 3 combatientes. En 10 casos no fue posible identificar objetivo militar alguno en las inmediaciones, lo que indica que los ataques iban dirigidos contra la población civil o, en el mejor de los casos, que fueron indiscriminados. En los tres casos restantes, los ataques parecieron manifiestamente desproporcionados o indiscriminados por otros motivos.
Muchos lugares públicos afectados estaban repletos de civiles, como un mercado público muy concurrido, una escuela cuando los alumnos estaban cerca o las inmediaciones de una mezquita poco después de las oraciones del viernes.
El análisis de imágenes de satélite muestra que los ataques aéreos llevados a cabo entre el 28 de diciembre de 2014 y el 10 de febrero de 2015 destruyeron por completo varios edificios de viviendas en las proximidades de la mezquita de Taha, en Douma. Un testigo presencial dijo que había visto nueve cadáveres esparcidos por las calles cerca de la mezquita, víctimas de un ataque aéreo el 9 de febrero. El testigo agregó que también quedaron destruidos edificios de viviendas, un hospital de campaña subterráneo y una escuela.
El mismo día, Amir fue testigo de otro ataque aéreo contra otra mezquita en Douma. Amir describió a Amnistía Internacional cómo familias desplazadas, incluidos niños y niñas, perdieron la vida en el ataque que afectó a la mezquita de Al Ansar, en Douma, donde se habían refugiado. “No hay ningún lugar seguro”, dijo.
Los mercados públicos también están en la lista de objetivos del gobierno sirio. “Fue un desastre”, dijo un testigo presencial al describir los momentos posteriores al ataque contra el mercado de Kafr Batna el 5 de febrero. Unos residentes dijeron que el ataque tuvo lugar a la una de la tarde –la “hora más concurrida del día”– y también destruyó dos edificios de viviendas cercanos. No había indicio alguno de objetivos militares cercanos.
En un ataque igualmente terrible, el 25 de enero, reactores de la fuerza aérea siria bombardearon un mercado en Hamouria poco después de las oraciones del viernes, mientras multitud de personas llegaban desde una mezquita cercana para comprar el azúcar, que ese día se vendía a precio reducido; murieron más de 40 civiles. “Sólo podía ver sangre. Fue horroroso, nunca había visto nada igual”, dijo un testigo de los hechos.
“El momento y el lugar de estos ataques parecen programados deliberadamente para causar el máximo daño o el mayor número de víctimas civiles en un horripilante intento de las fuerzas gubernamentales sirias de aterrorizar a la población. Todos los ataques contra civiles y edificios o infraestructuras civiles deben terminar”, ha afirmado Said Boumedouha.
Las fuerzas gubernamentales sirias también dispararon repetidamente cohetes y morteros sin precisión o bombas no guiadas sobre zonas pobladas en una serie de ataques directos e indiscriminados contra civiles que equivalen a crímenes de guerra.
“Al bombardear repetidamente zonas densamente pobladas en una serie de ataques directos, indiscriminados y desproporcionados, y al someter a un asedio ilegítimo a la población civil, las fuerzas gubernamentales sirias han cometido crímenes de guerra y han demostrado una siniestra insensibilidad hacia la población civil de Ghouta oriental”, ha afirmado Said Boumedouha.
La vida bajo asedio: una lucha por la supervivencia
Además de sufrir bombardeos diarios, la población civil de Ghouta oriental asiste a un continuo deterioro de sus condiciones de vida. Los residentes tienen acceso limitado a alimentos, agua potable o atención médica y a suministros esenciales como electricidad y combustible. Los puestos de control guarnecidos por fuerzas gubernamentales o por grupos armados restringen sus movimientos de entrada y salida de Ghouta oriental. Las fuerzas gubernamentales también han negado a organismos de la ONU y otros agentes humanitarios el libre acceso a la zona.
Más de 200 personas murieron de inanición o por falta de acceso a atención médica adecuada en Ghouta oriental entre el 21 de octubre de 2012 y el 31 de enero de 2015, según la Sociedad Médica Siria Estadounidense.
Está surgiendo una incipiente “economía de guerra” de mercado negro que permite que contrabandistas y miembros de grupos armados o funcionarios del gobierno saquen provecho a costa de la población civil. Las fuerzas gubernamentales sirias confiscan de forma habitual alimentos en los puestos de control, lo que obliga a los residentes a comprar productos en el mercado negro, a menudo a precios 10 veces más altos que en el centro de Damasco.
Marwan, residente en Jesrine, dijo que había perdido más de 15 kilogramos de peso a causa del asedio. Marwan pasó días sin comer para que sus cuatro hijos y su esposa pudieran comer una vez al día. “¿Qué hace falta para que las Naciones Unidas hagan algo al respecto? ¿Es el hambre la única respuesta?”, dijo.
“Las fuerzas del gobierno utilizan el hambre como arma de guerra, lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional. Impedir el acceso a alimentos y suministros básicos necesarios para sobrevivir es un despiadado acto de crueldad que equivale a castigo colectivo de la población civil”, ha afirmado Said Boumedouha.
Otros residentes dijeron que los combatientes del Ejército del Islam (Jaysh al Islam) y sus familias disponían de abundantes alimentos mientras que los civiles se veían obligados a pagar precios excesivos.
El informe revela que grupos armados no estatales, y especialmente el Ejército del Islam, son culpables de una serie de abusos, como secuestros, detenciones arbitrarias y bombardeos indiscriminados. Su uso de armas imprecisas como morteros y cohetes Grad en zonas pobladas equivale a crímenes de guerra.
“Las violaciones generalizadas cometidas por el gobierno sirio no justifican el atroz comportamiento del Ejército del Islam, que también ha llevado a cabo ataques indiscriminados, no ha protegido a los civiles y les ha privado de acceso a alimentos o atención médica. La población civil de Ghouta oriental está esencialmente atrapada entre dos bandos hostiles que compiten para su propio beneficio”, ha afirmado Said Boumedouha.
La acción internacional, una necesidad urgente
Hace más de un año, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó dos resoluciones que pretendían aliviar el sufrimiento de la población civil de Siria, y pedían a todas las partes en el conflicto que pusieran fin a los ataques contra civiles, levantaran el asedio, permitieran el acceso humanitario sin restricciones y pusieran en libertad a las personas detenidas arbitrariamente. Sin embargo, hasta ahora no han mitigado el sufrimiento de la mayoría de los civiles.
“Estas resoluciones tenían como objetivo precisamente proteger a la población civil e impedir un desastre humanitario en toda regla. Sin embargo, hasta ahora el Consejo de Seguridad de la ONU se ha limitado a mirar mientras las resoluciones siguen siendo desobedecidas abiertamente y la crisis no cesa de agravarse, pese a los compromisos de tomar medidas adicionales para asegurar su cumplimiento. Hace tiempo que tales medidas deberían haberse tomado con urgencia”, ha afirmado Said Boumedouha.
“No se debe permitir que los autores de los crímenes de derecho internacional que vemos en Siria sigan eludiendo la acción de la justicia. Mientras Rusia impida que el Consejo de Seguridad remita la situación en Siria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la justicia seguirá siendo una posibilidad remota”, ha afirmado Said Boumedouha.
El Consejo de Seguridad debe imponer con urgencia sanciones selectivas a todas las partes en el conflicto de Siria responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como un embargo de armas al gobierno sirio. El gobierno sirio debe garantizar el acceso sin restricciones al país de la comisión de investigación internacional independiente y de otros observadores de la situación de los derechos humanos, incluida Amnistía Internacional.
