Comunicados de prensa
20 noviembre 2013
La restrictiva “ley de agentes extranjeros” aprobada hace un año está asfixiando a las organizaciones no gubernamentales (ONG) independientes en Rusia; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
“Un año después de su entrada en vigor, el historial de la “ley de agentes extranjeros” es penoso. Se ha inspeccionado a más de un millar de ONG, y decenas de ellas han recibido advertencias. Varios de los grupos de derechos humanos más destacados han sido multados y algunos se han visto obligados a cerrar”, ha afirmado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
La “ley de agentes extranjeros” es el elemento central de un conjunto de leyes represivas introducidas en Rusia desde que Putin regresó a la presidencia.
Promulgada por las autoridades rusas el 21 de noviembre de 2012, dispone que toda ONG que reciba financiación extranjera y participe en lo que se define en términos muy imprecisos como “actividad política” debe inscribirse como “organización que desempeña las funciones de un agente extranjero”.
Tiene un amplio alcance, ya que afecta a las ONG que trabajan sobre derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, así como los asuntos medioambientales y la discriminación, incluida la ejercida contra la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
Ante la proximidad de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad rusa de Sochi, miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo están haciendo campaña para poner de relieve el historial de derechos humanos de Rusia, cada vez más deplorable.
“La ‘ley de agentes extranjeros’ tenía como fin estigmatizar y desacreditar a las ONG implicadas en asuntos de derechos humanos, observación de procesos electorales y otras funciones críticas. Proporciona a las autoridades una excusa perfecta para multar y cerrar organizaciones que las critican, y va a interrumpir líneas de financiación que a menudo son vitales”, ha dicho John Dalhuisen.
Las ONG rusas han elevado su voz de forma unánime para negarse a ser calificadas de “agentes extranjeros”. Las “inspecciones» masivas realizadas sin previo aviso a unas 1.000 organizaciones durante la primavera y el otoño de 2013 fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación afines a las autoridades rusas.
Tras ser inspeccionadas, varias ONG y sus dirigentes sufrieron acoso en forma de procedimientos administrativos y judiciales, y se espera que haya más casos.
El equipo de observadores electorales “Golos” (Voz) decidió disolver su organización después de que se les impusieran fuertes multas y se suspendiera su labor durante varios meses en aplicación de la ley. Antes de rendirse, trataron en vano de impugnar la medida punitiva ante los tribunales.
El Centro de Kostroma para el Apoyo de Iniciativas Públicas corrió la misma suerte y tuvo que cerrar ante la imposibilidad de pagar la fuerte multa que se le había impuesto.
El festival de cine LGBTI Bok o Bok (“Juntos”) pagó la multa y a continuación cerró. Para cuando ganó el recurso de apelación ya había dejado de existir oficialmente y no pudo reclamar la devolución del dinero.
Sólo esta semana, cinco ONG con sede en Moscú –Memorial, Veredicto Público, el movimiento “Por los Derechos Humanos”, Jurix y Golos– han comparecido ante los tribunales para intentar neutralizar la presión ejercida contra ellos por las autoridades mediante la llamada ‘ley de agentes extranjeros’”. Las vistas judiciales de sus casos se han aplazado; otras muchas ONG de toda Rusia han tenido que presentarse ante los tribunales desde abril por la misma razón.
Desde que se promulgó la “ley de agentes extranjeros”:
• las autoridades rusas han llevado ante los tribunales al menos a una decena de ONG por no inscribirse como “organización que desempeña las funciones de un agente extranjero”;
• al menos otras cinco ONG de toda Rusia han tenido que comparecer ante un tribunal después de sufrir “inspecciones” por supuestas infracciones administrativas, como no haber presentado la documentación solicitada;
• al menos 10 ONG rusas han recibido orden de acatar la “ley de agentes extranjeros”;
• y se ha advertido oficialmente al menos a 37 ONG de que incurrirán en una violación de la ley si siguen recibiendo financiación extranjera y participando en lo que se define arbitrariamente como “actividades políticas”. Eso incluye la publicación en línea de materiales sobre derechos humanos en Rusia, así como no inscribirse como “agentes extranjeros”.
Dirigentes de ONG rusas han explicado a Amnistía Internacional su frustración ante la ley.
El grupo de defensa de derechos “Alianza de Mujeres del Don” aconseja a los residentes locales sobre asuntos que afectan a su vida cotidiana: familia, trabajo, vivienda y pensiones. La organización debe comparecer ante un tribunal la semana que viene por negarse a inscribirse como “agente extranjero”.
“No tenemos que avergonzarnos ni sentirnos culpables por nada. Estamos orgullosos de nuestra labor. El cierre de nuestra organización afectará a muchísimas personas”, ha explicado Valentina Cherevatenko, dirigente de la Alianza.
Lev Ponomaryov, dirigente del movimiento ruso “Por los Derechos Humanos”, dijo lo siguiente a Amnistía Internacional: “Si tenemos que cerrar, miles de personas de toda Rusia sufrirán las consecuencias. Si obligan a cerrar a otras ONG, decenas de miles de personas sufrirán. La sociedad civil estará condenada.”
“La ‘ley de agentes extranjeros’ vulnera la obligación nacional e internacional de Rusia de proteger el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y debe ser abolida de inmediato”, ha dicho John Dalhuisen.
