Rusia, con la adopción de la ley sobre “organizaciones indeseables”, está decidida reforzar la draconiana represión que está asfixiando a la sociedad civil. Así lo han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El proyecto de ley, aprobado hoy en su segunda lectura por la cámara baja del Parlamento ruso (la tercera lectura es una mera formalidad técnica), permitirá al Estado prohibir las actividades de las organizaciones no gubernamentales extranjeras o internacionales de las que se considere que están socavando la “seguridad del estado”, la “defensa nacional” o el “orden constitucional”. También castigará a los activistas y grupos de la sociedad civil rusos por mantener vínculos con esas organizaciones “indeseables”.
“Este proyecto de ley es el episodio más reciente de la represión sin precedentes contra las organizaciones no gubernamentales que, en la práctica, está criminalizando la actividad legítima y asfixiando la libertad de expresión y asociación”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Muchos nos preguntan: ¿está este proyecto de ley dirigido a grupos internacionales de derechos humanos como el suyo? Pero lo cierto es que no cabe duda de que sus objetivos principales son los activistas rusos y las organizaciones independientes rusas”, ha manifestado Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
Las organizaciones cuyas actividades se consideren una “amenaza” no podrán abrir sus oficinas en Rusia, y las que ya tienen presencia en el país se enfrentarán al cierre. La ley prohibirá además la difusión de materiales por vías tales como los medios de comunicación e Internet.
Si la organización se considera “indeseable”, ya no podrá organizar proyectos o actividades en Rusia o participar en ellos. Las organizaciones locales tendrán que renunciar a cualquier fondo procedente de esos grupos indeseables. Los bancos y otras organizaciones financieras tendrán que negarse a realizar transacciones con ellos y deberán informar de esa negativa a un organismo encargado de vigilar el blanqueo de dinero.
Las personas con ciudadanía rusa que sigan “relacionándose” con organizaciones indeseables se enfrentarán primero a fuertes multas administrativas y, si reciben dos sanciones administrativas durante un mismo año, podrían ser sometidas a procesamiento penal con multas de hasta 500.000 rublos, restricciones de las actividades y la circulación e incluso una pena de hasta seis años de prisión.
El proyecto de ley, que parece estar concebido para su implantación selectiva, no aclara qué se entiende por “relacionarse” con una organización indeseable. Es probable que las autoridades interpreten que distribuir informes y otros materiales de “organizaciones indeseables”, por medios físicos y online, comunicarse con representantes de esas organizaciones o participar en eventos internacionales conjuntamente con ellas equivale a “relacionarse” con ellas y dé lugar a sanciones contra activistas y grupos rusos.
El procedimiento para declarar “indeseable” una organización no es transparente, y una organización puede no descubrir que es “indeseable” hasta que no se vea incluida en la lista. No existen procedimientos para impugnar la decisión o para excluir a la organización de la lista. La decisión de incluirla se tomará con efecto inmediato y sin aviso previo.
“Este último proyecto de ley vino precedido de la ley de agentes extranjeros aprobada en julio de 2012, que se ha utilizado para marginar y demonizar a cerca de 60 organizaciones, entre las que se encuentran destacados grupos de derechos humanos del país. Varias de estas organizaciones optaron por cerrar, antes que soportar el estigma de ser designadas agentes extranjeros”, ha manifestado Hugh Williamson.
“Estas nuevas y severas restricciones forman parte de una oleada cada vez más represiva que está sofocando la libertad de palabra, negando el espacio para el debate y asfixiando la libertad de expresión en Rusia. Instamos al Parlamento ruso a reconsiderar este draconiano proyecto de ley y retirarlo”, ha declarado John Dalhuisen.
