La decisión anunciada hoy por el Tribunal de Apelación en Londres de permitir que siga adelante una demanda por entrega ilegal, tortura y otros malos tratos obliga al gobierno británico a responder a las acusaciones sobre el papel que desempeñó en un caso tristemente famoso. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Abdul Hakim Belhaj y Fatima Boudchar, matrimonio, reclaman justicia por su secuestro en 2004 y su entrega ilegal a Libia, donde fueron detenidos y sometidos a tortura y malos tratos a manos de los gobiernos estadounidense y libio, con el conocimiento y la cooperación de autoridades británicas.
“El gobierno alegó que las autoridades británicas no debían ser consideradas responsables de su implicación en violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, ya que esos actos ilegales se habían cometido en cooperación con un gobierno extranjero y fuera de Reino Unido. El Tribunal de Apelación ha rechazado de plano este argumento”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia
Central de Amnistía Internacional.
“Al permitir que el caso vaya a juicio, el Tribunal ha resuelto que el gobierno británico debe responder de las acusaciones de graves violaciones de derechos humanos. Los responsables de estos actos deben rendir cuentas, y las víctimas deben tener acceso a la justicia.”
“No sólo es una sentencia importante, además es la correcta. No debe permitirse que los Estados oculten su complicidad en actos de tortura apelando a doctrinas legales concebidas para preservar las buenas relaciones entre Estados. La sentencia de hoy prepara el camino para lograr una rendición auténtica de cuentas en Reino Unido, algo que tenía que haberse producido hace ya mucho tiempo.”
Amnistía Internacional había intervenido en el caso junto con la Comisión Internacional de Juristas, JUSTICE y REDRESS.
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