A casi cuatro años del desalojo que desencadenó la muerte de 17 personas -11 campesinos y seis policías- en el distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, Amnistía Internacional reitera su preocupación por la falta de una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del caso.
Tras los hechos sucedidos en junio de 2012, 14 campesinos y campesinas -entre ellos dos menores de edad- fueron acusados de varios delitos relacionados con el desalojo y la ocupación de tierra. De ellos, un adolescente fue condenado a dos años de prisión con suspensión de la condena. Actualmente, el juicio oral y público contra 11 campesinos, hombres y mujeres, se encuentra en su etapa final.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación en diferentes oportunidades ante el rechazo del Ministerio Público de investigar las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, quienes han sido señalados, por los abogados defensores y por organizaciones nacionales de derechos humanos, de haber disparado contra los campesinos. El Ministerio Público no ha explicado de manera convincente los motivos por los cuales no ha abierto estas líneas de investigación, ignorando asimismo alegaciones sobre el manejo indebido de la escena del crimen.
De forma preocupante, el juicio ha versado únicamente sobre la muerte de los seis policías. Sin embargo, ninguna persona ha sido investigada por la muerte de los 11 campesinos, ni tampoco ha sido acusada ninguna persona por las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante la detención policial, hechas por varios campesinos.
En virtud de las obligaciones internacionales que el Estado de Paraguay ha adquirido, las autoridades están obligadas a realizar investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, y deben garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso a una reparación adecuada. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que, ante casos de privación de la vida, los Estados tienen la obligación de investigar efectivamente los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de lo contrario, se generarían las condiciones para que tales hechos se repitan en un ambiente de impunidad.
Amnistía Internacional reitera su llamado al Estado paraguayo a investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todos los hechos de privación de la vida, así como las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas en el marco de los hechos de junio de 2012 y a asegurar que los responsables comparezcan sin dilación ante la justicia. Asimismo, Amnistía Internacional insta a Paraguay a garantizar un juicio apegado al respeto al derecho al debido proceso de todas las personas acusadas.
