Autoridades paraguayas siguen sin garantizar a la niña abusada de 10 años, que una junta médica interdisciplinaria la evalúe de manera integral y garantice todos sus derechos humanos, particularmente, su derecho a la vida, la salud y la integridad física y psicológica.
Han transcurrido más de dos semanas desde que se descubrió que la niña de 10 años estaba embarazada de 21 semanas a consecuencia de la violación sufrida a manos de su padrastro. La niña ha sido enviada a un hogar de niñas madres.
A pesar de los pedidos reiterados por parte de organizaciones de derechos humanos y después de que más de 150.000 miembros y activistas de Amnistía Internacional de todo el mundo han firmado una petición en apoyo a las opciones que el Estado paraguayo debe brindar a esta niña. La junta interdisciplinaria encargada de evaluar la situación de la niña, continúa sin entrar en funciones.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el embarazo en adolescentes es peligroso, y que en Latinoamérica el riesgo de muerte materna es 4 veces más alto en adolescentes menores de 16 años que en mujeres de más de 20.
“El Estado paraguayo tiene la obligación de garantizar a las niñas víctimas de abuso sexual, el acceso efectivo a una salud integral, a través de un abordaje multidisciplinario” señaló Rosalía Vega, directora ejecutiva de la sección paraguaya de Amnistía Internacional.
“Es urgente además que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice los derechos humanos de la niña. Cada minuto que pasa es vital en el resguardo de una situación que viene sometiendo a esta niña a más abusos y violencia” finalizó diciendo Vega.
La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), compuesta por 30 organizaciones de la sociedad civil, pasados días ha manifestado a través de un comunicado público que “requiere al Estado adoptar las medidas acordes al interés superior y protección de NNA para promover la recuperación integral, reinserción familiar y social de las víctimas, instalando procedimientos especiales y especializando jueces, fiscales, defensores, auxiliares de justicia, trabajadores sociales, pediatras y psicólogos del servicio de salud.”
Asimismo, la acción urgente lanzada por Amnistía Internacional solicita se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la violación de la niña y hacer rendir cuentas a los responsables del abuso.
Información adicional:
El 21 de abril, una niña de 10 años llegó con su madre al Hospital Materno Infantil de Trinidad, en Asunción, capital de Paraguay, quejándose de dolor de estómago. Al examinarla, se determinó que estaba embarazada de 21 semanas. El embarazo de la niña es consecuencia de haber sido violada por su padrastro.
Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente el pasado 28 de abril 2015. Véase Acción Urgente
