Las investigaciones sobre la muerte de 17 personas, ocurrida en Paraguay hace dos años durante un desalojo forzoso, han estado totalmente sesgadas a favor de la policía. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
El 15 de junio de 2012, 11 campesinos y 6 policías murieron cuando más de 300 agentes de policía, muchos de ellos armados, acudieron a desalojar a unos 90 campesinos que ocupaban unas tierras en el distrito de Curuguaty, Paraguay. Aunque 12 personas serán juzgadas la semana que viene por el homicidio de los policías y otros delitos relacionados con ellos, ningún agente ha sido acusado de la muerte de los campesinos.
“Es horrible que, dos años después de este trágico suceso, no se haya llevado a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. Las autoridades paraguayas deben corregir este desequilibrio e investigar a fondo a todos los responsables de las muertes, de los dos bandos implicados en aquella violencia”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
Las declaraciones de testigos recopiladas por Amnistía Internacional en los meses que siguieron a la violencia sugieren que algunos de los campesinos recibieron disparos en circunstancias sospechosas, cuando la violencia principal ya había remitido. También ha habido denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, así como de tortura, malos tratos y detención arbitraria.
Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal general se centraron únicamente en la responsabilidad de los campesinos implicados, y justificaron la violencia ejercida por la policía considerándola defensa propia. Los testimonios incluidos en la investigación procedían principalmente de policías y otros funcionarios, y se dio poca importancia a los testimonios de los campesinos.
Dos años después de la violencia de Curuguaty, Amnistía Internacional sigue pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las muertes, y que las autoridades garanticen un juicio justo para los acusados.
“No se puede hacer justicia sin una investigación exhaustiva sobre el papel desempeñado tanto por la policía como por los campesinos implicados. Sin una investigación así, existe un riesgo real de que los responsables de estas trágicas muertes queden impunes”, ha manifestado Guadalupe Marengo.
Información complementaria:
Durante el examen al que se sometió Paraguay ante el Comité de Derechos Humanos en marzo de 2013, el Comité recomendó al Estado que llevara a cabo investigaciones imparciales e independientes sobre las muertes y sobre todos los incidentes relacionados con ellas denunciados por las víctimas, especialmente la tortura, las detenciones arbitrarias y la posible violación del proceso debido.
En junio, Amnistía Internacional envió una carta al fiscal general en la que destacaba sus principales motivos de preocupación respecto a las investigaciones y pedía al fiscal que realizara un examen exhaustivo en torno a la investigación.
