Los planes declarados de Pakistán de ejecutar a 500 personas más son “muy preocupantes” y no servirían en absoluto para proteger a los civiles del conflicto con los talibanes; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Esta información viene precedida de la ejecución de seis personas en los últimos cuatro días, tras el mortífero ataque perpetrado por los talibanes en una escuela de Peshawar.
“El número de ejecuciones previstas, según informes, es muy preocupante y supone un gran retroceso para un gobierno que hasta la semana pasada mantenía una suspensión de las ejecuciones”, ha dicho David Griffiths, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
“Pakistán vivió una tragedia espantosa en Peshawar la semana pasada, pero recurrir a la pena de muerte y amenazar con llevar a cabo un gran número de ejecuciones no soluciona sino que enmascara los problemas subyacentes que debe abordar el gobierno: la violencia y los abusos contra los derechos humanos a los que están gravemente expuestas las comunidades residentes en el noroeste de Pakistán.”
Según informaron altos cargos del gobierno paquistaní a la agencia de noticias AFP, 500 presos convictos habían “agotado todas las vías de apelación” y serían ejecutados “en las próximas semanas”.
Los medios de comunicación paquistaníes han informado asimismo de que está previsto que 55 personas condenadas por delitos de terrorismo sean ahorcadas en los próximos días tras haber sido rechazadas sus peticiones de indulto.
“La velocidad con que se están realizando estas ejecuciones suscita importantes dudas en cuanto al examen de las peticiones de indulto, que es la última salvaguardia en los casos de pena de muerte, en un país donde los juicios son sistémicamente defectuosos”, ha dicho David Griffiths.
“Ejecutar a los condenados a muerte no sólo no servirá para proteger a los civiles atrapados en el conflicto, sino que puede hacer que aumenten unos índices de violencia ya muy elevados en Pakistán.”
El viernes se llevaron a cabo las primeras ejecuciones en Pakistán desde 2012: dos hombres condenados por su participación en dos atentados talibanes distintos fueron ahorcados. Otras cuatro personas han sido ejecutadas posteriormente.
El gobierno levantó la suspensión de las ejecuciones la semana pasada para las personas juzgadas por cargos de terrorismo en respuesta al ataque talibán contra una escuela de Peshawar en el que murieron al menos 142 personas.
Desde entonces, el Ministerio del Interior ha remitido al presidente cientos de peticiones de indulto relacionadas con casos de terrorismo.
Una vez rechazadas sus peticiones de indulto, los presos corren peligro de ejecución inminente.
En Pakistán, muchas condenas de muerte se dictan tras juicios que incumplen las normas internacionales sobre juicios justos.
Uno de los condenados a muerte es Shafqat Hussein, quien tenía 14 años en el momento de su detención. Sus abogados afirman que fue declarado culpable en función de una sola prueba: una “confesión” obtenida tras la aplicación de tortura durante nueve días.
El derecho internacional prohíbe la tortura y la imposición de la pena capital a personas que eran menores de 18 años en el momento de cometer el delito, y garantiza el derecho de todas las personas a un juicio con las debidas garantías.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
