El gobierno paquistaní no debe ceder al miedo y la ira tras la tragedia de la escuela de Peshawar, y debe mantener su moratoria de las ejecuciones. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional después de la promesa del primer ministro Nawaz Sharif de reanudar las ejecuciones para delitos relacionados con el terrorismo.
“El ataque de ayer es absolutamente censurable, y es imperativo que los responsables de esta inimaginable tragedia comparezcan ante la justicia. Sin embargo, recurrir a la pena de muerte no es la respuesta: nunca es la respuesta”, ha manifestado David Griffiths, director adjunto del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
El anuncio de Nawaz Sharif se produjo al día siguiente de que al menos 142 personas –132 de ellas niños– murieran a manos de integristas talibanes en una escuela gestionada por el ejército en la ciudad noroccidental de Peshawar.
“Como es lógico, Pakistán está atenazado por el miedo y la ira tras estos ataques. Sin embargo, el levantar la moratoria de las ejecuciones parece una reacción refleja que no aborda el núcleo central del problema: la falta de protección efectiva para la población civil en el noroeste de Pakistán”, ha manifestado David Griffiths.
“Es ahí donde el gobierno debería centrar sus energías, no en perpetuar el círculo de violencia con la reanudación de las ejecuciones.”
Amnistía Internacional pide que los responsables de ataques indiscriminados y ataques contra civiles, incluido el ataque de Peshawar, sean investigados y procesados en juicios que cumplan las normas internacionales de justicia procesal, pero sin recurrir a la pena de muerte.
“No hay pruebas de que la pena de muerte tenga un especial efecto disuasorio respecto a los delitos castigados con ella comparada con otras formas de castigo”, ha manifestado David Griffiths.
«La pena capital no es la respuesta a la situación de orden público de Pakistán, y no servirá para abordar la delincuencia o el integrismo en el país.”
Pakistán renovó su moratoria de las ejecuciones en octubre de 2013 y no ha ejecutado a nadie desde el ahorcamiento de un soldado en noviembre de 2012; el último ahorcamiento civil tuvo lugar a finales de 2008. En la actualidad hay decenas de personas condenadas a muerte por delitos relacionados con el terrorismo en el país.
En Pakistán, muchas condenas de muerte se imponen tras juicios injustos caracterizados por la falta de acceso a asistencia letrada y por la aceptación de pruebas que serían inadmisibles según el derecho internacional.
“Al ampliar el año pasado su moratoria de las ejecuciones, Pakistán actuó correctamente y transmitió un mensaje de respeto por los derechos humanos. El Estado eligió alinearse con la gran mayoría de los países que han rechazado la pena de muerte en la ley o en la práctica por considerarla el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante”, ha manifestado David Griffiths.
“En un momento en el que el sistema de justicia de Pakistán lucha por hacer frente a la situación de orden público, puede resultar fácil pensar en la pena de muerte como una solución rápida. Pero, en lugar de reanudar las ejecuciones, Pakistán debe buscar soluciones a largo plazo que traigan consigo mejoras sistémicas en la administración de la justicia penal.”
A día de hoy, 140 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características del condenado, o del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
