La decisión de un tribunal paquistaní de confirmar la pena de muerte de una mujer cristiana declarada culpable de blasfemia es una grave injusticia, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
El Tribunal Superior de Lahore ha rechazado hoy la apelación contra la condena de muerte de Asia Bibi, que le fue impuesta en 2010 por unas observaciones presuntamente despectivas que había hecho sobre el profeta Mahoma durante una discusión con una mujer musulmana.
“Es una grave injusticia –ha señalado David Griffiths, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía–. Además, Asia Bibi nunca debería haber sido declarada culpable, y mucho menos condenada a muerte, y el hecho de que pueda tener que pagar con su vida por una discusión es repugnante.”
“La falta de garantías en el juicio de Asia Bibi fue motivo de grave preocupación, y según la información disponible, su salud física y mental se ha deteriorado mucho durante los años que lleva condenada a muerte, recluida en casi total aislamiento. Tiene que ser puesta en libertad de inmediato, y debe anularse su sentencia condenatoria.”
Tras el fallo pronunciado hoy, el abogado de Asia Bibi ha afirmado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
El 4 de enero de 2011, el gobernador de Punyab, Salmaan Taseer, fue víctima de homicidio. Lo mató uno de sus guardias de seguridad por hacer campaña en favor de Asia Bibi y criticar la legislación de Pakistán sobre la blasfemia. Asimismo, el 2 de marzo de 2011, los talibanes paquistaníes mataron al ministro para las Minorías, Shahbaz Bhatti, quien también criticaba abiertamente la legislación sobre la blasfemia.
“La legislación se utiliza a menudo para dirimir rencillas personales, tanto contra miembros de minorías religiosas contra musulmanes, y las personas contra quienes se presentan cargos suelen ser víctimas de violencia comunitaria. Quienes critican abiertamente las leyes se enfrentan a terribles represalias. Sin embargo, la legislación sobre la blasfemia viola el derecho internacional y debe ser derogada o reformada de inmediato para hacerla compatible con las normas internacionales”, ha explicado David Griffiths.
