La ejecución de dos hombres que habían sido declarados culpables de delitos sin relación con el terrorismo constituye una alarmante y peligrosa escalada del uso de la pena de muerte en Pakistán desde que se anuló su suspensión en diciembre del año pasado, ha manifestado Amnistía Internacional.
Muhammad Riaz y Muhammad Fiaz han sido ahorcados esta mañana en la prisión central de Mirpur, región de Azad Jammu y Cachemira. Habían sido declarados culpables del asesinato del hijo del presidente de la Asociación del Abogados del Tribunal Supremo, cometido en 2004, y condenados a muerte en 2005.
El 17 de diciembre de 2014, tras la matanza del colegio de Peshawar, se anuló la suspensión de las ejecuciones vigente en Pakistán, en el caso de los presos declarados culpables de delitos de “terrorismo” por los tribunales antiterroristas. Sin embargo, los ahorcamientos de hoy marcan el principio de las ejecuciones de presos condenados por los tribunales ordinarios.
“Las ejecuciones de hoy anuncian una alarmante y peligrosa escalada del uso de la pena de muerte en Pakistán desde que se anuló su suspensión –ha señalado David Griffiths, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía–. El gobierno parece haber obrado en contra de su propia política de ejecución sólo por delitos de terrorismo”.
“Desde diciembre del año pasado, el gobierno ha ejecutado ya a 24 personas. Debe poner fin de inmediato a esta sucesión de homicidios y reinstaurar la suspensión de la pena de muerte con miras a su abolición definitiva. Pakistán tiene una de las poblaciones de condenados a muerte mayores del mundo: hay más de 8.000 vidas en peligro.”
Muhammad Riaz y Muhammad Fiaz fueron juzgados sin garantías. Su recurso ante el Tribunal Supremo se rechazó en 2006 por razones técnicas, al no querer ningún abogado defenderlos ni comparecer ante el tribunal en su nombre por temor a no poder ejercer luego su profesión o a sufrir represalias de la Asociación de Abogados del Tribunal Supremo.
“El sistema de justicia de Pakistán adolece de graves deficiencias. El uso frecuente de la tortura para obtener “confesiones, la falta de acceso a abogados y la larga duración de la prisión preventiva son algunas de las que consideramos motivo de preocupación –ha afirmado David Griffiths–. La pena de muerte es siempre una violación de los derechos humanos, pero la honda preocupación existente en torno a la celebración de juicios justos en Pakistán hace que su uso resulte aún más preocupante”.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y en todas las circunstancias, con independencia de la naturaleza del delito, las características de su autor y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización considera que la pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
