A pesar de los grandes avances en diferentes países a favor de la realización y el disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales, y en específico de los derechos sexuales y reproductivos, aún en esta época ocurre que una persona que mantiene relaciones con otra del mismo sexo puede ser penalizada hasta con la pena capital. El más reciente informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo 2016/17 detalla como muchos gobiernos mantienen políticas de Estado de discriminación y ataque contra lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI), siendo el denominador común ejecuciones autorizadas por las mismas autoridades y crímenes de odio que no son investigados, más bien, promovidos dentro de la sociedad.
En países como Venezuela no hubo avances en la legislación para garantizar la igualdad de derechos, como ofrecer la posibilidad de que una persona cambiara el nombre, el género y otros datos en los documentos oficiales a fin de que se ajustaran a la identidad de género, o tipificar como delito los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de género, mientras en países como Nigeria continuó en vigor la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. La policía siguió deteniendo a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI). Los hombres considerados gays sufren ataques de muchedumbres y eran sometidos a chantaje y extorsión.
Asesinatos ante la vista gorda de las autoridades
Por poner solo un ejemplo, en Sudáfrica continuaron los crímenes de odio —tales como homicidios y agresiones— la apología del odio y la discriminación contra personas LGBTI. Un gran número de ataques de esta índole no se denunció a la policía. En marzo, Lucia Naido murió apuñalada en Katlehong (Ekurhuleni). La policía de Katlehong abrió una investigación por asesinato que continua en curso. En abril, un hombre joven abiertamente gay, Tshifhiwa Ramurunzi, fue atacado y herido de gravedad en Thohoyandou (provincia de Limpopo). Su agresor fue acusado de intento de asesinato. El 6 de agosto se encontró en Potchefstroom (provincia del Noroeste), el cuerpo de Lesley Makousaan, estudiante de 17 años abiertamente gay; lo habían estrangulado.
En Sri Lanka las personas LGBTI sufrían hostigamiento, discriminación y violencia.
En Georgia, una mujer transgénero murió en un hospital a consecuencia de las lesiones sufridas al ser agredida y golpeada por dos hombres. Una ONG local de derechos de las mujeres informó de que había documentado al menos 35 agresiones a mujeres LGBTI a lo largo del año. La oficina del Defensor del Pueblo se unió a grupos locales de defensa de los derechos para expresar su preocupación por la falta de investigación efectiva y rendición de cuentas en los delitos contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
En América las mejoras legislativas e institucionales en algunos países —como el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo— no se tradujeron necesariamente en una mayor protección frente a la violencia y la discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. En países como Argentina, y Estados Unidos se mantuvieron niveles elevados de crímenes de odio, apología del odio y discriminación, así como asesinatos y persecución, contra activistas LGBTI.
En Honduras los defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI estuvieron particularmente expuestos a sufrir amenazas y agresiones. René Martínez, presidente de la Comunidad Gay Sampedrana en la ciudad de San Pedro Sula, fue hallado muerto el 3 de junio; su cadáver presentaba señales de tortura.
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en El Salvador eran frecuentemente blanco de abusos, intimidación y violencia a causa de su orientación sexual o identidad de género. En particular, las mujeres transgénero, que a menudo enfrentan grandes obstáculos para acceder a la justicia debido a la discriminación, sufren violencia y extorsión a manos de las maras. Al no poder hallar protección ni justicia, algunas personas LGBTI huyen del país porque era el único modo de dejar atrás la violencia.
Las ONG peruanas registraron un total de 43 casos de “riesgo para la seguridad personal” (casos de amenazas e intimidación) y 8 asesinatos de personas LGBTI. No obstante, debido al cambio de gobierno y a la renovación del Congreso, no se aprobó una reforma del Código Penal que tipificara como delito la discriminación y las agresiones por motivos de orientación sexual e identidad de género.
En septiembre, en Haití, se dirigieron amenazas públicas, incluso por parte de varios parlamentarios, contra las personas y ONG que estaban organizando un Festival de Cine LGBTI. En septiembre, el fiscal de Puerto Príncipe ordenó la cancelación del festival por motivos de seguridad. Durante los días siguientes hubo un notable incremento de las denuncias de ataques homófobos.
El gobierno jamaiquino no otorgó ningún tipo de protección jurídica frente a la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género o en la presunta orientación sexual o identidad de género. Los integrantes jóvenes del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales continúan haciendo frente a intimidación y hostigamiento debido a la falta de protección legal. Las relaciones sexuales consentidas entre hombres siguieron estando penalizadas. Una encuesta publicada por J-FLAG concluyó que en la sociedad jamaicana tenia actitudes homófobas firmemente arraigadas. Por ejemplo, sólo el 36% de la población encuestada afirmó que permitiría a un hijo gay seguir viviendo en casa. Casi el 60% de las personas encuestadas dijeron que harían daño a una persona LGBTI si se les acercara.
Encarcelamientos, funcionarios abusivos y políticas draconianas
En Bahréin, Egipto, Irán, Marruecos y Túnez se detiene y encarcela a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales por cargos de “actos licenciosos o “conducta inmoral”, y se las persigue en aplicación de leyes que penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo. El Código Penal de Brunéi Darussalam tipifica en su artículo 198 como delito “que un hombre finja ser una mujer o viceversa”.
Las autoridades en Tanzania lanzaron una campaña de represión contra las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) y amenazaron con suspender a las organizaciones que las apoyaban. En agosto se efectuó un registro de las oficinas de la organización Servicios y Trabajo de Incidencia de Educación en Salud Comunitaria (CHESA, por sus siglas en inglés), durante el cual se detuvo a miembros del personal y se confiscaron documentos. En agosto, la policía detuvo a 20 personas LGBTI en Dar es Salam. La mayoría estuvieron recluidas durante más de 48 horas y después quedaron en libertad sin cargos. En noviembre, las autoridades suspendieron los programas comunitarios de prevención del VIH/sida para hombres homosexuales.
En el país africano de Ghana las relaciones sexuales consentidas entre varones siguen siendo delito. Las organizaciones locales denunciaron que las personas LGBTI continúan sufriendo hostigamiento policial, además de discriminación, violencia y casos de chantaje en la comunidad en general. En Kenia, dos hombres elevaron una petición al Tribunal Superior de Mombasa para que declarara inconstitucionales la exploración anal y las pruebas de VIH y hepatitis B a las que habían sido obligados a someterse en 2015. Sin embargo, el tribunal confirmó la legalidad de los exámenes anales practicados a hombres que presuntamente mantuvieran relaciones homosexuales. Las exploraciones anales forzadas vulneraban el derecho a la intimidad y la prohibición de la tortura y otros malos tratos establecida en el derecho internacional.
En Indonesia la discriminación contra las personas LGBTI aumentó a raíz de las declaraciones que en enero realizaron diversas autoridades, de carácter incendiario, manifiestamente inexactas o engañosas sobre la “defensa de la moralidad y la seguridad pública del país”. En febrero, la policía disolvió en Yakarta un taller organizado por una destacada ONG de defensa de los derechos LGBTI, e impidió la celebración de una concentración en favor de los derechos de las personas LGBTI. Ese mismo mes, la Comisión de Radiodifusión Indonesia publicó una carta en la que pedía que, con el fin de “proteger a la infancia”, se prohibieran los programas de radio o televisión que promovieran actividades del colectivo LGBTI. Asimismo, en febrero, en el marco de un ambiente cada vez más hostil hacia las personas LGBTI, la escuela islámica para personas transgénero Al Fatah de Yogyakarta se vio obligada a cerrar debido a actos de intimidación y amenazas provenientes del Frente Islámico Yihadista.
Discriminación incluso en los países desarrollados
En Japón continuó la población LGTBI siendo discriminada, sobre todo en zonas rurales. Una mujer transgénero demandó al Estado por haberle negado inyecciones de hormonas en prisión. Los padres de un estudiante gay de la Universidad de Hitotsubashi (Tokio), que se suicidó cuando revelaron públicamente y sin su consentimiento su orientación sexual y lo sometieron a acoso, demandaron a la universidad y a otro estudiante por daños y perjuicios.
En Europa, específicamente en Portugal, siguieron presentándose violaciones de derechos relacionados con el acceso a los servicios de salud, especialmente para las personas transgénero. Las políticas del Departamento de Salud relativas a garantizar el acceso igualitario a los servicios de salud seguían sin modificarse y, a pesar de que el gobierno permitía cambiar el género en los documentos de identidad del Estado, continuó recibiéndose información sobre incidentes de discriminación en el momento de expedir los documentos de identidad.
Por Daniela Damiano @amnistia
Ilustración principal: Daniel Arzola
