Cincuenta años después de que el líder de oposición marroquí Mehdi Ben Barka fuera secuestrado en París y se convirtiera en víctima de desaparición forzada, Amnistía Internacional manifiesta su solidaridad permanente con su familia y con los grupos marroquíes de defensa de los derechos humanos en su búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación. La organización pide a las autoridades marroquíes y francesas que no escatimen esfuerzos para investigar de manera exhaustiva e imparcial esta desaparición, a la luz de recientes revelaciones. Amnistía Internacional insta a las autoridades francesas a desclasificar toda la información sobre Mehdi Ben Barka que obre en su poder, y pide a las autoridades marroquíes que cooperen plenamente con la investigación que se está llevando a cabo en Francia, con el fin de desvelar la verdad y poner fin a la impunidad. Además, la organización recuerda que, en virtud de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tanto Francia como Marruecos, en su calidad de Estados Partes, tienen la obligación de continuar con la investigación hasta que se haya aclarado plenamente la suerte corrida por la persona desaparecida.
Mehdi Ben Barka fue secuestrado el 29 de octubre de 1965 ante un restaurante en París, y se convirtió en víctima de desaparición forzada. Las autoridades marroquíes lo habían condenado a muerte in absentia el año anterior por conspirar presuntamente contra el rey Hassan II.
En junio de 1967, un tribunal francés declaró culpables de su secuestro a varias personas, entre ellas el entonces ministro del Interior marroquí, general Mohammed Oufkir, y condenó a éste in absentia a cadena perpetua, sin que se revelara la suerte corrida por Mehdi Ben Barka. En 1975 se abrió en Francia una investigación sobre su desaparición que, 40 años después, continúa pendiente. Es la investigación que más tiempo lleva abierta en Francia.
El principal obstáculo parece ser el acceso a la información clasificada que obra en poder de las autoridades francesas, así como a los testigos y sospechosos en Marruecos, y al “PF3” (Point Fixe 3), un antiguo centro de detención secreta situado en la capital, Rabat, donde se sospecha que se encuentran parte de los restos del líder de oposición, según sugieren las memorias recientemente publicadas del juez de instrucción ya jubilado Patrick Ramaël. En julio de 2015, un juez de instrucción francés presentó una nueva petición para buscar la ubicación, pero sin éxito hasta la fecha, según la información publicada en la prensa. Según la información disponible, el juez presentó también una petición para interrogar a un testigo en Israel que este mismo año había hecho unas revelaciones sobre la participación del Mossad en la desaparición.
Mientras tanto, las autoridades marroquíes aún no han llevado a cabo una investigación oficial sobre la suerte corrida por Mehdi Ben Barka. Incluso tras el fallecimiento del rey Hassan II, esta desaparición forzada fue uno de los casos que el órgano de justicia transicional de Marruecos, la Comisión de Equidad y Reconciliación (Instance Equité et Réconciliation, IER), y su Comité de Seguimiento dejaron sin resolver.
Además, la IER no identificó a la persona o personas penalmente responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Marruecos y el Sáhara Occidental y que caracterizaron el periodo conocido como los «años de plomo», entre la independencia de Marruecos en 1956 y el final del reinado de Hassan II en 1999. Resultó decepcionante que el órgano de justicia transicional no pidiera la rendición de cuentas individual por la presunta responsabilidad en estos hechos, aunque recomendó una estrategia nacional para combatir la impunidad que, 10 años después, aún no se ha puesto en práctica.
Tras su visita a Marruecos en septiembre de 2012, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes recomendó que las autoridades marroquíes abrieran investigaciones judiciales sobre «todos los casos revelados por la Comisión de Equidad y Reconciliación de abusos cometidos durante los ‘años de plomo’ (1956–1999)». Sin embargo, los tribunales marroquíes aún no han hecho rendir cuentas a las autoridades presuntamente responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los «años de plomo», entre las que se encuentra la desaparición forzada de Mehdi Ben Barka.
Las autoridades marroquíes ratificaron en 2013 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero no reconocieron la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones presentadas por víctimas ni en favor de éstas, ni tampoco por otros Estados Partes, y hasta el momento no han incorporado la Convención en su legislación nacional, aunque el gobierno ha propuesto reformas legislativas a este respecto. El primer informe del Estado Parte sobre las medidas adoptadas para cumplir sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención debería haberse presentado el pasado mes de junio.
