Debe ponerse en libertad de inmediato y sin condiciones a dos activistas que han sido encarcelados recientemente por haber denunciado que habían sido secuestrados y torturados, ha manifestado Amnistía Internacional.
Wafae Charaf, activista política y de los derechos humanos, fue condenada el pasado martes a un año de prisión y al pago de 1.000 dirhams marroquíes (unos 120 dólares estadounidenses), tras haber sido acusada de denunciar falsamente haber sido secuestrada y torturada por unos desconocidos en abril de este año.
El tribunal le ordenó también pagar 50.000 dirhams (alrededor de 6.000 dólares) de indemnización a la policía de Marruecos por difamación, pese a que la activista no la había acusado.
“Nadie debe ser encarcelado por denunciar tortura, ni debe tipificarse la difamación como delito. Esta sentencia condenatoria es un aviso a toda persona que haya sufrido tortura y otros malos tratos para que se abstenga de denunciarlo y guarde silencio porque podría acabar entre rejas –ha señalado Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Wafae Charaf, de 26 años, activista política de izquierdas y miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), denunció haber sido secuestrada y torturada por unos desconocidos durante varias horas tras asistir a una manifestación obrera en la ciudad de Tánger el 27 de abril de 2014. Dijo que los hombres la habían golpeado y amenazado con más violencia si no ponía fin a su activismo.
Tres días después, tras solicitar en el hospital local un certificado médico donde se documentaban lesiones leves, presentó una denuncia ante las autoridades judiciales, sobre la que la policía judicial de Tánger y la Brigada Nacional de la Policía Judicial (BNPJ) abrieron investigaciones
Sin embargo, el 8 de julio, antes de que hubieran concluido las investigaciones, Wafae Charaf fue detenida, acusada de informar falsamente de un delito y de difamación en virtud de los artículos 263, 264 y 445 del Código Penal.
Tras más de un mes de prisión preventiva, fue declarada culpable de todos los cargos. Un abogado defensor dijo que el tribunal se había negado a citar a testigos clave y no había revelado grabaciones telefónicas que habían sido pruebas fundamentales para dictar la sentencia condenatoria, por lo que se temía que Wafae Charaf hubiera sido sometida a un juicio sin garantías, en el que no pudo impugnar tales pruebas. Actualmente se encuentre recluida en la prisión local de Tánger.
Segunda sentencia condenatoria
La sentencia condenatoria de Wafae Charaf se ha dictado sólo unas semanas después de otra similar pronunciada contra otro activista.
El 23 de julio de 2014, Oussama Housne, de 22 años, miembro también de la AMDH en Casablanca, fue condenado a tres años de prisión tras ser declarado culpable de difamación por una denuncia de tortura presuntamente. Se le ordenó pagar 100.000 dirhams marroquíes (alrededor de 12.000 dólares estadounidenses) de indemnización a la policía de Marruecos por difamación. Actualmente se encuentra recluido en la prisión local de Ukacha, en Casablanca.
Había denunciado haber sido secuestrado y torturado por unos desconocidos cuando se marchaba de una manifestación de solidaridad con activistas detenidos el 2 de mayo de 2014. Dijo que los hombres lo habían quemado con una barra de metal caliente y lo habían violado con los dedos.
Tres días más tarde, unos defensores de los derechos humanos pertenecientes a la sección local de la AMDH grabaron un vídeo donde el activista describía los abusos a que había sido sometido y lo colgaron en YouTube, por lo que las autoridades abrieron una investigación dirigida por la BNPJ.
El 1 de junio, el procurador general de la Corona cerró la investigación, determinó que Housne no había sido torturado y anunció su intención de procesarlo. El activista fue detenido ese mismo día, acusado formalmente de denuncias falsas y difamación en aplicación de los artículos 264 y 445 del Código Penal.
El abogado de Housne ha dicho a Amnistía Internacional que el tribunal no llamó a declarar en el juicio a testigos de descargo clave, por lo que se temía que hubiera sido condenado injustamente. Mientras tanto, se le ordenó pagar a la policía de Marruecos una gran suma en concepto de indemnización, pese a que en sus declaraciones de YouTube sólo se formulaban acusaciones contra desconocidos.
El joven desarrolla también actividades en el seno del movimiento de protesta pacífica 20 de Febrero, que pide mayor respeto de los derechos humanos, democratización y el fin de la corrupción.
Ambos activistas han apelado contra sus sentencias.
“Estas sentencias condenatorias no harán más que reforzar la cultura de impunidad en Marruecos –ha afirmado Said Boumedouha–. Sólo se erradicará la tortura cuando las víctimas puedan denunciarla con seguridad y los responsables sean llevados ante la justicia.”
