Comunicados de prensa
17 junio 2014
La máxima autoridad británica de la lucha antiterrorista se ha visto obligada a revelar una política gubernamental secreta que justifica la vigilancia masiva de todos los usuarios de Facebook, Twitter, YouTube y Google en Reino Unido, según ha anunciado hoy un grupo de organizaciones de derechos humanos.
Las organizaciones han hecho pública esa política –definida en una declaración escrita por Charles Farr, director general de la Oficina para Asuntos de Seguridad y Antiterrorismo– después de presentar un recurso judicial contra el gobierno británico.
El documento revela que la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno, órgano de inteligencia británico, se considera autorizado a interceptar indiscriminadamente las búsquedas en Internet de residentes británicos o las comunicaciones entre residentes británicos.
“La ciudadanía británica se alarmará de ver cómo su gobierno justifica la intromisión en gran escala en sus comunicaciones”, ha dicho Michael Bochenek, director general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“La población debe exigir el fin de esta violación masiva de su derecho a la intimidad.”
Según el planteamiento del gobierno –que hasta la fecha no ha aclarado expresamente–, prácticamente todas las comunicaciones por Facebook y otros sitios de redes sociales, y todas las búsquedas en Internet vía Google, se consideran “comunicaciones externas” puesto que utilizan “plataformas” web radicadas en Estados Unidos.
La distinción entre comunicaciones “internas” y “externas” es fundamental. Con arreglo a la Ley Reguladora de las Facultades de Investigación, que regula las atribuciones de vigilancia de los organismos públicos, sólo se pueden interceptar comunicaciones “internas” en virtud de una orden específica.
Tales órdenes sólo deben dictarse si hay alguna sospecha de actividad ilegal. Sin embargo, se pueden interceptar indiscriminadamente las “comunicaciones externas” de una persona aunque no se sospeche ninguna actividad ilegítima.
“Los servicios de seguridad consideran que tienen derecho a leer, escuchar y analizar todas nuestras comunicaciones por Facebook, Google y otras plataformas con base en Estados Unidos”, ha afirmado James Welch, director de Asuntos Jurídicos de Liberty.
“Si quedaba alguna duda respecto a que la legislación británica sobre fisgoneo requiere una reforma radical, ya no debería quedar ninguna. Estos servicios actúan dentro de un vacío legal y ético, ¿por qué este silencio ensordecedor de nuestros representantes elegidos?
Al definir el uso de Google, Facebook, Twitter y otros medios sociales como “comunicaciones externas”, se priva a los residentes británicos de otras garantías básicas.
Pero además, el planteamiento del gobierno deja margen para que la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno intercepte todas las comunicaciones realizadas dentro y fuera de Reino Unido. El documento parece indicar que:
* La Jefatura de Comunicaciones del Gobierno intercepta todas las comunicaciones –mensajes de correo electrónico, mensajes de texto y comunicaciones a través de “plataformas” como Facebook y Google– antes de determinar si corresponden a la categoría de “internas” o “externas”.
* El gobierno considera que prácticamente todas las comunicaciones a través de Facebook y otros medios sociales, así como las búsquedas en Google, se clasifican siempre como “externas”, incluso cuando son comunicaciones entre dos personas en Reino Unido.
* Clasificar las comunicaciones como “externas” permite al gobierno ver, oír, leer y escudriñar cada una de ellas. La restricción clave en el tratamiento de las comunicaciones que clasifican como “externas” es que no pueden indagar en ellas utilizando palabras clave o términos que aludan a una persona o un domicilio británico concreto.
* A pesar de que el gobierno está llevando a cabo una vigilancia generalizada al interceptar y ver por encima todas las comunicaciones para determinar si son internas o externas, considera que esa interceptación “es menos importante” que el propio acto de leer el contenido de la comunicación, que es cuando el gobierno entiende que “se produce una injerencia importante en la intimidad”.
* El gobierno considera que, aunque haya violaciones de la intimidad, no se trata de una “intromisión activa” porque la persona que analiza o escucha una comunicación terminará por olvidarla de todas formas.
La publicación del documento sucede a las revelaciones de Edward Snowden sobre las actividades de vigilancia digital mundial de Reino Unido.
Los grupos de derechos humanos Privacy International, Liberty, Amnistía Internacional, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles y la organización paquistaní Bytes for All han conseguido el documento como parte de una demanda en curso para determinar el alcance de la vigilancia de su actividad en Internet por parte del gobierno británico.
Charles Farr es el principal testigo del gobierno en la causa y declarará ante el Tribunal de Competencias de Investigación entre los días 14 y 18 de julio 2014. Con el análisis de Farr, es la primera vez que el gobierno comenta abiertamente cómo aprovecha el ambiguo marco jurídico que establece la Ley Reguladora de las Facultades de Investigación para recoger mensajes y entradas en medios sociales a través de su programa de vigilancia masiva, llamado TEMPORA.
Su justificación de la vigilancia generalizada y su explicación de la política de la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno se formulan como una justificación hipotética de unas actividades hipotéticas. El gobierno persevera en su política de “no confirmar ni negar” las actividades que Edward Snowden ha revelado, pese a la ingente cantidad de información y documentos que éste ha sacado a la luz pública.
Entre los documentos filtrados por Edward Snowden está el de asesoramiento jurídico de Jefatura de Comunicaciones del Gobierno en el que sus abogados elogiaban el “blando régimen de vigilancia [del gobierno británico] comparado con el de Estados Unidos”.
“No se puede considerar que los servicios de inteligencia rinden cuentas ante el Parlamento y la ciudadanía a la que sirven cuando sus actos se rodean de confusión mediante interpretaciones secretas de una legislación bizantina”, ha dicho Eric King, director adjunto de Privacy International.
“Además, la insinuación de que las violaciones del derecho a la intimidad no tienen importancia porque el infractor las olvidará posteriormente no sólo atenta contra el carácter fundamental e inalienable de los derechos humanos sino que trata con condescendencia a la población británica, que no va a admitir una excusa tan pobre por la pérdida de sus libertades civiles.”
Consulten la declaración de Charles Farr, director general de la Oficina para Asuntos de Seguridad y Antiterrorismo:
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:
Amnistía Internacional: Max Tucker, encargado de prensa para campañas globales, asuntos temáticos y la ONU, max.tucker@amnesty.org; +44 (0) 7983 563 983
NOTA PARA PERIODISTAS
Legislación
- Según el artículo 8.1 de la Ley Reguladora de las Facultades de Investigación de 2000 (la Ley “RIPA”), las comunicaciones internas entre residentes británicos establecidas dentro de Reino Unido sólo podrán ser vigiladas en cumplimiento de una orden judicial específica. Y estas órdenes concretas sólo deben concederse si existe alguna razón para sospechar que la persona en cuestión realiza una actividad ilegal.
- Las “comunicaciones externas” pueden ser vigiladas de manera indiscriminada en virtud de una “orden general” con arreglo al artículo 8.4 de la Ley RIPA.
- El Tribunal de Competencias de Investigación es el órgano ante el cual se presentan las denuncias relativas a las facultades de intromisión ejercidas en virtud de la Ley Reguladora de las Facultades de Investigación de 2000 (RIPA), y es el único competente para investigar las denuncias sobre cualquier actividad ilegal realizada por los servicios de inteligencia –formados por el Servicio de Seguridad (MI5), el Servicio de Inteligencia Secreto (MI6) y la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ)– o en su nombre. El Tribunal de Competencias de Investigación normalmente celebra sus vistas a puerta cerrada.
Partes
Privacy International y Bytes for All están representadas por Bhatt Murphy Solicitors, Dan Squires (Matrix Chambers) y Ben Jaffey (Blackstones Chambers).
Amnistía Internacional está representada por Kirsty Brimelow, consejera de la reina (QC, por sus siglas en inglés), y Jude Bunting (Doughty Street Chambers).
Liberty, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles, la Asociación Canadiense para las Libertades Civiles, la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, la Unión Húngara por las Libertades Civiles, el Consejo Irlandés para las Libertades Civiles, y el Centro de Recursos Jurídicos (Sudáfrica) están representadas por Matthew Ryder QC (Matrix Chambers) y Eric Metcalfe (Monckton Chambers).
