El hecho de que las autoridades israelíes sigan sin permitir a Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales de derechos humanos el acceso a la Franja de Gaza no tiene más fin que impedir que se informe de las graves violaciones del derecho internacional cometidas, que incluyen posibles crímenes de guerra. Las autoridades israelíes deben facilitar la realización con prontitud de investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas sobre toda denuncia de comisión de tales violaciones.
Desde el 7 de julio, el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional ha presentado a la Administración Civil de Israel, que depende del Ministerio de Defensa, tres solicitudes de permiso para entrar en Gaza por el paso de Erez. En los tres casos, la Administración Civil ha respondido que no puede tramitar las solicitudes y que el paso de Erez está cerrado. Durante todo este tiempo han podido entrar y salir por allí periodistas, personal de la ONU, trabajadores humanitarios y otras personas con permiso.
Para poder entrar, Amnistía Internacional Israel ha pedido ayuda al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, y varios terceros gobiernos han expuesto la cuestión a Israel en nombre de la organización, pero ninguna de estas iniciativas ha dado resultado.
La última vez que las autoridades israelíes concedieron a una delegación de Amnistía Internacional permiso para entrar por el paso de Erez fue en el verano de 2012. Desde entonces se viene comunicando reiteradamente a la organización que debe registrase en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel (donde sólo pueden hacerlo diplomáticos y personal de la ONU) o en el de Bienestar Social. Pueden registrase ante el segundo las organizaciones humanitarias y de desarrollo con oficinas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, pero las condiciones para hacerlo son prácticamente imposibles de cumplir para Amnistía Internacional en tanto que organización internacional de derechos humanos.
La presencia de observadores de los derechos humanos puede impedir que ambos bandos cometan nuevos abusos. El gobierno israelí debe garantizar que se examinan todas las denuncias de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos para garantizar que las víctimas reciben justicia.
