Por: Sandra Taboada, pasante voluntaria de Amnistía Internacional Paraguay
La organización Gente, Ambiente y Territorio (GAT) desarrolla iniciativas de servicios y acompañamiento a comunidades de pueblos indígenas. Desde 1993 esta organización paraguaya cuenta con un equipo interdisciplinario que promueve equidad, respeto a la diversidad cultural, y la conservación ambiental de los pueblos indígenas.
El Ministerio de Hacienda dio a conocer una reducción de casi la mitad del presupuesto destinado al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para el próximo año, el cual se ve afectado en un 40%, especialmente en los rubros destinados a la compra de tierras y territorios.
Gladys Casaccia, coordinadora de la unidad socio ambiental de la institución, nos comenta sobre los compromisos nacionales e internacionales que el Estado se comprometió a cumplir para velar por los derechos de los Pueblos Indígenas y como una reducción del presupuesto al INDI genera perspectivas poco favorables para el año entrante, en lo referente a la restitución y compra de tierras de los Pueblos Indígenas.
Gladys resaltó la noticia de reducción del presupuesto como “desalentadora” y dijo que no guarda relación con los compromisos del Estado paraguayo, estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, y tampoco con las recomendaciones de organismos internacionales. “Las necesidades actuales de los pueblos indígenas requieren una atención privilegiada por parte del Estado y hay garantías establecidas en la Constitución Nacional e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de los Pueblos Indígenas y Tribales, o la Declaración de las Naciones Unidas”, señaló Casaccia.
Subrayó además que al no proveerse un mecanismo que brinde satisfacción a necesidades existentes en las comunidades nativas, que incluyan atención contemplada en los instrumentos internacionales, se evidencia la vulneración a los pueblos indígenas.
La Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Indígenas en Paraguay
La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe sobre su visita a Paraguay ante el consejo de la ONU, manifestó que “el gobierno de Paraguay debe considerar la actual situación de emergencia”, refiriéndose a las necesidades que padecen las comunidades indígenas en nuestro país”.
En ese sentido, Tauli-Corpuz denunció la no aplicación de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos necesarios para su supervivencia y dignidad, los cuales generan conflictos y violaciones de los derechos humanos.
Presupuesto destinado a Tierras indígenas
Por otro lado, Gladys Casaccia indicó que “la reducción no se compadece de las necesidades de los pueblos indígenas y los diagnósticos que conocemos sobre sus condiciones de vida”. “Las organizaciones referentes a los distintos pueblos indígenas ya para el 2015 hablaban de la necesidad de un incremento del presupuesto, y que este sea implementado a las demandas del rubro destinado a tierras, tanto aquellas que tienen sentencias como aquellas que se vienen tramitando desde hace mucho tiempo”, recordó la coordinadora de la unidad socio ambiental del GAT.
Recalcó que en el presupuesto del INDI del año en curso no vieron la ejecución del rubro destinado a la compra de tierras y territorios, lo cual implica un cumplimiento del 0,00%. La no operación del rubro destinado a tierras para el año en curso agrava aún más la situación de los pueblos indígenas para el próximo año, a raíz de la reducción presupuestaria presentada por parte del ejecutivo.
Gladys, en su rol de defensora de los derechos de los pueblos indígenas, exige al Estado paraguayo esfuerzos relevantes para dar cumplimiento a las políticas públicas, y que aplique el Plan Nacional de desarrollo 2030, planteado por la actual administración de gobierno. En el documento se resaltan las desigualdades que padecen las comunidades indígenas del país, y se proponen estrategias para lograr un desarrollo social equitativo.
Entre sus metas se incluye un crecimiento económico inclusivo y de igualdad de oportunidades. Además, se proyecta una fuerte inversión destinada al crecimiento de los grupos vulnerables, en especial el sector de los pueblos indígenas.
