La enérgica respuesta de la directora de política exterior de la UE, Federica Mogherini, a la discriminatoria orden ejecutiva del presidente Trump –que prohíbe la entrada de toda persona procedente de siete países predominantemente musulmanes y suspende el programa estadounidense de reasentamiento de personas refugiadas– destaca como raro ejemplo de liderazgo europeo.
De un plumazo, Trump ha dejado atrapadas en aeropuertos y separadas de sus familias y comunidades a innumerables personas, muchas de las cuales llevan años viviendo en Estados Unidos.
Europa espera que, cuando Mogherini viaje el miércoles a Estados Unidos para reunirse con el nuevo gobierno, se mantenga firme en su mensaje de que toda forma de discriminación es inaceptable.
Mogherini ha prometido continuar acogiendo a personas refugiadas, señalando: “Es parte de nuestra identidad: Nos alegramos cuando se derriban muros y se tienden puentes.”
Aunque encomiables, las palabras de Mogherini sonarán huecas si la Unión Europea no revisa sus crueles políticas sobre las personas refugiadas y migrantes para hacerlas compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. No se están derribando muros en Europa.
“Es como una cárcel; no puedo respirar”, con estas desgarradoras palabras se expresaba en 2016 Heda, refugiada siria que buscaba protección en Europa. Los muros son una preocupante realidad en los centros de detención donde Heda y sus dos hijos esperaban para ser devueltos a Turquía.
Las personas solicitantes de asilo que se hallan atrapadas en Belgrado e intentan desesperadamente sobrevivir a las frías temperaturas quemando basura en los almacenes donde viven también pondrían en duda la versión que ofrece Mogherini de la realidad. Desde su llegada a Europa, cualquiera que sea el camino que hayan tomado, los muros y las vallas les han cerrado siempre el paso.
La prohibición del presidente Trump es una tragedia para las personas refugiadas en todo el mundo, y también para los países que las acogen. Sanciona a las personas que mayor riesgo corren del mundo. Las críticas de Mogherini son loables y necesarias, especialmente si se tiene en cuenta el llamativo silencio de parte de sus colegas, que han tardado en responder al mazazo catastrófico de Trump a la protección de las personas refugiadas.
Sin embargo, resulta hipócrita que la UE critique al gobierno estadounidense sin reconocer su propias restricciones a la entrada de personas refugiadas y migrantes a Europa.
El acuerdo UE-Turquía, que entró en vigor en marzo del año pasado, tenía por objeto enviar de regreso a este país a toda persona de Siria llegada de manera irregular a las islas griegas con la falsa excusa de que Turquía es un lugar seguro para las personas refugiadas. Los países miembros de la UE accedieron a aceptar a una persona refugiada de Siria de Turquía por cada persona siria devuelta allí desde las islas griegas, pero cuesta creer que este trato fuera una expresión genuina de solidaridad con las personas refugiadas –o con Turquía–. Hay más de 2,8 millones de personas refugiadas de Siria en Turquía ahora mismo. La UE ha aceptado hasta ahora a poco más de 3.000 en virtud del acuerdo.
Los abusos contra los derechos humanos son parte intrínseca del acuerdo UE-Turquía, con arreglo al cual personas que tienen derecho legalmente a solicitar protección son enviadas a un país donde no pueden garantizarse su seguridad ni sus derechos básicos.
Asimismo, las personas atrapadas en las islas griegas son detenidas automáticamente y sometidas a precarias condiciones de vida, en las que temen por su seguridad. El acceso a los procedimientos de concesión de asilo sigue siendo problemático, y muchas personas llevan meses esperando incluso para presentar su solicitud de asilo. Amnistía Internacional ha documentado también devoluciones ilícitas de solicitantes de asilo a Turquía, que violan flagrantemente los derechos que les garantiza el derecho internacional.
Los líderes de la UE, incluida la propia Mogherini, decían antes que era impensable un acuerdo similar con Libia. La semana pasada, lo impensable se hizo realidad y la UE e Italia declararon que habían negociado acuerdos con Libia.
Para las personas que huyen de Libia, tales acuerdos significan que, en vez de que presentar sus solicitudes en Europa para que las tramiten y examinen allí, serán devueltas a Libia –el país para escapar del cual han puesto en peligro su vida– por la guardia costera libia. Hasta ahora no se ha dicho nada sobre lo que les ocurrirá a continuación, pero sabemos que la gran mayoría de las personas refugiadas y migrantes que hay en Libia están recluidas en centros de detención infrahumanos, donde corren riesgo de sufrir violaciones, tortura y hambre.
Miles de ciudadanos y ciudadanas europeos salieron a la calle para protestar por la prohibición de Trump de viajar a Estados Unidos. Los líderes de la UE también están recibiendo mayor presión popular para que promuevan y protejan el derecho internacional. Sin embargo, mientras la UE continúe con sus mal concebidas e inhumanas políticas migratorias, se corre el riesgo de que las voces de los líderes europeos que critican a Trump no se escuchen.
Iverna McGowan es la directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas
