Amnistía Internacional insta a las autoridades dominicanas a que garanticen que nadie que haya nacido en República Dominicana sea expulsado del país. Esta petición llega después de que el gobierno anunciara el 14 de agosto que reanudaría las operaciones para detener y deportar a “extranjeros que se encuentren ilegales” en el país. Las expulsiones empezaron tras una suspensión de 18 meses que había establecido el gobierno.
Desde que el 17 de junio terminara el plan de regularización de las personas migrantes, las autoridades dominicanas han informado del retorno voluntario de decenas de miles de personas haitianas a Haití. Sin embargo, miles de personas denuncian que las han expulsado por la fuerza. El 14 de agosto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de que el 32 por ciento de las 6.311 personas entrevistadas en la frontera entre República Dominicana y Haití entre el 17 de junio y el 13 de agosto, afirmaba “haber sido deportada hacia Haití” por las autoridades dominicanas. Además, el 27 por ciento de los entrevistados afirmaba haber nacido en República Dominicana y el 3,8 por ciento del total declaraba tener un documento de identidad dominicano.
El Estado dominicano, como cualquier otro Estado, tiene el poder soberano de regular la entrada y la presencia de personas extranjeras, pero debe hacerlo respetando el derecho y las normas internacionales. El derecho internacional prohíbe la expulsión de los propios ciudadanos de un Estado.
En una visita a República Dominicana a finales de junio, autoridades del gobierno dijeron repetidas veces a Amnistía Internacional que las expulsiones se llevarían a cabo respetando los derechos humanos y que no se expulsaría a nadie que hubiera nacido en el país.
Si bien Amnistía Internacional acogió con satisfacción esas declaraciones, a la organización le preocupa que las autoridades dominicanas no hayan dado a conocer protocolos concretos para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en los procesos de expulsión y, en concreto, que las personas dominicanas descendientes de haitianos no sean nunca expulsadas de su país.
Es fundamental que República Dominicana establezca y haga públicos protocolos claros que garanticen que aquellas personas que tienen el derecho a la nacionalidad dominicana no sean expulsadas del país. Se tienen que tomar medidas que garanticen que, si por alguna razón, personas con derecho a la nacionalidad dominicana hubieran de ser expulsadas, se les permitiría inmediata e incondicionalmente volver a República Dominicana.
Las personas dominicanas de ascendencia haitiana siguen siendo uno de los grupos más vulnerables de la sociedad dominicana. La situación se agravó en septiembre de 2013 con una sentencia constitucional que les negaba con carácter retroactivo la nacionalidad dominicana. En mayo de 2014, el presidente, Danilo Medina, presentó la Ley 169-14 en el Congreso, con la que se busca mitigar el efecto de la sentencia y crear mecanismos que puedan finalmente restablecer la nacionalidad dominicana a las personas afectadas.
Amnistía Internacional pudo confirmar que, aunque un gran número de personas dominicanas de ascendencia haitiana habían obtenido su documentación o deberían poder obtenerla, muchas no habían podido recuperar su nacionalidad dominicana a pesar de los esfuerzos impulsados por el gobierno. En el caso de que no tengan otra nacionalidad, estas personas son apátridas y corren verdaderamente el riesgo de ser expulsadas de forma arbitraria a Haití.
