Veinte años después de una brutal masacre de trabajadores rurales sin tierra a manos de la policía militar de Brasil, la impunidad persiste para los crímenes cometidos contra las comunidades rurales en el país – con 50 asesinatos en 2015 lo que lo convirtió en el año más mortal de la década, dijo hoy Amnistía Internacional.
Desde que 19 trabajadores rurales sin tierra fueron asesinados en el sur-este del estado de Pará el 17 de Abril de 1996 – in incidente que se conoce como la masacre de Eldorado dos Carajás – más de 271 trabajadores y líderes rurales han sido asesinados sólo en Pará.
Los miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) marchaban hacia la ciudad de Belém cuando la policía les cortó el paso. Se había destacado para detener la marcha a más de 150 agentes de policía, que habían quitado de sus uniformes las placas identificativas e iban armados con rifles cargados con munición real, en una operación que se saldó con una acción represiva extremadamente violenta y con la muerte de los trabajadores.
Sólo dos oficiales al mando de la operación — el coronel Mario Colares Pantoja, condenado a 258 años, y el mayor Oliveira, condenado a 158 años — han sido declarados culpables en relación con la masacre. Ambos llevan encarcelados desde 2012. Ningún otro policía ni ningún cargo político que pueda haber incitado a la policía militar a cometer el crimen o de alguna otra forma haber consentido la masacre, han sido llevados a la justicia.
«Es inaceptable que la impunidad siga siendo la norma en los delitos cometidos contra trabajadores rurales. La investigación y el procesamiento de quienes dan y ejecutan las órdenes, así como el garantizar el derecho a la tierra, son requisitos fundamentales para que prevalezca la justicia en las zonas rurales y para que los derechos humanos se hagan realidad de manera efectiva en el país», dijo Atila Roque, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.
La organización ha documentado y analizado las violaciones de derechos humanos cometidas en la masacre de Eldorado dos Carajás, ha observado el progreso de los procedimientos judiciales y ha reclamado justicia en los juicios a aquellos sospechados de responsabilidad criminal.
Las autopsias revelaron que 10 de los 19 miembros del MST que murieron habían sido ejecutados: a unos les habían disparado a quemarropa y a otros los habían matado a golpes con sus propias herramientas agrícolas.
La masacre se saldó además con 69 personas heridas, muchas de las cuales sufren secuelas a causa de las balas alojadas en distintas partes del cuerpo, que ahora les impiden dedicarse al trabajo agrícola. Dos fallecieron a consecuencia de sus heridas, con lo que la cifra de muertos ascendió a 21.
«Nunca se ha aclarado por qué los policías que participaron en la operación quitaron las placas identificativas de sus uniformes, ni cómo desaparecieron los documentos que vinculaban a los agentes con las armas utilizadas para cometer los delitos. No se ha investigado a nadie por retirar los cadáveres del lugar de los hechos sin que se hubiera llevado a cabo un examen adecuado de la zona. Tampoco se ha realizado una reconstrucción del crimen», dijo José Batista Gonçalves Afonso, abogado que representa a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Marabá, Pará.
Impunidad y violencia rural
La masacre de Eldorado dos Carajás no es un caso aislado. Se ha convertido en símbolo del patrón recurrente de violaciones de derechos humanos e injusticias cometidas contra campesinos, trabajadores rurales, pueblos indígenas y comunidades tradicionales como las quilombolas, pescadores y habitantes de las riveras, sus abogados y los defensores y defensoras de los derechos humanos que luchan por el derecho a la tierra y a los recursos naturales en Brasil.
En particular, Amnistía Internacional Brasil ha estado siguiendo el caso de Laísa Santos Sampaio. La hermana y el cuñado de Laísa (Maria y José Claudio do Espirito Santo) fueron asesinados en mayo de 2011 en Marabá, estado de Pará, por denunciar el acaparamiento de tierras y la destrucción de los bosques. Desde entonces, Laísa ha estado recibiendo amenazas de muerte.
En 2015 se registró en Brasil la cifra más alta de muertes relacionadas con conflictos de tierras en los últimos 12 años. La Comisión Pastoral de la Tierra registró 50 asesinatos, 144 amenazas y 59 intentos de asesinato en el contexto de conflictos rurales. El 90 por ciento de estos casos se concentró en los estados de Rondônia, Pará y Maranhão.
Únicamente en Pará, en los 40 años transcurridos entre 1964 y 2014, 947 líderes y trabajadores rurales, líderes religiosos y abogados fueron víctimas de homicidio. Los índices más altos de violencia tienen lugar en las regiones del sur y el sureste del estado, donde se producen la mayoría de los homicidios de líderes y trabajadores rurales.
La impunidad fomenta la continuación de estos delitos. De los 40 municipios situados en el sur y el sureste de Pará, 30 tienen un índice de impunidad del 100% respecto a los homicidios de trabajadores rurales en los últimos 43 años.
«Los casos de homicidios rurales que llegan a juicio son muy raros, pero aún es más raro que los responsables sean condenados, y más raro todavía que los condenados cumplan sus condenas. La impunidad, la lentitud de las expropiaciones y el desprecio por las demarcaciones de tierras establecidas en la Constitución Federal fomentan la violación de derechos fundamentales», dijo Atila Roque.
Exposición
La fuerza de las imágenes presentadas en esta exposición – organizada en asociación con el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y Amnistía Internacional Brasil, con fotos de João Roberto Ripper y curaduría de Julia Mariano– es una contribución no sólo a la memoria, sino también a la lucha por el derecho a la tierra y el fin de la impunidad.
