La noticia de que Siria está dispuesta a suspender los bombardeos aéreos de Alepo durante seis semanas ha insuflado una inusitada brizna de esperanza a los millones de personas sirias que se han visto atrapadas en una guerra implacable que ha causado un sufrimiento y pérdidas infames.
Pero mientras leía la noticia inesperada que se publicaba esta mañana, no pude sino volver a pensar en los acontecimientos que se produjeron hará exactamente un año el próximo domingo. Entonces, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 2139, que exigía a todas las partes del conflicto poner fin a los ataques indiscriminados y los ataques directos perpetrados contra civiles, liberar a las personas detenidas y autorizar la entrega de la tan necesaria ayuda humanitaria.
La resolución suponía un gran avance tras un largo estancamiento del Consejo de Seguridad, y debía servir para brindar al menos alguna asistencia humanitaria a los muchos sirios que tan desesperadamente la necesitaban.
En ese momento yo estaba en Nueva York y, como hoy, me sentía esperanzada. El hecho mismo de que el mundo estuviera dispuesto a exigir a todas las partes del conflicto que respetaran a la población civil era un avance notable.
Sin embargo, un año después, esas palabras firmes han quedado en casi nada. El gobierno sirio ha hecho caso omiso de la resolución de la ONU.
La vida en Siria continúa siendo una pesadilla.
Los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados continúan siendo generalizados. Hace poco hablé con Farah, una mujer que vive en Al Raqqa, ciudad 160 kilómetros al norte de Alepo, controlada ahora por el denominado Estado Islámico.
Me dijo que, a finales de noviembre, los aviones de combate del gobierno sirio habían efectuado 21 ataques contra zonas residenciales en cuatro días, causando la muerte e hiriendo al menos a 87 civiles.
La voz de Farah temblaba a través de la línea telefónica mientras describía cómo habían sacado a su hija gravemente herida de entre los escombros, después de que un avión de combate del gobierno sirio atacara su casa el 28 de noviembre.
“Estábamos todos en casa cuando, de repente, un misil alcanzó nuestra vivienda alrededor del mediodía. Pude agarrar a mi hijo y salir corriendo antes de que la casa se derrumbara, pero no pude rescatar a mi hija, que estaba en el baño», dijo.
A Farah no le constaba que en el barrio residencial en el que vivía hubiera ningún objetivo militar.
Ese mismo día, el ministro sirio de Información, Omran al Zoubi, negó que las fuerzas gubernamentales estuvieran efectuando ataques contra civiles ni en Al Raqqa ni en ningún otro lugar. Habrá quien diga que los ataques que alcanzaron la casa de Farah podrían haber sido perpetrados por la coalición dirigida por Estados Unidos contra el Estado Islámico, pero, tras investigar más, descubrí que los aviones de combate de la coalición no habían realizado ninguna operación en Al Raqqa el 28 de noviembre.
Al Raqqa no es la única ciudad que sufre estos ataques aéreos despiadados.
Mohammad, activista que vive en la ciudad de Alepo, me contó que los barrios controlados por la oposición se habían convertido en ciudades fantasma. La mayoría de los civiles habían huido de los ataques aéreos, algunos con bombas de barril, y buscado refugio en Turquía.
Las bombas de barril son bombas cilíndricas de fabricación local, no guiadas y de gran potencia explosiva, llenas de afilados objetos metálicos y de explosivos. Habitualmente se arrojan desde helicópteros, lo que dificulta enormemente alcanzar un objetivo concreto y suele causar víctimas civiles. El Centro de Documentación de Violaciones, un grupo de seguimiento local, publicó los nombres de 2.568 civiles muertos en ataques aéreos desde que se aprobó la resolución 2139 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Mientras que miles de civiles sufren estos ataques indiscriminados, cientos de activistas políticos, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios y periodistas pacíficos son objeto de una persecución que trata de silenciarlos.
Muchas de estas personas se encuentran ahora bajo custodia.
La última detención fue la del activista político y escritor Louay Hussein. Su esposa me dijo que lo habían detenido en noviembre cerca de la frontera libanesa.
Louay dirigía el movimiento político Construir el Estado Sirio, organización tolerada por el gobierno de Assad.
No obstante, fue detenido por un artículo publicado el 24 de junio de 2014 en el que afirmaba que “el Estado sirio se cae en pedazos y se derrumba”.
Louay está siendo juzgado ante el Tribunal Penal de Damasco por los cargos de “debilitar el sentimiento nacional” y “debilitar la moral de la nación”. Otros activistas pacíficos del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión, entre ellos Mazen Darwich, Hussein Gharir y Hani al Zitani, llevan tres años detenidos únicamente por sus actividades de derechos humanos. Actualmente están siendo juzgados ante un tribunal antiterrorista por el cargo de “difundir actos de terrorismo”.
Los activistas y otros civiles han sido atacados desde todos los flancos.
Como era de esperar, los grupos armados también han ignorado en gran medida la resolución del Consejo de Seguridad de febrero, y han continuado secuestrando a activistas pacíficos, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, y efectuando ataques indiscriminados contra civiles en zonas controladas por el gobierno, con morteros, cohetes y coches bomba.
En enero de 2015, el presidente Assad dijo durante una entrevista con Foreign Affairs que su gobierno continuaría combatiendo el terrorismo. Sin embargo, no explicó ni mencionó los cientos de miles de muertes de civiles que ya se han producido. En febrero, fue aún más lejos y negó que su gobierno estuviera usando bombas de barril, práctica prohibida expresamente por la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el año pasado. Así que no es de extrañar que el gobierno sirio no haya mostrado ninguna voluntad de respetar las exigencias de la resolución, máxime si se tienen en cuenta las últimas declaraciones del presidente.
En la actualidad, es crucial que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tome medidas tras todo un año en que se ha caso omiso de su resolución. Debe imponer un embargo de armas al gobierno sirio y remitir la situación a la Corte Penal Internacional.
Del mismo modo, todos los Estados deben suspender todas las trasferencia de armas y dejar de brindar apoyo económico al Estado Islámico y otros grupos armados responsables de las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se debe poner fin a los ataques indiscriminados, los ataques directos perpetrados contra civiles, las ejecuciones, la tortura y los secuestros.
Por último, los enviados especiales de la ONU para Siria, Rusia, Irán, Arabia Saudí, Qatar, Turquía y los países occidentales deben usar su influencia y presionar implacablemente al gobierno sirio y los grupos armados no estatales para que apliquen la resolución 2139.
Todos y cada uno de los países que tienen influencia en la crisis siria tienen una deuda pendiente con los millones de personas sirias que se han visto afectadas por el conflicto: garantizar un futuro pacífico para su país.
Los sirios necesitan algo más que palabras huecas.
