Por Madeleine Penman, Investigadora sobre México de Amnistía Internacional.
Cuando Tailyn Wang, una mujer peruana de 34 años que vive en la ciudad de México, escuchó un fuerte golpe en la puerta de su casa en la madrugada, nunca imaginó la horrenda cadena de eventos que seguirían.
Eran las cuatro de la madrugada del viernes 7 de septiembre de 2014 cuando cinco oficiales de la policía federal entraron violentamente a su hogar. La dueña de un restaurante y madre de tres hijos estaba acostada en la cama con su esposo, sus hijos dormían en la habitación contigua.
“Me quitaron la ropa y me tocaron. Un hombre se puso encima de mí en la cama, con golpes, sentía sus manos en mi pecho. Me decía, ‘puta’, pinche ‘cerda’ ”.
“Mi esposo gritó: ‘no le peguen, está embarazada’ pero no les importó,” Tailyn me dijo.
Entre los gritos de terror, la policía se la llevó junto a su esposo. No tenían orden de arresto, no dieron ninguna explicación. Tailyn describe cómo fue empujada al interior de una camioneta mientras los policías la golpeaban en el estómago mientras la llevaron a un enorme estacionamiento con celdas.
Allí, en las celdas, la tortura continuó.
“Dijeron que iban a venir por mis hijos. ‘Vas a cooperar hija de su puta madre’ gritaron. Me tocaron en mis partes íntimas y me dijeron que estaban esperando a que llegaran el resto de los chicos para violarme.”
Después de tres o cuatro horas, fue llevada a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada durante cuatro días mientras los oficiales intentaban forzarla a decir que estaba involucrada en actividades criminales.
Durante ese tiempo, la llevaron a ver a una médica del gobierno. A pesar de sus heridas, dice que la doctora se rehusó a examinarla, desestimando su denuncia de que había sido golpeada brutalmente.
“No, no, no te han golpeado,” dijo la médica.
Tras la “interrogación”, Tailyn fue llevada a una oficina donde le dijeron que firmara unos papeles en blanco.
“Me rehusé a firmar entonces un hombre amenazó con herir a mis niños. Lo mire a los ojos y le dije ‘Mis hijos están seguros porque están con dios’ y me respondió: ‘Después de todo esto, sigues creyendo en dios?’ ”
De regreso en la celda, Tailyn, quien estaba embarazada de aproximadamente siete semanas, comenzó a sangrar profusamente.
“Vi que me salían grandes coágulos de sangre y por un rato perdí el conocimiento completamente. No se por cuánto tiempo. Seguía sangrando y luego, cuando estaba acostada en una cama de metal vi que el feto salió en un charco de sangre. Otras detenidas a mi lado comenzaron a gritar. Un oficial del gobierno vino a ver que pasada ‘es un gran show’, dijo.”
Nadie la ayudó. En cambio, le dieron unas toallas de papel antes de esposarla y subirla a un avión comercial con destino a una prisión federal. Cuando el avión llego a la ciudad de Tepic, en el noreste de México, el asiento estaba lleno de sangre. Tailyn les dijo a los oficiales de policía que había sufrido una perdida – ellos sólo le gritaron.
Fue entonces, en prisión y días después de su arresto, que supo que la estaban acusando de ser parte de una banda de secuestradores y del crimen organizado. Sangró durante cinco días más en la prisión antes que le dieran atención médica.
Tailyn me contó su historia bajo el sol ardiente de la prisión federal donde está detenida. El lugar es famoso por detener a personas que, como ella, fueron detenidas sin motivo.
Varias mujeres con las que hablé en la prisión federal de Tepic también fueron torturadas: golpeadas, asfixiadas y hasta violadas, pero ninguna de las personas responsables por esos horrores han enfrentado la justicia.
La tortura en México es un virus de proporciones alarmantes.
A pesar de tener más de 2,000 denuncias de tortura en sus archivos, las autoridades federales llevan menos de cinco casos a las cortes de justicia cada año.
Tras las campañas de Amnistía Internacional y los esfuerzos de otras organizaciones de derechos humanos en México, el Presidente Enrique Peña Nieto ha prometido en las próximas semanas, llevar al congreso un proyecto de ley contra la tortura.
Mientras que este podría ser, sin ninguna duda, un buen paso, si no hay un cambio cultural para abordar el uso reiterado de la tortura y otros malos tratos por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad, va a ser inútil para las miles de víctimas de tortura en México.
Durante la última década, Amnistía Internacional ha documentado muchos casos, como el de Tailyn, donde los médicos oficiales simplemente ignoran denuncias de tortura y malos tratos y no examinan apropiadamente a las víctimas, ni toman nota de sus lesiones – evidencia crucial a la hora de llevar a los perpetradores a la justicia. Y aun cuando los expertos forenses investigan y encuentran evidencia de torturas y malos tratos más tarde, las autoridades Mexicanas siguen negando los hechos.
Si la ley no aborda esta cultura de impunidad y mejora la forma en la que se documentan las torturas y los malos tratos, miles de víctimas van a continuar siendo ignoradas y abandonadas sin esperanza de justicia y reparación.
Una buena Ley General sobre tortura puede cambiar esto, pero sólo si es adecuada. Cualquier cosa menos sólo serán palabras en papel.
Como me dijo una víctima de violencia sexual: «Oigo en la radio que hay muchas reformas. Pero ¿de qué me sirven a mí? ¿en qué me benefician?»
