La amenaza de las autoridades iraníes de acelerar la ejecución de 10 condenados a muerte como represalia por iniciar una huelga de hambre es deplorable, ha declarado Amnistía Internacional al tiempo que pedía la conmutación inmediata de las penas.
Uno de los 10 condenados, Saman Naseem, fue sentenciado a muerte en 2013 por su implicación en actividades armadas contra el Estado tras participar supuestamente, cuando era menor de edad, en un combate con armas de fuego que se saldó con la muerte de un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní. Los 10 son parte de un grupo de 24 presos de la minoría kurda iraní que iniciaron una huelga de hambre el pasado 20 de noviembre como protesta por las condiciones del pabellón 12 de la Prisión Central de Oroumieh, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, donde están recluidos.
“Es realmente lamentable que las autoridades iraníes estén jugando así con la vida de estos hombres. Recurrir a amenazas de muerte y otras medidas de castigo para sofocar las huelgas de hambre de los reclusos sólo sirve para poner de relieve lo podrido que está el sistema de justicia penal iraní”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Saman Naseem era menor de edad cuando cometió presuntamente el delito. Dice que fue torturado en detención y obligado a ‘confesar’. Ahora las autoridades están chantajeándolo de hecho con la perspectiva de morir. Su ejecución sería una violación flagrante del derecho internacional. Debe conmutarse inmediatamente su condena.”
Amnistía Internacional pide que se vuelva a examinar imparcialmente el caso de Saman Naseem, sin recurso a la pena de muerte ni basarse en pruebas contaminadas por la tortura, y teniendo en cuenta lo previsto en el Código Penal revisado iraní, que excluye el uso de la pena de muerte para menores de edad en determinadas situaciones.
Saman Naseem fue detenido el 17 de julio de 2011, cuando tenía solo 17 años. Estuvo recluido dos meses en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia de Oroumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental, durante los cuales dijo que fue torturado por sus interrogadores, que le arrancaron las uñas de las manos y de los pies y lo golpearon, dejándole hematomas en espalda, piernas y abdomen. También dijo que lo obligaron a firmar una “confesión” escrita con los ojos vendados.
El 14 de diciembre, Saman Naseem fue trasladado a la enfermería de la prisión con hipotensión arterial y debilidad física, pero se negó a interrumpir la huelga de hambre y fue devuelto al pabellón 12 el mismo día.
Los reclusos del pabellón 12 de la Prisión Central de Oroumieh iniciaron la huelga de hambre como protesta por la decisión de trasladar a su pabellón a 40 presos condenados por delitos graves, como asesinato y robo a mano armada, lo que provocó un deterioro de su seguridad.
Según los informes, además de las amenazas de ejecución, las autoridades penitenciarias han sometido a los huelguistas de hambre a palizas y a otras medidas punitivas, y los han amenazado con trasladarlos a prisiones remotas en el sur del país para obligarlos a poner fin a la protesta.
Los presos, pertenecientes en su totalidad a la minoría kurda iraní, han afirmado que continuarán con su huelga de hambre hasta que las autoridades pongan fin a los abusos contra los reclusos. Los huelguistas de hambre que no están condenados a muerte cumplen penas de entre seis meses y 34 años de prisión.
“La pena de muerte es un castigo cruel e inhumano en cualquier circunstancia. En lugar de amenazar a estos reclusos con la ejecución, las autoridades deben conmutar sus condenas a muerte y garantizar que reciben un trato humano”, dijo Hassiba Hadj Sahraoui.
Información complementaria
Saman Naseem fue condenado a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la Tierra” (ifsad fil arz) por realizar presuntamente actividades armadas contra la Guardia Revolucionaria iraní.
Condenado a muerte en enero de 2012 por el Tribunal Revolucionario de Mahabad, la Sala 32 del Tribunal Supremo anuló la sentencia en agosto del mismo año alegando falta de competencia del Tribunal Revolucionario y que Saman Naseem era menor de 18 años en el momento del presunto delito. Su caso fue remitido a la Sala 2 del Tribunal Penal de la provincia de Azerbaiyán Occidental para ser juzgado de nuevo.
En abril de 2013 la Sala 2 del Tribunal Penal de la provincia de Azerbaiyán Occidental lo condenó a muerte. La sentencia no mencionaba que Saman Naseem era menor de 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito. La Sala 32 del Tribunal Supremo confirmó la pena en diciembre de 2013. Naseem podría ser ejecutado en cualquier momento, pues la sentencia ya ha sido remitida a la Oficina de Aplicación de Condenas.
En virtud del Código Penal Islámico revisado de Irán, promulgado en mayo de 2013, la ejecución de personas menores de 18 años está permitida comoqesas (castigo equivalente al delito cometido) y para el delito de hududprevistos en la ley islámica, salvo que se halle que el menor no ha entendido la naturaleza del delito o sus consecuencias, o que haya dudas sobre su capacidad mental.
En 2014, Amnistía Internacional recibió información sobre la ejecución de al menos 14 personas por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años. El uso de la pena de muerte contra menores de 18 años está estrictamente prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, en los que Irán es parte.
Los nombres de los otros nueve condenados a muerte son, por orden alfabético: Ali Afshari, Habib Afshari, Behrouz Alkhani, Mohammad Abdollahi, Sayed Sami Hosseini, Sayed Jamal Mohammadi, Sirvan Nejavi, Ebrahim Rezapour y Ali Ahmad Soleiman.
