Amnistía Internacional ha recibido con indignación la noticia de que las autoridades iraníes han amputado la mano a un hombre declarado culpable de robo. La amputación, que se llevó a cabo con una guillotina, tuvo lugar ayer en la prisión central de la ciudad de Mashhad, en la provincia nororiental de Jorasán Razaví, según el periódico patrocinado por el Estado Khorasan News.
Según este medio, el hombre, un tal A. Kh., de 34 años, fue trasladado a un centro médico inmediatamente después del castigo. Había sido condenado a la amputación de una mano hace seis años por robar ganado y otros bienes en varios pueblos de la provincia. El Tribunal Penal de Apelación de Jorasán confirmó posteriormente la condena.
“Infligir castigos tan terriblemente crueles no es justicia, y pone de relieve el absoluto desprecio de las autoridades iraníes por la dignidad humana. No hay cabida para tal brutalidad en un sistema de justicia penal sólido”, ha señalado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el norte de África.
“La amputación es lisa y llanamente tortura, y administrar tortura es delito según el derecho internacional. Como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Irán tiene la obligación legal de prohibir la tortura en todas las circunstancias y sin excepción.
Las autoridades iraníes defienden continuamente la amputación como mejor forma de prevenir el robo y lamentan que no pueda llevarse a cabo en público y de manera generalizada sin suscitar la condena internacional. En una sorprendente declaración que hizo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre de 2010, Mohammad Javad Larijani, presidente del Consejo de Derechos Humanos de Irán, negó que este tipo de penas constituyeran tortura y afirmó que estaban “cultural y religiosamente justificadas”.
Sin embargo, lo cierto es que hace ya tiempo que viene desarrollándose en Irán un movimiento interno en favor de la abolición de este tipo de penas crueles, inhumanas y degradantes, y gran número de iraníes, incluidos varios defensores y defensoras de los derechos humanos, clérigos y ulemas, han expresado su oposición, sufriendo represalias por ello.
“Es terrible que las autoridades iraníes continúen imponiendo y ejecutando condenas de amputación y justificando esta brutalidad legalizada en nombre de la religión, la cultura y la prevención de la delincuencia. Las autoridades iraníes deben abolir con urgencia todas las formas de castigo corporal y avanzar hacia un sistema de justicia penal que esté centrado en la rehabilitación y que trate a las personas presas con humanidad”, ha afirmado Mughrabi.
Sólo en 2017 se impusieron decenas de condenas de amputación, que el Tribunal Supremo ratificó después. En un caso de abril de 2017, las autoridades judiciales de Shiraz, provincia de Fars, amputaron la mano a Hamid Moinee por atraco antes de ejecutarlo 10 días después por asesinato.
Antes de ejecutar las penas de amputación, las autoridades suelen encarcelar arbitrariamente a los condenados aunque no les haya sido impuesta ninguna pena de prisión.
Información complementaria
En 2017, las autoridades judiciales de Irán impusieron y ejecutaron también otras penas crueles e inhumanas que constituyen tortura, como flagelación y ceguera.
Por ejemplo, en enero, el periodista Hossein Movahedi recibió 40 azotes en Najaf Abad, provincia de Isfahán, después de que un tribunal lo declarase culpable de informar de forma inexacta del número de motocicletas confiscadas por la policía en la ciudad.
En febrero, el Tribunal Supremo confirmó una condena de ceguera impuesta por un tribunal penal de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad a una mujer como castigo por haber dejado ciega a otra.
En mayo, una mujer detenida por mantener una relación extramatrimonial fue condenada por un tribunal penal de Teherán a lavar cadáveres durante dos años y a recibir 74 latigazos. El hombre fue condenado a recibir 99 latigazos.
El código regulador iraní para la aplicación de castigos corporales como la amputación prevé la presencia de un médico para la evaluación y ejecución de la pena. Esta disposición constituye una violación directa de las directrices éticas y del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíben expresamente la participación de profesionales de la salud en torturas y otros malos tratos.
