Comunicados de prensa
21 enero 2014
La histórica decisión del Tribunal Supremo de la India, por la que conmuta la pena de muerte a 15 presos y establece directrices para salvaguardar los derechos de los condenados a la pena capital y sus familias, es un paso positivo para los derechos humanos en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional India.
El Tribunal Supremo conmutó la pena de muerte impuesta a Suresh, Ramji, Bilavendran, Simon, Gnanprakasham, Meesekar Madaiah, Praveen Kumar, Gurmeet Singh, Sonia Chaudhury, Sanjeev Chaudhury, Jafar Ali, Shivu y Jadeswamy, debido a la tardanza del presidente, de entre 5 y 12 años, en resolver sus peticiones de indulto.
Además, el Tribunal conmutó la pena de muerte impuesta a Sundar Singh y a Magan Lal Barela porque padecen una enfermedad mental.
“Al mismo tiempo que reconocemos la necesidad de que haya un equilibrio entre los derechos del acusado y los de la víctima, esta trascendental decisión reafirma los derechos garantizados a los condenados a muerte por la Constitución de la India y las normas y leyes internacionales”, afirmó G. Ananthapadmanabhan, director ejecutivo de Amnistía Internacional India.
“El fallo pone un gran énfasis en los derechos humanos de todas las personas, y debe conducir al país hacia la eliminación total de la pena de muerte.”
Yug Mohit Chaudhry, uno de los abogados que representan a los presos beneficiados por la medida, declaró a Amnistía Internacional India: “Esta sentencia rinde homenaje a los valores constitucionales de la India y a la independencia del poder judicial. Reconoce que los condenados a muerte tienen derechos que el tribunal protegerá.”
En su resolución, el Tribunal Supremo afirma que “la demora indebida, desproporcionada y desmesurada en la ejecución de la pena de muerte [equivale a] tortura” y que era un fundamento para la conmutación de la pena. Es importante que el Tribunal resolviera que la decisión anterior en el caso de Devender Pal Singh Bhullar era deficiente al establecer que los presos declarados culpables de delitos relacionados con el terrorismo no podían pedir la conmutación por demora desproporcionada.
Citando ampliamente tratados y normas internacionales, el Tribunal declara que la ejecución de personas que padecen enfermedades mentales sería inconstitucional y resolvió que la “demencia” o enfermedad mental sería un factor que justificaba la conmutación de la pena de muerte. El Tribunal reiteró asimismo que la reclusión en régimen de aislamiento de los presos condenados a muerte era inconstitucional.
El Tribunal Supremo dictó además unas directrices sobre el trato de las personas condenadas a muerte, lo que podría poner fin a la tendencia a rodear las ejecuciones de secretismo en 2012 y 2013. Según las directrices, los presos condenados a la pena capital deben recibir asesoramiento jurídico, ser informados por escrito de la desestimación de sus peticiones de indulto, ser examinados periódicamente para comprobar su estado físico y mental, y poder reunirse con sus familiares antes de la ejecución, la cual no debe producirse antes de dos semanas desde que se comunica la desestimación de la petición de indulto.
Es probable que la sentencia del Tribunal afecte a los casos de al menos otros seis presos condenados a muerte —Murugan, Santhan, Arivu (conocido también como Perarivalan), Devender Pal Singh Bhullar, Saibanna Natikar y B. A. Umesh—, que también han pedido la conmutación de la pena por el retraso en la resolución de sus peticiones de indulto.
“Este fallo ofrece a la India una oportunidad para replantearse su uso de la pena de muerte”, prosiguió G. Ananthapadmanabhan.
“No se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial. Expertos y órganos de la ONU, como el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, han afirmado que las sugerencias de que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio significativo están sobrevaloradas.
“Las investigaciones de Amnistía Internacional y de la Unión Popular por las Libertades Civiles sobre las sentencias del Tribunal Supremo indio en casos de pena de muerte han revelado también que la imposición de esta pena en la India es sumamente arbitraria y afecta de forma desproporcionada a personas con poca riqueza o influencia.
“La pena de muerte es la negación irreversible y máxima de los derechos humanos. Al mismo tiempo que expresamos satisfacción por la sentencia de hoy, ésta no elimina este castigo cruel, inhumano y degradante. El gobierno debe aprovechar el impulso que ha dado esta sentencia para decretar una moratoria de todas las ejecuciones, y abolir totalmente la pena de muerte.”
