Estados de todo el mundo están incumpliendo su deber de proteger de manera efectiva a quienes defienden los derechos humanos, lo que da lugar a una escalada de asesinatos y desapariciones forzadas que se podrían prevenir, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
En su nuevo informe, Ataques letales pero prevenibles. Asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos, la organización revela el riesgo creciente al que se exponen los defensores y las defensoras de los derechos humanos: personas de todo tipo y condición que trabajan para promover y defender los derechos humanos.
El informe incluye testimonios de amigos, familiares y compañeros de defensores y defensoras de los derechos humanos que han muerto o han desaparecido, entre los que hay personas defensoras del medio ambiente, activistas en favor de los derechos de las personas LGBTIQ y de las mujeres y profesionales del periodismo y la abogacía. Muchos de los testimonios describen cómo las autoridades han ignorado reiteradamente las peticiones de protección de las víctimas y cómo los atacantes han eludido la acción de la justicia, alimentando una espiral mortal de impunidad.
Defender los derechos humanos en las Américas es uno de los trabajos más peligrosos, particularmente para quienes defienden los derechos relacionados a la tierra, el territorio y el medioambiente. Los altos niveles de impunidad, la manipulación del sistema judicial y la estigmatización continua hacen de la defensa de los derechos humanos un riesgo latente en la región.
La grave situación reflejada en el informe es complementada por datos de la plataforma “Alza la voz por los defensores y defensoras” de Amnistía Internacional, que recoge más de 110 ataques en contra de defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente ocurridos en las Américas en los últimos dos años. Tan sólo en 2017, se registraron 25 incidentes en ocho países de la región.
“La defensa de los derechos humanos debe dejar de ser un trabajo de alto riesgo,” dijo Carolina Jiménez, Directora Adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
“Los gobiernos de las Américas tienen la responsabilidad de asegurar que todas las personas puedan defender los derechos humanos sin miedo a ser atacadas o asesinadas. Si fallan en esa responsabilidad, pondrán a miles de personas en peligro.”
El nuevo informe de Amnistía Internacional recopila historias de todo el mundo para ilustrar el aumento de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos que se podrían haber evitado, y pone de relieve una escalofriante constante de impunidad. Estos son algunos de los casos incluidos en el informe:
Berta Cáceres, activista hondureña de los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas que murió por disparos en 2016 tras años de amenazas y ataques.
Xulhaz Mannan, activista sobre cuestiones LGBTIQ que murió brutalmente apuñalado en Bangladesh, junto con su colega, en 2016. Más de 18 meses después, todavía no se ha hecho justicia.
Pierre Claver Mbonimpa, fundador de una organización de derechos humanos en Burundi, resultó herido de bala en la cara y el cuello en 2015. Meses después, mientras se recuperaba en el extranjero, su hijo y su yerno fueron asesinados.
“Los 4 de Douma”, cuatro activistas sirios que fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en su oficina en diciembre de 2013 sin que se haya sabido nada de ellos desde entonces.
Intensificación de los ataques
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en 1989, la comunidad internacional se comprometió a protegerlos y a reconocer la labor crucial que desempeñan. Pero el informe de Amnistía Internacional muestra que defender los derechos humanos continúa siendo una labor muy peligrosa, con miles de defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados o sometidos a desaparición forzada por actores estatales y no estatales desde la aprobación de la Declaración hace dos decenios.
Según la ONG Front Line Defenders, sólo en 2016, al menos 281 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados en todo el mundo, una cifra que casi se ha duplicado desde 2015. La cifra real podría ser mucho mayor ya que es posible que a muchos defensores y defensoras asesinados o sometidos a desaparición forzada no se les identifique como tales.
Según el informe de Amnistía Internacional, los motivos de estos ataques son múltiples y vinculados entre sí. Algunas personas son atacadas debido a su ocupación (por ejemplo, profesionales del periodismo y de la abogacía, sindicalistas), por enfrentarse a actores poderosos que violan los derechos humanos, por compartir información o por concienciar sobre cuestiones de derechos humanos.
Otras corren más riesgo de ser atacadas y sufren discriminación y violencia por hacer lo que hacen y por ser quienes son. Entre estas personas se encuentran quienes defienden los derechos de las mujeres, quienes se dedican al trabajo sexual, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, las poblaciones indígenas y otros grupos minoritarios. Otras personas son blanco de ataques en situaciones de contextos específicos, por ejemplo en el marco de conflictos o cuando las comunidades se hallan en manos de la delincuencia organizada y la represión violenta.
“Aunque los motivos de los ataques pueden variar, detrás de todos ellos está el deseo de silenciar a quienes denuncian las injusticias o se enfrentan a intereses poderosos. Esta forma de silenciar tiene un efecto multiplicador que afecta a la comunidad en general, crea un ciclo de miedo y menoscaba los derechos de todos”, ha dicho Guadalupe Marengo.
El riesgo aumenta con la impunidad
Cuando las amenazas y los ataques no se investigan ni castigan de forma adecuada, el clima de impunidad resultante erosiona el Estado de derecho y envía el mensaje de que se puede atacar a los defensores y defensoras de los derechos humanos sin que haya consecuencias.
Bertha Zúñiga, hija de la activista hondureña de los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas Berta Cáceres —fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada el año pasado—, explicó:
“Antes de la muerte de mi madre había una alianza clara entre intereses comerciales, agentes de seguridad privada, autoridades del Estado y el crimen organizado. Como todas estas partes son cómplices en la muerte de mi madre, realizar una investigación exhaustiva resulta cada vez más difícil. Mi madre [Berta Cáceres] se merece justicia y es imperativo sacar a la luz la conspiración que tuvo lugar. Es fundamental para evitar más asesinatos”.
Recomendaciones
Amnistía Internacional insta a todos los Estados a dar prioridad al reconocimiento y protección de quienes defienden los derechos humanos. Las autoridades deben apoyar públicamente su trabajo y reconocer su contribución al fomento de los derechos humanos. Además, las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir más ataques contra defensores y defensoras y llevar a los responsables ante la justicia, investigando los ataques de manera efectiva y enjuiciando los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Es de la máxima importancia que los Estados transmitan de manera clara y pública el mensaje de que no se tolerarán estas violaciones de derechos humanos.
“Los brutales ataques que se documentan en este informe son el final lógico de una tendencia alarmante; en lugar de apoyar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, muchos líderes globales los ponen en una situación de mayor riesgo mediante campañas difamatorias, el uso indebido del sistema de justicia penal o presentándolos falsamente como personas que se oponen a los intereses nacionales, con lo que en la práctica los gobiernos muestran desprecio por los derechos humanos de todos nosotros”, ha dicho Guadalupe Marengo.
“Para revertir esta peligrosa narrativa, los Estados deben reconocer públicamente el papel fundamental que desempeñan los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Les debemos a todas las personas que han defendido con valentía nuestros derechos humanos a costa de sus vidas proteger a quienes continúan su indispensable labor.”
Información adicional
Este informe es parte de Valiente, la campaña que Amnistía Internacional presentó el pasado mes de mayo para instar a los gobiernos a reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y garantizar que pueden llevar a cabo su trabajo en un entorno seguro y propicio.
¿Quiénes son los defensores y las defensoras de los derechos humanos?
Entre los defensores y las defensoras de los derechos humanos hay personas de todo tipo y condición. Pueden ser líderes de la comunidad, profesionales del periodismo, la abogacía, la salud o la enseñanza, sindicalistas, denunciantes de irregularidades, víctimas o familiares de víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos, integrantes de organizaciones de derechos humanos, políticos y miembros de las fuerzas de seguridad u otros agentes estatales.
Pueden defender los derechos humanos como parte de su labor profesional o de forma voluntaria, pueden estar organizadas y trabajar para defender los derechos humanos de forma habitual, o puede que simplemente hayan emprendido una acción para defender los derechos humanos. Dicho de otro modo, independientemente de la edad, profesión, género, orientación sexual e identidad de género, nacionalidad o pertenencia a grupo social, cualquier persona que denuncie abusos y violaciones de derechos humanos o promueva de otra manera los derechos humanos sin recurrir al odio, la discriminación o la violencia ni propugnar su uso puede ser defensora de los derechos humanos.
