Artículo de opinión en ABC Color
La justicia siempre es más difícil de obtener cuando uno es pobre. Es más difícil aun si uno es indígena. A pesar de más de dos décadas de lucha, en la que obtuvieron una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comunidad Sawhoyamaxa sigue sin sus tierras. El Poder Ejecutivo presentó, el pasado mes de agosto, un proyecto de ley para la expropiación de sus tierras ancestrales. Es hora de que los legisladores cumplan con los derechos humanos.
Historia de la lucha Sawhoyamaxa.
La pobreza es uno de los mayores obstáculos para que uno pueda exigir sus derechos humanos. Resulta mucho más fácil para los Estados discriminar, tanto de manera pasiva como activa, a quien vive en pobreza y es indígena. La discriminación histórica les ha dejado en una posición en la cual es más difícil para ellos conocer y por ende reclamar sus derechos. La pobreza hace que uno sea extremadamente vulnerable a violaciones de derechos humanos.
A la comunidad Sawhoyamaxa le fue negado su acceso a sus tierras ancestrales durante más de dos décadas. Sus tierras fueron adquiridas por un particular que se dedica a la ganadería, en un proceso que nunca debió haber sucedido, ya que estas tierras pertenecían a los Sawhoyamaxa. Esto fue un error del Estado paraguayo. La comunidad indígena empezó, a inicios de los años 90, su lucha por obtener sus tierras, atravesando todos los obstáculos burocráticos del Paraguay, sin obtener justicia. Para que sus derechos fuesen reconocidos tuvieron que salir del Paraguay. En 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia favorable a la comunidad Sawhoyamaxa, exigiendo que el Estado paraguayo no solo restituya sus tierras, sino además invierta en el desarrollo de la comunidad.
El Congreso Nacional tiene la obligación de cumplir con los Derechos Humanos.
Hasta el momento Paraguay no ha cumplido con la sentencia de la Corte IDH. Siete años después, los Sawhoyamaxa siguen sin poder acceder a sus tierras ancestrales. Es por ello que en marzo de 2013 reocuparon una pequeña parte de sus tierras. Con el objetivo de denunciar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en el Paraguay, Amnistía Internacional Paraguay y Tierraviva lanzaron la iniciativa “Hacer Visible lo Invisible”. Las dos organizaciones exigen que se le restituya sus tierras a la comunidad Sawhoyamaxa, y también a los Yakye Axa y Xámok Kásek, que igualmente cuentan con sentencias favorables de la Corte IDH.
En agosto del 2013 el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para expropiar la porción de tierras correspondiente a la comunidad Sawhoyamaxa, con una extensión de 14.404 hectáreas, esto tras haber procurado la compra de las mismas sin éxito alguno. Es el Estado, a través de sus tres poderes, quien es responsable de hacer cumplir los derechos humanos. Ahora la pelota está en la cancha de los legisladores. Tienen la posibilidad y la obligación de mostrar que actúan a favor de los derechos de los pueblos indígenas. No pueden, como se ha hecho en el pasado, argumentar que quieren proteger el derecho a la propiedad privada. Al propietario ya se le intentó comprar las tierras, pero no se llegó a un acuerdo. En caso de la expropiación, será indemnizado. Por el otro lado, tenemos una comunidad indígena a la que le pertenecen estas tierras y que vive en la extrema pobreza. Sin sus tierras ancestrales no pueden realizar las actividades tradicionales que permiten su supervivencia, como la pesca, la caza y la recolección de frutas. La comunidad Sawhoyamaxa sigue en peligro, sin que se cubran sus derechos mínimos como el acceso al sistema de salud, agua limpia o alimentación adecuada, que combinados con la falta de un espacio que permita mantener su cultura, les pone en riesgo a ellos como individuos, como comunidad y su misma cultura corre riesgo de extinción.
Vicedirector de Comunicación de Amnistía Internacional Paraguay,
Frank Conde.
