Los autores de un atentado con bomba perpetrado en El Cairo esta mañana, que ha causado la muerte del fiscal general de Egipto y lesiones a cinco de sus guardaespaldas y a un transeúnte, deben comparecer ante la justicia en juicios con las debidas garantías y sin recurrir a la pena de muerte; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
Esta mañana temprano, Hisham Barakat se dirigía en automóvil desde su domicilio, en el distrito de Heliópolis, hasta el centro de la ciudad cuando un coche bomba ha explotado junto a su convoy, causando el incendio de numerosos vehículos. Murió más tarde en el hospital debido a las heridas sufridas.
El homicidio del fiscal Hisham Barakat es un asesinato a sangre fría y un acto despreciable y cobarde», ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Si se desea preservar el Estado de derecho en Egipto, jueces y fiscales deben poder desempeñar su labor libremente, sin miedo a sufrir violencia. No obstante, las autoridades egipcias no deben utilizar esas amenazas como pretexto para pisotear los derechos humanos.»
Según informes, un grupo poco conocido llamado Resistencia Popular de Guiza reivindicó la autoría del ataque en su página de Facebook, pero horas más tarde se retractó.
En mayo de 2015, más de 500 “organizaciones y expertos islámicos” de todo el mundo habían lanzado una declaración jurada en línea en la que instaban a los simpatizantes a matar a representantes del gobierno en los ámbitos del poder judicial, la policía y el ejército. La declaración, llamada “Nedaa Al-Kenana”, llegó en medio de una situación de progresivo deterioro de los derechos humanos, con violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad egipcias.
El magnicidio del lunes se cometió la víspera del aniversario de una manifestación callejera celebrada por millones de egipcios que reclamaban la salida del poder del entonces presidente Mohamed Morsi, dirigente de la Hermandad Musulmana.
El asesinato del fiscal general perpetrado hoy no es el primero de esta clase. Tres jueces murieron por disparos y otros dos resultaron heridos en Sinaí del Norte en mayo, cuando un tribunal penal recomendó imponer la pena de muerte a Mohamed Morsi.
Decenas de ciudadanos corrientes han resultado también muertos y heridos en numerosos ataques contra las fuerzas de seguridad desde julio de 2013, cuando Mohamed Morsi fue destituido. Desde entonces se ha dado muerte también al menos a 600 miembros de la policía y las fuerzas armadas de Egipto, especialmente en Sinaí del Norte.
