Las autoridades egipcias deben brindar protección urgente a los cristianos coptos de Sinaí del Norte y proporcionar servicios esenciales y alojamiento a los cientos que se vieron obligados a huir de sus hogares, después de que siete personas de la comunidad hayan muerto en una serie de ataques en el último mes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
El gobierno no ha actuado para proteger a la población cristiana de Sinaí del Norte, que en los últimos años ha venido sufriendo cada vez con más frecuencia secuestros y asesinatos a manos de grupos armados. Las autoridades tampoco han procesado a los responsables de ataques sectarios contra cristianos en otros lugares de Egipto, y en su lugar han recurrido a acuerdos de reconciliación promovidos por el Estado que, en ocasiones, han implicado el desalojo forzoso de familias cristianas de sus hogares.
Al menos 150 familias cristianas coptas han huido de Al Arish a consecuencia de la violencia más reciente, según el ministro de Asuntos Parlamentarios. La mayoría han buscado refugio en la vecina gobernación de Ismailia, en alojamientos temporales donde permanecen en condiciones de hacinamiento y sin acceso adecuado a servicios esenciales.
“En esta aterradora oleada de ataques, los cristianos coptos de Sinaí del Norte se han visto cazados y asesinados por grupos armados. Nadie debe sufrir discriminación –no digamos ya ataques violentos y mortales– por sus creencias religiosas”, ha manifestado Najia Bounaim, directora adjunta de Campañas de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Túnez capital.
“Las autoridades egipcias han eludido una y otra vez su deber de proteger a los residentes coptos de Sinaí del Norte frente a un largo patrón de ataques violentos. No deben abandonarlos aún más. El gobierno tiene un deber claro de garantizar el acceso seguro a vivienda, alimentos, agua, servicios médicos y otros servicios esenciales a todas las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia y la persecución.”
“El gobierno debe además poner fin a la impunidad imperante por los ataques contra cristianos en otros puntos del país, y debe dejar de basarse en sus acostumbrados acuerdos de reconciliación, que alimentan aún más el círculo de violencia contra comunidades cristianas.”
En los últimos ataques, siete cristianos coptos murieron en Sinaí del Norte entre el 30 de enero y el 23 de febrero. El 19 de febrero, una filial en Sinaí del grupo armado autodenominado Estado Islámico retransmitió también un mensaje de vídeo en el que amenazaba las vidas de coptos y se atribuía la responsabilidad del atentado con explosivos contra una iglesia de El Cairo perpetrado en diciembre de 2016, en el que murieron al menos 25 personas. Desde 2013, los grupos armados con base en Sinaí han secuestrado a cristianos a cambio de rescate, y en algunos casos los han matado.
“Majid Halim”, cuyo nombre se ha cambiado para proteger su identidad, huyó de Al Arish a El Cairo con siete miembros de su familia después de los homicidios del mes pasado. Según dijo a Amnistía Internacional, su padre, que gestiona una tienda de artículos de papelería en Al Arish, ha recibido numerosas amenazas en los últimos dos años, y su foto se ha publicado en páginas de Facebook junto a un mensaje que incita a la violencia contra los cristianos coptos y les exige que abandonen la localidad. “Majid Halim”, su padre y su hermano se vieron obligados a abandonar sus bienes y sus medios de vida, incluidas tres tiendas y la casa familiar, que se compone de seis apartamentos.
Nabila Fawzy presenció el 21 de febrero el homicidio de su esposo, Saad Hakim, y su hijo, Medhat Saad Hakim, a manos de hombres enmascarados. Según dijo a los medios de comunicación, a las diez y media de la noche oyó unos fuertes golpes en la puerta de su casa. Cuando su hijo abrió, fue atacado por dos hombres armados que lo arrojaron al suelo y le dispararon a la cabeza. Nabila salió de su habitación y vio a su hijo tendido en el suelo sangrando por la nariz. Los hombres armados la sacaron de la casa, y luego volvieron a entrar y dispararon a su esposo. Peguntaron a Nabila si tenía oro o dinero, y se llevaron su anillo de boda, además de otros artículos de la casa, antes de prender fuego a la construcción y marcharse.
Amnistía Internacional habló con el yerno de Nabila, Sameh Mansour, cuyo relato de lo sucedido coincidía con la descripción que Nabila hizo de los hechos. Sameh también dijo que, hacía unos días, el 22 de febrero, sus vecinos le habían dicho que dos hombres enmascarados se habían presentado en su casa y habían llamado a la puerta mientras él estaba fuera organizando el entierro de sus familiares asesinados. Al día siguiente, él y su familia viajaron a la gobernación de Suez para el entierro. Aquel mismo día, uno de sus vecinos, Kamel Abu Romany, que vivía a 150 metros de la casa de Sameh Mansour, murió también a manos de hombres armados. Sameh Mansour huyó con su familia, abandonando su casa y su empleo, y ahora vive en un alojamiento temporal en Ismailia. También está tratando de matricular a sus hijos, aún niños, en nuevas escuelas en Ismailia.
Las personas desplazadas por el reciente estallido de ataques violentos en Sinaí del Norte, entre las que hay muchos niños y ancianos, se han refugiado en abarrotados edificios de la iglesia y el gobierno, o con familias de acogida en Ismailia que han abierto sus puertas a las personas desplazadas. Necesitan desesperadamente alojamiento a largo plazo y acceso a servicios esenciales. Muchas se han visto obligadas a abandonar sus casas llevándose sólo lo que podían cargar en brazos, y han tenido que abandonar sus empleos y sus medios de sustento, o interrumpir sus estudios escolares o universitarios.
“Las autoridades egipcias deben garantizar que las personas que han huido son reasentadas en viviendas seguras, tienen acceso adecuado a artículos de primera necesidad y tienen oportunidad de proseguir sus estudios u obtener un empleo”, ha manifestado Najia Bounaim.
Las autoridades tienen también el deber de garantizar que los bienes de las personas internamente desplazadas no son saqueados, destruidos o confiscados u ocupados ilegalmente. Además, las autoridades deben establecer las circunstancias que permitan a las personas desplazadas regresar voluntariamente a sus hogares en el futuro o reasentarse en otro lugar del país.
Los ataques contra la minoría religiosa de cristianos coptos de Egipto han ido en aumento desde el derrocamiento del ex presidente Mohamed Morsi en julio de 2013. Se han incendiado iglesias y hogares coptos, y se ha agredido físicamente a miembros de la minoría copta, cuyos bienes además han sido saqueados. A lo largo del último año se han producido numerosos incidentes violentos contra cristianos en la gobernación de Minya.
Los sucesivos gobiernos egipcios han eludido afrontar el largo patrón de discriminación contra la población copta y los crecientes casos de violencia sectaria, haciendo comparecer ante la justicia a sus responsables. En lugar de procesar a quienes están detrás de esos violentos ataques, el gobierno egipcio de Abdel Fattah al Sisi ha seguido basándose en acuerdos de reconciliación promovidos por el Estado, que en algunos casos han implicado desalojar forzosamente a cristianos coptos de zonas en las que estaban bajo amenaza.
