La nueva ley, que anularía la Ley de Amnistía que ha estado protegiendo a los autores de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el brutal régimen de Pinochet, es un paso de gigante contra la impunidad, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
“Durante muchos años, la Ley de Amnistía ha sido un escudo que ha ocultado de la justicia a los responsables de graves abusos contra los derechos humanos. Las víctimas se han visto obligadas a vivir sabiendo que quienes torturaron y mataron gozaban de impunidad por sus crímenes”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“La anulación de la Ley de Amnistía sería un momento histórico para Chile y un paso más para abordar los crímenes del régimen de Pinochet. Además, transmitiría el mensaje inequívoco de que Chile no protege a responsables de violaciones de derechos humanos.”
Ley de Amnistía de 1978 (Decreto Ley 2191) exime de responsabilidad penal a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.
Según cifras oficiales, entre 1973 y 1990 más de 3.000 personas desaparecieron o fueron víctimas de ejecución extrajudicial en Chile, y casi 40.000 sobrevivieron tras ser encarceladas por motivos políticos o torturadas
En los últimos años varias decisiones judiciales han eludido la aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, el hecho de que siga existiendo es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos y supone una afrenta para las miles de víctimas del régimen de Pinochet y para sus familiares.
En el 41 aniversario del golpe militar que instaló al general Pinochet en el poder se anunció la intención de anular la Ley de Amnistía. Ahora, el proyecto de ley que lo hará realidad está en el Congreso.
“Esta ley ha sido una deplorable herencia del régimen militar. Su existencia supone una perdurable fuente de dolor en el país. Al declarar nulo el Decreto Ley 2191 (Ley de Amnistía de 1978), Chile tendrá la oportunidad de resarcir a las víctimas y a sus familias», ha dicho Guadalupe Marengo.
“Casi 25 años después del régimen militar, Chile por fin avanza hacia la reparación de los agravios del pasado. Es una oportunidad que no puede perderse.”
El pasado septiembre, en el marco del 41 aniversario del golpe militar de Pinochet de 1973, el gobierno chileno anunció su intención de tramitar con “suma urgencia” la anulación de la Ley de Amnistía a partir de un proyecto de ley presentado en 2006. El gobierno puso “suma urgencia” a su tramitación en el Congreso el 23 de septiembre, y el día 30 del mismo mes la tramitación pasó a ser de «urgencia simple».
Otros dos importantes proyectos de ley para combatir la impunidad de crímenes cometidos en el pasado que se presentaron al Congreso en 2006 y en 1994 también han sido reactivados.
Uno de ellos pretende reformar el artículo 93 del Código Procesal Penal para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no prescriben y no son susceptibles de amnistía ni indulto. El otro trata de que Chile se adhiera a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968. Amnistía Internacional expresa su satisfacción ante la decisión de dar carácter prioritario a estos proyectos de ley e insta a Chile a que se asegure de que la adhesión a la Convención se lleva a cabo sin formular reservas ni declaraciones que equivalgan a reservas.
