En el norte de Colombia existe una comunidad campesina llamada Tranquilandia: un nombre trágicamente irónico para una tierra que es cualquier cosa menos tranquila. Sus residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares y sus tierras después de que muchos de ellos fueran víctimas de homicidio y desaparición forzada, principalmente a manos de los grupos paramilitares que actúan en la zona.
La historia de Tranquilandia no es ni mucho menos insólita. Casi seis millones de personas han sido expulsadas de sus hogares en Colombia por el conflicto armado interno más largo de Latinoamérica, un conflicto que, durante más de 50 años, ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y los paramilitares con una diversidad de grupos guerrilleros. El número de personas desplazadas equivale al 13 por ciento de la población del país, y sitúa el índice de desplazamiento forzado de Colombia entre los más altos del mundo.
De hecho, la violenta lucha por la tierra –en la que hay mucho en juego– ha sido uno de los rasgos característicos del conflicto. En esta lucha han estado implicados no sólo las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros, sino también una multitud de actores políticos y económicos, desde políticos locales hasta empresas internacionales, que han utilizado el conflicto como medio para lograr, consolidar y proteger sus intereses.
La «cuestión de la tierra» ha sido también uno de los elementos centrales de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC.
Mientras tanto, el conflicto continúa y es la población civil la que sigue soportando la carga de la violencia. Casi 220.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares únicamente en 2013.
Ahora, muchas de esas personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado intentan retornar a sus casas, sólo para encontrar que allí les aguardan el peligro y la muerte.
Amnistía Internacional ha presentado hoy su nuevo informe: Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia. En él se concluye que la gran mayoría de las personas que se han visto obligadas a desplazarse en Colombia, en su mayor parte campesinos y comunidades indígenas y afrodescendientes, siguen sin tener acceso a sus tierras a causa de las graves debilidades del proceso de restitución emprendido por el gobierno.
Desde 2012, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448) ha intentado, al menos en teoría, garantizar el derecho de algunas de las víctimas del conflicto a la reparación integral, lo cual incluye prestarles ayuda para reclamar las tierras que les fueron robadas a muchas de ellas.
Es un paso encomiable. Sin embargo, la realidad impresiona mucho menos.
Amnistía Internacional ha concluido que, pese a la legislación, el gobierno está incumpliendo su deber de proteger y apoyar a muchas de las personas que intentan reclamar la tierra que por derecho les pertenece. Muchas personas no pueden acceder a los mecanismos establecidos para ayudarlas a reclamar las tierras, y muchas de las que intentan retornar se encuentran con que sus tierras y sus hogares han sido destruidos o están abandonados.
Las autoridades tampoco están implementando de manera efectiva muchas de las órdenes dictadas por jueces y magistrados de restitución, como las relativas a la condonación de deudas e impuestos o a la concesión de subsidios para proyectos productivos, con el fin de garantizar que los campesinos pueden retornar a las tierras y permanecer en ellas de manera sostenible.
Otros reclamantes son recibidos con amenazas y homicidios, en su mayoría obra de una diversidad de grupos paramilitares, algunos de los cuales están relacionados con las fuerzas de seguridad y con las élites políticas y económicas regionales y locales.
A final de agosto de 2014, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 35 homicidios de personas aparentemente relacionadas con el proceso de restitución de tierras. No obstante, es probable que la cifra real de homicidios sea mucho mayor. La falta de garantías de seguridad ha provocado que muchas personas no se atrevan a retornar.
Un campesino que fue expulsado de sus tierras, explicaba: “¿Cómo vamos a volver nosotros al terreno cuando los mismos señores que están allá dicen que ellos se la van a desquitar con nosotros? […] Las noticias casi que semanales que mataron un líder de restitución de tierras, o a un campesino que estaba reclamando su tierra».
El peligro es demasiado real. Recuerdo que el año pasado me reuní con un grupo de mujeres que estaban haciendo campaña para reclamar sus tierras en Los Playones de Pivijay, en el norte de Colombia. Estas mujeres tenían derecho sobre aquellas tierras, pero fueron expulsadas de ellas por grupos paramilitares en 1999. Entre las amenazas y la violencia, muchas integrantes de esta comunidad y algunas de sus líderes, incluida Luisa Borrero Celedon, fueron víctimas de homicidio.
Sin embargo, las mujeres llevan desde entonces tratando de retornar. De pronto, el 8 de agosto de este año, una de ellas recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro extremo de la línea le advirtió: “Como te aparezcas por las tierras, te matamos porque ustedes no van a recibir esas tierras». Otras mujeres del grupo han recibido amenazas similares. La intimidación continúa.
Si el gobierno no aborda la grave situación de violencia generalizada contra quienes intentan retornar a sus hogares y contra quienes les acompañan, ni sus políticas ni sus leyes serán más que promesas vanas.
A las amenazas y el miedo se les suma el insoportable tedio de un lento proceso burocrático. Muchas de las personas que se ponen en contacto con las instituciones gubernamentales responsables de la restitución tienen que aguardar años a que les devuelvan sus tierras, y muchas otras ni siquiera obtienen respuesta. A eso se le suma el hecho de que muchas de las personas cuyas tierras fueron robadas ni siquiera tienen derecho a optar a la restitución según las disposiciones de la Ley 1448. Ninguna de las personas cuyas tierras les fueron arrebatadas antes de 1991 tiene derecho a la restitución.
Casi tres años después de iniciarse el proceso de restitución, cuya vigencia es de tan sólo 10 años, sólo se han dictado sentencias de restitución sobre una fracción de los ocho millones de hectáreas que, según se estima, fueron robadas en el transcurso del conflicto armado.
Hasta el 1 de agosto de 2014, las sentencias dictadas por los jueces y magistrados de restitución sólo habían ordenado que se devolvieran a campesinos menos de 30.000 hectáreas. El proceso de devolución de territorios de propiedad colectiva de comunidades indígenas y afrodescendientes ha sido aún más lento: únicamente se ha dictado una sentencia, la relativa a las 50.000 hectáreas del resguardo indígena embera katío del Alto Andágueda, en la municipalidad de Bagadó, departamento del Chocó.
Es más, las autoridades parecen haber estado haciendo caso omiso de los casos difíciles y centrándose por lo general en las restituciones fáciles de poca magnitud.
En muchos casos, las tierras arrebatadas por paramilitares y otras entidades y personas han terminado en manos de grandes empresas tanto nacionales como internacionales, y han sido utilizadas para obtener lucrativos productos como el aceite de palma o para emprender proyectos de infraestructura en gran escala o proyectos petroleros o mineros. A menudo, las familias que retornan al lugar donde deberían estar sus hogares y sus cosechas de subsistencia se encuentran con grandes extensiones de palma, teca u otros productos de la agroindustria.
La prueba real de la eficacia de la Ley 1448 tendrá lugar cuando los jueces y magistrados de restitución hagan frente a poderosos intereses mineros y de la agroindustria.
El año pasado visité la localidad de Aracataca, en el norte de Colombia, para reunirme con la comunidad desplazada de Tranquilandia. La comunidad se vio obligada a abandonar sus tierras hace alrededor de una década.
«No nos pusimos de acuerdo para salir sino fuimos saliendo uno a uno, unos primero, otros después», explicó un campesino. “De 66 parcelas que habíamos en la parte baja, apenas hubo una sola persona que se quedó. Y […] lo mató el ejército […] fue el último, ahí ya no había más gente. Mataron el último».
Pero, pese a todo, pese al vacío y el horror, muchas personas siguen añorando el retorno a su hogar. Desde que se promulgó la Ley 1448, los miembros de la comunidad han estado intentando recuperar sus tierras. “Uno como ya que se va creando como la ilusión otra vez de regresar a lo que uno un día dejó abandonado”, me decía una campesina.
Ahora corresponde al presidente Santos hacer cuanto pueda para convertir estos sueños en realidad, y para devolver su hogar y sus medios de vida a tantas personas en Colombia
