El aumento del número de ejecuciones en Arabia Saudí continúa imparable, con otra decapitación programada para el lunes pasado 25 de agosto, ha afirmado Amnistía Internacional.
La decapitación de Hajras al Qurey fúe la ejecución número 23 en las últimas tres semanas, aunque podrían tener lugar otras ejecuciones el sábado y el domingo. Esta semana la organización ya pidió al Reino la suspensión de las ejecuciones, tras la decapitación de cuatro miembros de la misma familia por “recibir drogas”.
“La ejecución de personas acusadas de delitos menores y sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante tortura se ha convertido en una práctica vergonzosamente habitual en Arabia Saudí. Es absolutamente escandaloso observar el cruel desprecio de las autoridades del Reino por los derechos humanos fundamentales”, ha afirmado Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“El uso de la pena de muerte en Arabia Saudí está tan lejos de cualquier clase de parámetros legales que resulta casi increíble.”
Hajras al Qurey, de 53 años, fue condenado a muerte el 16 de enero de 2013 en la ciudad de Najran, en el sureste del país, por cargos de tráfico de drogas. Fue detenido, junto con su hijo Muhammad, el 7 de enero de 2012 en el paso fronterizo de Al Khadra, en la frontera con Yemen, cuando agentes de aduanas sospecharon que transportaban drogas en su automóvil. Muhammad fue condenado a 20 años de prisión y 1.000 latigazos.
Hajras y Muhammad sostienen que fueron torturados durante los interrogatorios y que se les negó el acceso a representación letrada hasta el juicio. El abogado de Hajras al Qurey se quejó de que la única prueba utilizada por la fiscalía para condenar a su cliente fueron las “confesiones” obtenidas con coacción, pero el tribunal desestimó su queja.
“El hecho de que las personas sean torturadas para que confiesen delitos, sean declaradas culpables en juicios vergonzosos sin recibir apoyo jurídico adecuado y después sean ejecutadas constituye una durísima crítica de la brutalidad aprobada por el Estado en el Reino”, ha manifestado Said Boumedouha.
Desde el final del Ramadán, el 28 de julio, se ha registrado un aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí, con 22 ejecuciones entre el 4 y el 22 de agosto, en comparación con las 17 ejecuciones anunciadas entre enero y julio de 2014.
El lunes 18 de agosto, cuatro hombres –dos parejas de hermanos, Hadi bin Saleh Abdullah al Mutlaq y Awad bin Saleh Abdullah al Mutlaq, y Mufrih bin Jaber Zayd al Yami y Ali bin Jaber Zayd al Yami– fueron decapitados.
Según los informes, los cuatro fueron torturados durante los interrogatorios –con palizas y privación de sueño, entre otras cosas– con el fin de obtener confesiones falsas. Las condenas a muerte se basaron en gran medida en esas “confesiones”.
A las familias se les dijo que dejaran de apelar a organizaciones de derechos humanos para salvar a sus hijos de la ejecución.
“Es evidente que las autoridades tienen más interés en amenazar a las familias de las víctimas para hacerles callar que en poner fin a este grotesco fenómeno.”
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena de muerte viola el derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
La pena de muerte en Arabia Saudí en 10 datos alarmantes
• Más de 2.000 personas fueron ejecutadas en Arabia Saudí entre 1985 y 2013.
• Al menos 22 personas fueron ejecutadas sólo entre el 4 y el 22 de agosto de 2014, más de una al día.
• El uso de la pena de muerte en Arabia Saudí viola el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. A menudo los juicios de casos en los que puede imponerse la pena capital se celebran en secreto y los acusados casi nunca tienen acceso a abogados.
• Una persona puede ser condenada únicamente sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante tortura, otros malos tratos o engaño.
. Delitos no letales, como el “adulterio”, el robo a mano armada, la “apostasía”, los delitos relacionados con las drogas, la violación, la “brujería” y la “hechicería” son punibles con la muerte.
• Tres personas menores de 18 años fueron ejecutadas en 2013, y en los meses transcurridos de 2014 uno ha sido condenado a muerte, lo cual supone una flagrante violación de la Convención sobre los Derechos de Niño.
• En algunos casos no se notifican con antelación las ejecuciones a los familiares de las personas condenadas a la pena capital.
• Los ciudadanos extranjeros representan un porcentaje desproporcionado de las personas ejecutadas, debido en gran medida a las deficiencias de la representación letrada y del apoyo de traducción. Casi la mitad de las 2.000 personas ejecutadas entre 1985 y 2013 eran ciudadanos extranjeros.
• Las personas con discapacidad mental no se salvan de la condena a muerte.
• La mayoría de las ejecuciones se llevan a cabo por decapitación. Muchas tienen lugar en público. En algunos casos, se dejan los cuerpos decapitados en el suelo de plazas públicas con fines de “disuasión”.
