Declaración pública
12 de febrero de 2014
En octubre del año pasado la Corte de Constitucionalidad guatemalteca decepciono todas y todos los defensores de derechos humanos en el mundo cuando pidió que se fundamentaran las razones por las cuales no debe existir amnistía para violaciones de derechos humanos. En esa ocasión Amnistía Internacional comento que al pedir que se fundamentaran una vez más las razones del rechazo a la petición de amnistía del General Efraín Ríos Montt, la Corte provocó – de nuevo – angustia en las víctimas y preocupaciones que a estas alturas del siglo 21 todavía no quedase claro que nunca puede haber amnistía para violaciones de los derechos humanos.
La decisión de octubre se adicionaba a la de mayo 2013, cuando la Corte, en un revés de inmensa magnitud para el respeto a los derechos humanos, eliminó la sentencia por genocidio de cientos de indígenas en contra del General Ríos Montt.
Estas decisiones dejan a cualquier observador preguntándose ¿cuál es el rol de la Corte? Ahora, meses después, una vez más la Corte provoca preguntas similares de aquellos que se preocupan por los derechos humanos. La reciente decisión de acortar el periodo de gestión de la Fiscal Claudia Paz y Paz ha sido cuestionada por muchos al interior de Guatemala, y también por la comunidad internacional.
Los últimos años han visto al Ministerio Publico salir de una letargia en cuanto a investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno como investigaciones de casos ocurridos en la actualidad. Es notable como la CICIG ha reconocido la disminución de la tasa de impunidad. Lo cual es positivo.
Después de décadas sin avance, el MP ha presentado casos por masacres, desapariciones forzadas, genocidio y crímenes de lesa humanidad y contra el crimen organizado que actualmente abate Guatemala. El desempeño del Ministerio Publico es lejos de ser perfecto, pero investigar y presentar casos es un primer e imprescindible paso para obtener justicia.
Amnistía Internacional considera que lo importante aquí es recordar que existieron 200,000 víctimas del conflicto incluyendo unas 45,000 víctimas de desaparición forzada. Guatemala tiene una deuda pendiente en materia de justicia.
Es crucial que los esfuerzos para obtener justicia sigan. Independientemente de que si a la actual fiscal le es permitido terminar su periodo o si es reelecta para un segundo periodo, el MP debe seguir investigando y presentando casos. Desde Amnistía Internacional esperamos que esta última decisión de la Corte no marque una reversa y sufran los derechos humanos de todos y todas en el país.
